LOS CIEN DÍAS Y LA POLÍTICA CRIMINAL
Mal librada sale la política criminal del Estado durante los primeros cien días de gobierno de la nueva administración. Para la muestra varios botones: El actual mandatario ha avalado, en público, las propuestas para introducir en el ordenamiento la cadena perpetua para delitos como la violación y el homicidio de menores; así lo hizo el pasado nueve de octubre a raíz del vil asesinato de la niña Génesis Rúa en Fundación, Magdalena, cuando invitó a debatir sobre el asunto: “Yo estoy a favor de que Colombia tenga esta sanción”.
Ya lo había planteado también en sus 203 propuestas de campaña (¡un manual para un país como el de Alicia!): “88. Buscaremos instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores”; o sea: lo importante es que estas penas infamantes existan, no que se apliquen de verdad y haya efectiva persecución penal cuando la impunidad es del 99 %.
Además, para hablar del tema de la persecución de las drogas ilegales (¡y él todavía no sabe qué va a hacer!), es notoria su directriz de perseguir a los consumidores mas no reprimir a los productores y distribuidores; por eso, es un retroceso y un oso el decreto por medio del cual se ordenó incautar las dosis personales. Olvidó que en esta materia es perentorio hacer énfasis en conductas como la de suministro a menores y a deportistas que se deben perseguir con mano dura, pero no por policías infectos, porque ellas –así se optara por un modelo de legalización progresiva, que es el más aconsejable para acabar con el negocio edificado por mafias que han suplantado al propio Estado– nunca podrán ser permitidas.
También, el repetitivo paquete de medidas para combatir la corrupción –incluidas las de orden penal– muestra una gran desorientación y la total falta de coherencia en estos asuntos; esa es una de las razones por las cuales los proyectos respectivos no tienen acogida en un Congreso ávido de prebendas, incluidas sus propuestas encaminadas a impulsar el gran “Pacto de Cero Tolerancia a la Corrupción y Falta de Transparencia” (Nos. 31 y 38, de su plataforma).
Añádase la cantinela en cuya virtud se debe criminalizar la protesta social que ha tenido en uno de sus ministros el más feroz adalid. Por supuesto, y en esto nadie se debe llamar a engaños, es necesario perseguir a los vándalos que quieren sembrar el caos, pero lo que no se puede permitir es que todo estudiante, trabajador, asalariado, camionero, madre de familia, etc., que salga a las calles a protestar de forma pacífica sea tratado como un delincuente, cosa que suelen hacer las dictaduras.
También, debe mencionarse el respaldo a la modificación constitucional del artículo 230, para introducirle un parágrafo mediante el cual el precedente judicial se torna en la fuente por excelencia del Derecho, como lo propuso en el punto quince de su plataforma. Con ello, se legitima lo que hoy sucede: los supremos jueces en materia penal (que se creen magistrados anglosajones, porque así lo ordenan ciertos mediocres autores nacionales) sientan “jurisprudencia” para que sus inferiores puedan ser criminalizados como prevaricadores, si no la aplican. Por supuesto, si se aprueba ese proyecto será necesario reformar toda la carta fundamental porque el sistema de fuentes resulta afectado de manera grave y el modelo de Estado asumido deberá ser otro.
Al mismo tiempo, el gobernante presentó un proyecto de acto legislativo para hacer realidad su propuesta tres: “Prohibiremos en la Constitución la existencia del narcotráfico como delito político conexo. El narcotráfico no podrá ser un delito amnistiable en Colombia”; sin embargo, esa iniciativa que fue aprobada en primer debate en la Cámara el dos de octubre tampoco ha suscitado mucho interés.
Así las cosas, entre otras herramientas, el gobierno trata de presidir este escenario caótico escudado en el populismo punitivo, esto es, lo que Jonathan Simon llama de forma acertada “gobernar a través del delito”.