Columnistas

28 de enero de 2018

Al igual que otros jóvenes investigadores de posgrado, Evelyn Valdez-Ward ya tiene el plato colmado. Como estudiante de ecología en la Universidad de California, campus Irvine, ha estado realizando experimentos de campo y buscando fondos para su investigación. Pero, sobre todo, le preocupa si podrá quedarse en Estados Unidos. “Mi primer año ha sido un torbellino”, dice. “Además de lo difícil que es el posgrado, Trump ganó las elecciones”.

Su futuro depende de un programa del gobierno de EE. UU. que el presidente Donald Trump ha tratado de cancelar. Conocido como programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por su sigla en inglés, protege a cerca de 800.000 personas de la deportación, todas ellas llevadas a Estados Unidos de manera ilegal durante la niñez. En septiembre pasado, Trump se movilizó para dar fin al programa, lo que generó una oleada de demandas legales. El 9 de enero, un juez federal en San Francisco, California, ordenó al gobierno continuar con el DACA mientras uno de los casos en la corte procede.

Eso no es un gran consuelo para Valdez-Ward. “Hay una gran cantidad de ansiedad e incertidumbre”, dice. “Si el DACA expira, no habrá manera de que termine mi doctorado. Perdería todo”.

Para inscribirse en el DACA, los migrantes deben comprobar que llegaron a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años y que tienen un diploma de preparatoria o están estudiando para obtenerlo, entre otros requisitos. Aquellos a quienes se otorga el estatus DACA deben solicitar su renovación cada dos años. Sin esas protecciones, los jóvenes migrantes indocumentados están en riesgo de ser enviados a países de origen que quizá no recuerden y cuya lengua tal vez no hablen.

Las acciones de Trump del año pasado para terminar con el DACA generaron demandas legales por parte de 19 estados y Washington, entre otros demandantes. El caso que finalmente llevó al juez federal William Alsup a ordenar la reinstalación del DACA fue interpuesto por el sistema de la Universidad de California, que calcula que cerca de 4000 de sus estudiantes están en el país sin documentos, y señala que muchos de ellos son probablemente elegibles para el estatus DACA.

Además de la confusión por el futuro del DACA, Trump y los líderes en el Congreso de EE. UU. están tratando de negociar una legislación para reformar las políticas migratorias, lo que podría poner fin al DACA. El 11 de enero, un grupo de seis senadores demócratas y republicanos anunciaron un compromiso que les daría a los beneficiarios del DACA un camino hacia la ciudadanía al tiempo que respaldaría la seguridad fronteriza, pero Trump rechazó el plan.

“El llamado acuerdo bipartidista sobre el DACA que me presentaron ayer a mí y a un grupo de senadores y congresistas republicanos fue un gran paso atrás”, tuiteó el 12 de enero Trump.

Los casos en curso en las cortes podrían determinar el futuro a corto plazo del DACA, pero su destino final está en manos del Congreso, dice Michael Olivas, director del Instituto para la Ley y el Manejo de la Educación Superior de la Universidad de Houston en Texas. Para los beneficiarios del DACA, esa incertidumbre es algo conocido. “Han sido chivos expiatorios, se ha regateado con ellos y han sido marginados de maneras políticamente repugnantes”, dice Olivas.