Mercados ilegales y corrupción
El sentido común indica que la mejor forma de combatir los mercados ilegales es fortaleciendo la capacidad de las instituciones de policía y promoviendo el cumplimiento de la ley en las zonas calificadas por economías ilegales. La receta parece clara y simple. En la práctica, desafortunadamente, puede enfrentar muchas complicaciones.
Los mercados ilegales, como cualquier manifestación económica, necesitan seguridad y protección. No son caóticos; como toda actividad comercial, están sujetos a un marco regulatorio que debe brindar certeza a las transacciones y amenazar sanciones frente al incumplimiento de lo pactado. La violencia se erige como recurso predilecto de regulación.
El sentido común conduce a suponer que los mercados ilegales se consolidan en lugares donde las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están ausentes. Esta proposición puede ser cierta, pero no lo es necesariamente. De hecho, los estudios empíricos señalan que los mercados ilegales afloran y se afianzan en lugares donde las autoridades cuentan con la capacidad real para hacer cumplir la ley. Aunque resulte como un contrasentido: las economías ilegales se sostienen, en parte, por las relaciones que logran tejer con las autoridades de policía y otras encargadas de hacer cumplir la ley. Las autoridades, por lo general, no son las que se ocupan directamente de promover el orden ilegal, pero, con su omisión, lo determinan.
Existen algunas realidades nacionales calificadas por estados fallidos en las que los mercados ilegales se apoderan de la regulación de todos los asuntos de las comunidades. En estos contextos, los mercados ilegales se implantan y se estabilizan, sustituyendo al poder y ejerciendo el monopolio de la coerción. En el mundo de hoy, este tipo de situación es excepcional; en nuestro continente, por lo general, ausente.
En el hemisferio occidental, los mercados ilegales coexisten en las distintas jurisdicciones con las formas de regulación legal y con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Es justamente la capacidad oficial de hacer cumplir la ley la que conduce a que las autoridades se involucren en esquemas de corrupción que brindan protección a las economías ilegales. Los sobornos consiguen su inacción calculada.
Si las autoridades no representan una amenaza real de combate a la ilegalidad, los promotores de los mercados ilegales harán lo suyo sin necesidad de entrar en relación con ellas. El riesgo de relacionamiento y, por ende, de corrupción incrementa en la medida en que crece la capacidad de las autoridades de hacer cumplir la ley. Entre mayor capacidad de exigir cumplimiento y de amenazar sanción, más centrales se tornan las autoridades para la operación de los circuitos ilegales y, por lo tanto, más propensas son estas a las garras de la corrupción.
La lección aprendida es sencilla, pero comúnmente ignorada: como complemento al fortalecimiento de la función de policía en contra de las economías ilegales es necesario fortalecer los mecanismos de control que combatan la amenaza de corrupción que se deriva del incremento de la capacidad estatal de exigir el cumplimiento de la ley.
Obviamente, el control debe fijarse sobre los actos abiertamente ilegales que buscan favorecer al crimen organizado. Además –y quizás más importante por ser la manera más común y menos perceptible de apoyar a los aparatos criminales– el control debe concentrarse en la omisión de las autoridades. En contextos de mercados ilegales, la omisión es tan corrosiva del Estado de derecho como lo es la acción criminal abierta y directa.