las responsabilidades políticas

Por FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

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El telón de fondo de la situación política actual es la tremenda crisis económico-financiera en la que los gobiernos del Partido de los Trabajadores hundieron al país.

En resumen retórico y exagerado: la Tesorería quebró.

Hay un endeudamiento acelerado por el alto costo de la deuda federal (más de 14 por ciento de interés al año, sobre una deuda de más o menos 3 billones de reales) y por la expansión del gasto corriente en todos los niveles. Ese hecho hizo que los gobiernos estatales litigaran la renegociación de sus deudas con la Unión en términos peligrosos para el conjunto de las finanzas públicas del país.

Además de eso, solo la empresa estatal Petróleo Brasileño, Petrobras, debe más de 500 millones de reales y necesita ser capitalizada. Fuera de las deudas no reconocidas, están los “esqueletos”, de la Caja Económica, del sector eléctrico, etcétera: frutos de la pésima gestión y de la irresponsabilidad fiscal.

Y es con este telón de fondo como el Congreso está votando la orden de impugnación del mandato de la presidenta Dilma Rousseff.

¿Es constitucional derribar a una presidenta porque es mala administradora y perdió la popularidad? No. Pero no es eso de lo que se trata. Se trata de que, sí, hubo un “crimen” de responsabilidad, seguido de un brutal debilitamiento político del gobierno.

¿En qué consiste ese crimen de responsabilidad? En que la presidenta utilizó los bancos públicos para ocultar la verdadera situación de la república y en que autorizó gastos sin la aprobación del Congreso.

Puso en riesgo la credibilidad del gobierno ante el “mercado” y, peor, ante el pueblo, que es el que está pagando las bravatas financieras con el desempleo, la inflación y la falta de crédito.

Algunos alegan que la acusación actual es irregular porque las “pedaladas” fiscales (maniobras contables para dar la impresión de que se recaudaba más de lo que se gastaba) se dieron sobre todo en el primer mandato de Rousseff y habrían sido practicadas también por otros presidentes. Pero en esos casos, hubo apenas breves retrasos en el traspaso de una pequeña cantidad de recursos de la Tesorería a los bancos. En el caso del gobierno actual, los atrasos se acumularon a lo largo de más de un año, alcanzando la cifra de casi 60.000 millones de reales.

Habiendo una impugnación, se espera que el vicepresidente asuma la responsabilidad histórica que le toca: unificar al país en torno de un programa de “emergencia nacional”, que dé posibilidades reales de que vuelva a crecer la economía.

El nuevo ministerio necesita tener crédito ante la opinión pública y no solamente ante el Congreso. Le corresponde al presidente elegir a su equipo, así como les toca a los partidos, especialmente al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no participó en la antigua base gubernamental, presentar una agenda indispensable para el momento y, si fuera el caso, refrendar la selección de ministros que pertenezcan a sus filas.

Es natural que cada partido evalúe las consecuencias de sus decisiones sobre la sucesión de 2018. Pero lo esencial es que los partidos que llegaran a apoyar al gobierno se preocupen por la viabilidad y la urgencia de las soluciones que el país exige para salir de la crisis.

Para ingresar en un gobierno que no sea el suyo, el PSDB debe hacerlo con base en compromisos claros, que serían asumidos por el nuevo presidente: no interferir en las investigaciones del caso Lava Jato (un plan de lavado de dinero ilícito), dar pasos inequívocos en la reforma político-administrativa, recrear las condiciones del crecimiento del ingreso y del empleo y no solo mantener sino mejorar las políticas sociales.

Si no se cumplieran los compromisos, el PSDB debería dejar el gobierno de la misma manera en que hubiera ingresado: explicando las razones de su decisión. El gobierno que viniera después de la impugnación no sería del PSDB ni deberá ser monopolio de ningún partido, sino una emergencia nacional. En caso contrario se correría el riesgo de naufragio.

Es hora de que cada partido y cada líder asuman sus responsabilidades ante la nación.