LAS TAREAS DEL FISCAL
Culminado el espectáculo mediático presidencial, con su irrespetuosa e innecesaria convocatoria pública para escoger a los integrantes de la terna para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, que concluyó este lunes con la cantada escogencia del cuestionado Néstor Humberto Martínez Neira, cabe señalar algunas de las prioridades en la gestión del electo si es que quiere salir airoso en su administración.
Su primera misión es recuperar la credibilidad de los ciudadanos en un ente del todo desprestigiado; él, que es un político, tiene que desburocratizarlo y prescindir de las “corbatas” para vincular funcionarios idóneos que amen su oficio. El Fiscal no puede ser un personaje de farándula ni pretender gobernar al país como su antecesor.
Así mismo, su segundo encargo, es poner en marcha la carrera fiscal para proveer las plazas con los mejores candidatos después de un concurso de méritos serio y objetivo; no un remedo para encubrir prebendas, compromisos con los electores y corruptelas.
Además, esa es su tercera tarea, como ese ente está arruinado después de escandalosas contrataciones y pésimas inversiones de los recursos públicos anteriores (¡recuérdese la Universidad de la Fiscalía!), a lo que se suman las más de quince mil demandas por vías de hecho e irregularidades cometidas durante todos estos años (por ejemplo: el aberrante caso de Sigifredo López) que cuestan 21 billones de pesos, el ungido tiene que sanear las finanzas de la entidad y administrar cada peso del presupuesto con decoro, sin excesos ni suntuosidades, sin derroches; la lucha decidida contra la corrupción es necesaria e imperativa.
También, como cuarta labor, debe velar por la introducción de un sistema de investigación y juzgamiento de verdad acusatorio, no uno que no juzgue a casi nadie porque poco tiene de sistema y de acusatorio; un patrón de investigación democrático y respetuoso de los derechos ciudadanos, que vaya de la mano de los dictados de un derecho penal liberal, como exige el ordenamiento constitucional. Como es obvio, ello demanda herramientas legales idóneas, recursos materiales y humanos como ya se dijo, pero sobre todo voluntad política de hacer las cosas bien. ¡He ahí la importancia de que se hubiera elegido para dicho cargo a un conocedor del Derecho penal y del funcionamiento de la administración de justicia!
Su quinto quehacer, es cumplir el mandato del artículo 250 de la Constitución (“3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”) y poner en marcha, de una vez por todas, una policía judicial técnica, unificada y preparada, para ponerla al servicio de la investigación penal; con la dispersión actual, pues todo el mundo puede cumplir esas funciones (incluidos los bomberos), es impensable que las investigaciones en Colombia caminen por los senderos del éxito.
De igual manera, como sexta misión, tiene que administrar muy bien a ese gigantesco aparato; y, por supuesto, está llamado a liderar la administración de justicia penal, máxime que después de entregarle las riendas del Estado a uno de los grupos más criminales de la historia reciente —recuérdese: antes fue a los paramilitares—, se empieza a construir un país desconocido del cual también forma parte la Fiscalía.
En fin, añádase: el Fiscal está obligado a luchar a brazo partido contra la impunidad y el facilismo; ha de ser un líder actuante, no un oscuro jefe de escritorio, que vaya a las regiones y batalle al lado de sus delegados, de tal manera que con su carisma se granjee el afecto de sus subordinados y del país entero.
Esos son los retos que tiene Martínez Neira para edificar la Fiscalía General que quieren la Constitución y la ley quien, a partir de los despojos actuales, les tiene que garantizar a todos los asociados el derecho a una administración de justicia digna, recta e imparcial, y, por supuesto, el legítimo acceso a la misma.