Misión ¿posible?
Sigamos leyendo juntos los acuerdos de La Habana.
No coincido con Héctor Riveros ni con Antonio Caballero cuando afirman que leer los acuerdos es enredarse: el ciudadano responsable debe leerlos para entender el compromiso que asume en la urnas (y después reclamar si es el caso) y, sobre todo, para protegerse de las mentiras.
¿Si no entiende? ¡Pregunte! Durante los últimos meses, expertos como Rodolfo Arango, Juan Carlos Henao, Rodrigo Uprimny, César Rodríguez, Jorge Giraldo, Francisco Barbosa o Gustavo Gallón, han permanecido alerta a la coyuntura con sus interpretaciones y lecturas. Medios independientes como La Silla Vacía o Razón Pública publican análisis permanentes.
Algunos partidarios del “sí” se definen como pragmáticos que solo buscan desarmar a las Farc. Los mandos de la organización guerrillera, sin duda, quieren voz política. Nadie negocia a cambio de cárcel ni mucho menos para quedarse callado.
Babas por balas. Quitarle la “a” a las Farc, como escribió Caballero en su columna anterior... llámenlo como quieran.
El segundo punto es, para las Farc, el “corazón” de los acuerdos.
El numeral 2.3.3.2 anuncia la Misión electoral especial conformada por expertos de la Misión de observación electoral (MOE), y de organizaciones como el Centro Carter, los departamentos de Ciencias Políticas de las universidades Nacional y Los Andes, y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. En un plazo de seis meses presentará sus recomendaciones de buenas prácticas electorales.
“Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios” (2.3.4). Aunque los acuerdos no estuvieran de por medio: la Misión electoral especial es fundamental para Colombia. Y si se le otorga la trascendencia que merece como mecanismo para sanear nuestro sistema democrático es el augurio de un nuevo país.
A través de la Misión, la reforma del régimen y de la organización electoral atacaría desde su germen al peor de los males que padece Colombia: la corrupción política. Su eficiencia devastadora (carcome, roba, asesina en silencio) siempre logra hacernos creer que la problemática nacional es ajena a las urnas.
¿Logrará la Misión destronar al bulto de cemento y al tamal? ¿A la vulnerabilidad del electorado ante los delfines, ‘gatas’ y ‘gaticos’, caciques, kikos gómez? ¿Destronará a la intimidación –armada o discursiva– como dispositivo electoral?
Por otra parte, el capítulo de participación política genera algunas dudas operativas (punto 2.2.2) en cuanto al “fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades” para el tratamiento de la protesta social. ¿Acaso el poder conferido a las autoridades en el recién aprobado Código de Policía no va en contravía de esa promesa?
Finalmente, es necesario precisar detalles sobre la “cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz” (2.2.4). Si dicha iniciativa trascendiera a instituciones educativas públicas y privadas, requeriría de una participación rigurosa de los padres de familia (que idealmente deberían ser académicos en Humanidades: Derecho, Ciencia política, Historia, Filosofía...) para permanecer al tanto de la orientación y el desarrollo equilibrado de esos contenidos.
#LaPazQuerida #VotoSí