No al cese al fuego bilateral
En los tiempos que corren, uno puede medir el interés que tiene una persona o una organización en promover algo si se toma el tiempo –y el esfuerzo- de crearle un hashtag en Twitter. Luego de aceptar que habían secuestrado (“capturado” le llamaron en su lengua anacrónica y torpe) al General Alzate y sus acompañantes el domingo pasado en un caserío del departamento de Chocó, comandantes, negociadores y simpatizantes de las Farc empezaron a utilizar el hashtag #CeseAlFuegoBilateralYa en sus redes sociales.
Por supuesto, esto se refiere a una propuesta recurrente de la guerrilla, pero más airada en los últimos días, de pactar un cese al fuego bilateral para, dicen, evitar que “estas, e incluso cosas peores” sucedan, como sostuvo en declaraciones desde La Habana, con cínica amenaza, alias “Iván Márquez”.
El Gobierno Nacional –que en uno de esos extraños arranques de lucidez no ha querido ceder a esta pretensión de la guerrilla- no puede dejarse chantajear de esta forma descarada, incluso a la luz de la actual coyuntura. En efecto, el secuestro del General supone un golpe militar para el Estado colombiano, pero como suele suceder en estos casos, es más una derrota política de las Farc. Demuestra que la guerrilla continúa sin entender cómo se hace política en una democracia y subraya su obsesión por autosabotear sus oportunidades de reivindicación.
De hecho, el secuestro en el Chocó –junto al reciente asesinato de dos indígenas nasa en Cauca y el secuestro de dos militares en Arauca- ponen una enorme presión política sobre el presidente, pero a diferencia de lo que aparentemente piensa la dirigencia de las Farc, esa presión no va a decidirlo por un cese bilateral del fuego –lo que a todas luces parece ser su plan- sino todo lo contrario.
En efecto, un cese al fuego bilateral no solo es perjudicial para el país (porque iguala políticamente a las partes, porque ofrece una oportunidad de recuperación militar para las Farc y porque implicaría el retiro del Estado de muchas regiones), sino también para el mismo proceso.
Primero, porque sería extremadamente difícil de verificar y en sus eventuales e inevitables violaciones, generaría constantes crisis para la negociación. Segundo, porque minaría la confianza de los colombianos en su gobierno y en la negociación, dificultando –aún más...- la aprobación popular de los acuerdos. Y tercero, porque es innecesario para que el proceso, si hay verdadera voluntad de las partes, prospere y parece más una maniobra política de las Farc y sus defensores, que una realidad que ayude a agilizar los acuerdos.
Así, el Gobierno Nacional no puede ceder a las presiones coyunturales y criminales de las Farc para tomar decisiones de este calado, mucho menos amenazar la autoridad del Estado porque la guerrilla hizo, durante otras semanas más, lo mismo que ha hecho en las últimas décadas: violentar a los colombianos.