Las peras y las manzanas (podridas)
Mi columna anterior (“Teorema”) generó incomodidad en un par de lectores puesto que al recapitular algunos hechos violentos que enlutan la historia del Urabá antioqueño, mencioné los autores de un crimen y omití los de otro.
Respetados lectores: la omisión fue absolutamente intencional. Dentro de mi argumentación era preciso destacar que en el pasado la región no solo sufría el abandono del Estado sino que, además, fue víctima de hechos criminales con la participación de agentes estatales.
¿Por qué cité la complicidad de la Brigada XVII del Ejército en la matanza en la comunidad de paz de San José de Apartadó y omití que La Chinita es atribuida al V frente de las Farc?
Porque las Farc no representan al Estado colombiano, mientras que el Ejército sí lo hace. Porque las Farc no son garantes del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos colombianos, el Estado sí lo es.
Ningún crimen es justificable. Al margen del bando o procedencia de sus ejecutores, los asesinatos traen consigo consecuencias parecidas: desgarramientos, familias destruidas, miedo, cicatrices espirituales...
Pero, ¿son igualmente graves los crímenes perpetrados por grupos al margen de la ley y aquellos en que se comprueba la implicación de las Fuerzas Armadas? Claro que no. Es obvio: ¡los segundos son más delicados!
¿Es lo mismo descubrir al papá robando que a un vecino cualquiera? No, porque el padre representa la autoridad. El Estado (y el Ejército como su extensión) es una figura de autoridad para la ciudadanía. Debe ser modelo de acción. No sobra recordar el artículo 217 de la Constitución: “... Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. No se trata de un “padre” por azar de la naturaleza, sino de uno elegido en las urnas. Difícil imaginar cuál panorama es peor: que un mandatario ignore la existencia de acciones criminales del Ejército o que las conozca.
Sigamos. Nuestros impuestos sostienen al Ejército; refiriéndonos específicamente al caso de San José de Apartadó, patrocinamos el trasporte, los uniformes, el alimento de los perpetradores. Las armas asesinas salieron de nuestro bolsillo.
El efecto, lógico, es la pérdida de la confianza en nuestras instituciones. Insisto en el símil: si no se tiene fe en el padre...
No confundamos las peras con las manzanas. Y menos con las podridas.
No todos los miembros del Ejército son corruptos: ¡jamás lanzaría semejante generalización! Por supuesto, existen héroes honestos que arriesgan su vida por los colombianos, que cumplen a cabalidad con su mandato constitucional. A ellos y sus familias les debemos agradecimiento, respeto, admiración. Honra permanente.
No obstante, cuando un integrante de las Fuerzas Armadas (o de cualquier órgano del Estado) participa en una acción ilegal, su proceder excede en gravedad al de cualquier otro autor material o intelectual. Las razones se extienden, no así el espacio de esta columna.