MAL COMIENZO
No arranca bien el futuro gobierno de Iván Duque en materia de Justicia y, en especial, en el ámbito de la política criminal; su anuncio, en cuya virtud convocará a un costosísimo referendo con el fin de impulsar la cadena perpetua para violadores de niños como lo prometió durante la campaña electoral, es una clara muestra de ello. En otras palabras, él les apuesta a las concepciones más retrógradas en el ámbito del derecho penal; a esas para las cuales al mal del delito le debe suceder el mal de la pena, una sanción que nunca resocializa para destruir al ser humano y tornarlo no apto para la convivencia. Por ningún lado asoma la prevención como herramienta para combatir el crimen.
Así las cosas, con esos planteos se arrincona el contenido de la Constitución Política cuando en su artículo 12 dice que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; tampoco interesa que, según el artículo 1° de la misma, Colombia se constituya en una república “fundada en el respeto de la dignidad humana”, o que el artículo 34 prohíba la cadena perpetua. Y, añádase, se invita a hacer tabula rasa con el artículo 4° del Código Penal cuando señala los fines de la pena, del derecho penal, y las bases de la política criminal en un Estado social y democrático de derecho: “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.
Ese programa constitucional en materia del derecho penal (reproducción de los pactos mundiales de derechos humanos incorporados a la Carta Fundamental por vía del bloque de constitucionalidad, porque según el artículo 5° constitucional “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”), se tira por la borda para cumplir lo pactado con algunos politiqueros que, en su momento, fueron liderados por Gilma Jiménez, para quienes el derecho penal es solo un instrumento electoral y su bandera el populismo punitivo. A esos que le venden a la comunidad la idea de que con la cadena perpetua (otros abogan por la pena de muerte que se aplica de facto casi todos los días) se erradicarán los monstruosos delitos que afectan la integridad, la formación y la libertad sexuales de los infantes.
Sin embargo, los defensores de esas corrientes tiranas no dicen qué hacer con la impunidad reinante, la falta de persecución penal, la anomia o la pérdida de los valores que aseguran la convivencia; ellos, en vez de abogar porque las elevadas penas ya existentes se apliquen de verdad y esos graves crímenes se prevengan, proclaman que la prisión de por vida tiene el poder purificador de acabar con tales comportamientos desarreglados. Y, por supuesto, con ese canto de sirenas se abre una senda despótica similar para otros comportamientos como el homicidio, el consumo de drogas, la oposición política, el hurto callejero o la vagancia, etc.
Eso sí, no buscan endurecer más las condenas para grandes delincuentes: traficantes de drogas; corruptos saqueadores del erario; depredadores del medio ambiente, con prácticas como la contaminación a gran escala o la minería ilegal. De hecho, estos días se expidió una ley especial para las bandas criminales que les rebaja las penas hasta la mitad (algo ya previsto) y les brinda un tratamiento penitenciario especial si se “someten” a los dictados de la misma. Y, por supuesto, a este ritmo tampoco se anuncia la cadena perpetua para los criminales de Estado, de guerra o de lesa humanidad, algunos de los cuales no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa (recuérdese lo sucedido con las Farc). En fin, ahora queda muy claro que no se le apuesta a una política criminal democrática sino a una autoritaria.