LAS LEGULEYADAS ARRIESGAN LA DEMOCRACIA
En el receso navideño para reflexionar sobre el año que pasó y hacer propósitos para el Nuevo Año, debemos insistir en la importancia de salvaguardar el cese al fuego sin que por ello se justifiquen los múltiples atropellos al Estado de Derecho que vemos “in crescendo”.
Ni las Farc, ni el Gobierno, ni ningún propósito sublime como el de la paz, pueden poner contra la pared a la democracia colombiana y la separación de poderes. Debemos asumir como propósito nacional la defensa institucional.
Al fallo de la Corte Constitucional, complaciente con el Ejecutivo y su Acuerdo con las Farc, ahora se suma el fallo del Consejo de Estado. Respecto del fallo de la Corte, es por lo menos una falta de respeto con el país iniciar la vacancia judicial sin darle la publicidad debida al texto completo de la sentencia. En efecto, seguimos con un simple comunicado interpretando lo que decidió la Corte, pues allí nadie está trabajando y el único que dijo haber conocido el texto fue el ministro del Interior.
La salvaguarda de la Constitución y la credibilidad en las instituciones, hacen indispensable un Poder Judicial independiente que se manifieste a través de fallos de público conocimiento y no a través de su entrega privilegiada al Gobierno Nacional. Según el comunicado, la Corte reconoce el requisito de la refrendación popular como condición para la entrada en vigencia del Acuerdo con las Farc, pero el súbito reconocimiento al mecanismo del fast track o vía rápida, deja dudas sobre el respeto institucional por la voluntad popular expresada en las urnas mediante el NO al plebiscito del 2 de octubre.
En cuanto al fallo de antier de la Sección Quinta del Consejo de Estado, descalifica a los casi 6,5 millones de colombianos que votaron negativamente al plebiscito, con el argumento de que fueron engañados por uno de los múltiples promotores del NO. Sin competencia para ello, el Consejo de Estado asume una función de la Corte Constitucional y deja vigente el Acto Legislativo 01 de 2016, decretando unas medidas cautelares para ordenar al Congreso la urgente implementación del Acuerdo. ¿Por qué tanto afán?
El Consejo de Estado no puede anular la decisión del constituyente primario partiendo del supuesto de que hubo fraude al elector y dejando sin efecto el plebiscito, pues no es cierto que los argumentos que llevaron a que ganara el No fueran mentirosos.
En nuestro caso, hicimos pedagogía sobre el Acuerdo a través de las redes y muy a pesar de la posición de los congresistas conservadores, hicimos junto al expresidente Pastrana una campaña del NO conservador con argumentos sólidos sobre lo inaceptable de incorporar el acuerdo al bloque de constitucionalidad. También expresamos que era una señal equivocada que cualquier responsable de delitos de lesa humanidad pueda ser elegido en las corporaciones públicas o la Presidencia de Colombia, sin haber tenido ni un día de reclusión efectiva como lo exige el Tratado de Roma.
Compartimos la insistencia del Gobierno y los voceros de las Farc sobre la necesidad de contar con seguridad jurídica. Ese es un principio del Estado de Derecho, pero nuestras instituciones con el pretexto de la paz, están haciendo exactamente lo contrario.
A punta de leguleyadas no solamente no tendremos paz, sino adicionalmente tenemos el riesgo de no tener democracia. Abundan ejemplos en el vecindario....