Me mataron muchacho, me mataron
“Me mataron muchacho, me mataron”. Fue lo último que dijo el indígena Manuel Tumiñá, después de que las balas de la guerrilla le perforaran su cuerpo. Antes, Daniel Colcué, otro miembro de la guardia indígena había caído abatido por los mismos guerrilleros. Ellos lo único que buscaban era quitar una valla de la guerrilla en la que se conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de “Alfonso Cano”.
Los tiros que los mataron podrían haber sido recibidos por cualquier colombiano con derecho a rechazar el actuar de la guerrilla, que se cree dueña de territorios hasta para hacer propaganda, como si fuera un anunciante publicitario. Esta pareja de indígenas nasa solamente buscaba el respeto ancestral por sus tierras y su lucha por la autonomía de sus territorios, de sus resguardos. Bajar la valla era decirle a la guerrilla “señores, no le metan cucarachas en la cabeza a nuestra gente”. Nelson Colcué, el hijo de Daniel simplemente atinó a decir: “Cómo le disparan a mi papá que no llevaba armas. Le dispararon desde cerquita sin posibilidad de defenderse; son unos cobardes”. Contundente.
Entonces los indígenas se ampararon en el derecho que tienen a la autodeterminación de los pueblos, como está consignado en la Constitución (esa misma que la guerrilla quiere cambiar a su favor). La minga indígena capturó a los guerrilleros y les aplicó su justicia jurisdiccional por medio de un juicio abierto, donde toda la comunidad definió una condena a penas de 60 y 40 años de presión, además de latigazos de castigo. Actuaron con una efectividad inusual en un país donde la justicia se mantiene en crisis.
Viene lo más inverosímil del asunto. Las Farc justificaron el asesinato (¿desde cuándo se justifica un asesinato?) y adujeron “una actitud incomprensible” por parte de la comunidad nasa que quería apoderarse de las armas. Se ofendieron porque a los guerrilleros que se equivocan los deben juzgar ellos mismos y nadie más. Mejor dicho, un yo con yo. Mientras todo un país se indignó, ellos se hicieron las víctimas. “Es evidente que ese tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia”, escribió “Timochenko”, el jefe de las Farc. Se los pongo de otra forma: es como si en el atentado de El Nogal la culpa la hubieran tenido las víctimas por haber estado en ese sitio a la hora de la explosión, porque la Farc tenían el legítimo derecho a poner la bomba.
El Gobierno ha sido pusilánime con estos hechos. Se quedó en simples respuestas protocolarias de rechazo. Muy mal hecho lo que les hicieron a los indígenas, dijeron. Sonó como a un “pao-pao”, a pelita de niña a muñeca. Claro, es bastante contradictorio salir a templar a las Farc luego de que Santos se la pasó diciendo en Europa que la guerrilla tiene compromiso, seriedad y buena fe. Confirmado una vez más: el margen de maniobra del Gobierno frente a las Farc es mínimo, dejando entrever también que las reglas las están poniendo los guerrilleros.
En La Habana marcha un nuevo ciclo de conversaciones. El punto central es el delito político y sus conexos. Empieza a oler a un amparo con penas alternas, cortas por demás. Traducción entre líneas: la puerta quedará abierta a echarle tierra a la lista de atrocidades que ha cometido la guerrilla, que si este Gobierno no se ha dado cuenta, pues son muchas, entre las cuales hay que adicionar el asesinato de estos indígenas.