LOS SOMETIMIENTOS A LA JUSTICIA
No cesa la cascada de normatividades para la reincorporación de las bandas organizadas durante los últimos treinta años (carteles de la droga, M-19, EPL, AUC, Farc, ERPAC, etc.); algo es común a todas ellas desde la Ley 77 de 1989 y el Decreto 2047 de 1990: la renuncia total o parcial al ejercicio de la potestad punitiva del Estado y la concesión de gabelas a cambio del “sometimiento” de los actores criminales armados. Por supuesto, hasta dónde lleguen esos “beneficios” depende de diversos factores: poder de intimidación, capacidad negociadora, antesalas que se hagan, y posibilidad de “convencer” a las figuras políticas que toman esas decisiones, etc.
Añádase que los respectivos procesos fueron precedidos de campañas bien orquestadas para manipular a la opinión pública y ambientar las propuestas, valiéndose de los medios de comunicación masiva. En la época de Uribe, por ejemplo, se trató de convencer al país de que los “paras” (también, como para endulzar la píldora, se habló de “los guerrilleros”) no eran delincuentes comunes sino “sediciosos” castigables con las penas propias de la rebelión, como dijo el inexequible artículo 71 de la Ley 975 de 2005.
Los conductores de las Farc aprendieron la lección y, con una calculada estrategia publicitaria e intimidatoria, cuando no secundados por el sombrío presidente de la República y sus genuflexos aduladores (“¡si no se hace lo que decimos habrá guerra!”), lograron lo que sus antecesores no: de la noche a la mañana, se convirtieron en rebeldes herederos de la gesta libertaria comunera y bolivariana y hasta introdujeron una “jurisdicción especial” -acompañada de anómalas figuras denominadas “amnistías” “lo más amplias posibles” para el grueso de sus tropas- diseñada para condenar a penas privativas de libertad a sus adversarios y a exonerar a sus líderes de sus gravísimos crímenes de lesa humanidad (a lo sumo se habla de sanciones simbólicas).
Pero la presencia de esas incoherentes políticas criminales de sometimiento continúa. Para la muestra el aprobado proyecto de ley No. 198 de 20 de marzo de 2018 Senado (también tramitado en la Cámara y en cumplimiento de lo ordenado en el “Acuerdo Final”), “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”, presentado pero no confeccionado por el saliente ministro de justicia; ese cuerpo legal, después de algunos tropiezos previos, salió airoso y acaba de ser enviado para la sanción presidencial.
Desde luego, si se compara esta normativa con el ordenamiento de las Farc, las diferencias saltan a la vista: mientras esta organización logró la impunidad para sus “delincuentes políticos” que fueron premiados con cargos de representación popular, amén de un montón de gabelas que un Estado quebrado no podrá cumplir, los miembros de aquellas otras bandas criminales no obtuvieron nada significativo; las rebajas punitivas allí previstas son similares a las actuales (hasta del 50% de la pena imponible y apenas un 30 % en tratándose de delitos de lesa humanidad y asimilados); no hubo, pues, estatus político (¡y no podía haberlo!) ni mercedes de la “justicia transicional”.
Eso sí, brillan por su ausencia los mecanismos para hacer efectiva la reparación a las víctimas (siempre burladas e instrumentalizadas) y casi nada se dice sobre la incautación y entrega de bienes, de la verdad y de la no repetición, etc. No obstante, con evidente quite al principio de unidad de materia, la ley se empleó para modificar los códigos penales en asuntos muy precisos que merecen un análisis independiente. En síntesis: muy poco se hizo para crear favores legales que -de verdad y sin renunciar al ejercicio del poder sancionatorio- garantizaran la “rendición” de tales actores armados; por el contrario: bastante se endurecieron las penas y el tratamiento procesal, incluida la posibilidad de extraditar. El balance es, entonces, negativo: mucho garrote y poca zanahoria; algo contrario a lo que sucedió con las Farc: mucha zanahoria sin garrote.