NUEVA CRUZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La Constitución Política de 1991 se expidió, entre otros fines, con el propósito de servir como fundamento conceptual y normativo para adelantar una lucha frontal contra la corrupción. Con base en el texto constitucional, el Legislador y el Gobierno se dieron a la tarea de expedir una serie de regulaciones normativas, todas ellas señaladas como fuentes válidas en la lucha contra dicho mal.
Entre las disposiciones expedidas, es importante mencionar, por ejemplo, en materia de contratación pública, la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal, identificado en su esencia como un verdadero código anticorrupción. Entre sus diferentes instituciones, la ley 80 sistematizó varios principios básicos para garantizar la equidad y moralidad en la contratación, como el de transparencia, que impone una serie de reglas necesarias para asegurar la selección objetiva del contratista que presente la oferta más conveniente para la administración, desechando cualquier favorecimiento de carácter subjetivo.
Convencidos de que los principios desarrollados por la Ley 80 no lograron erradicar la corrupción en la contratación pública, el legislador expidió la Ley 1150 de 2007 que en su esencia profundiza los procedimientos para garantizar la escogencia objetiva de los contratistas, a través de sistemas más decantados, como la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y un esquema especial de contratación directa.
Supuestamente los criterios adoptados por el Legislador no fueron suficientes. Por ello, en su lucha contra la corrupción, por lo menos en esta materia, el Congreso aprobó la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción. Entre los temas regulados, la mencionada ley introduce sistemas complementarios de escogencia, transparencia y control para garantizar, en definitiva, la pulcritud en los procesos precontractuales y contractuales.
Aparentemente, en esta y otras materias, los resultados no han sido los esperados, razón por la cual el Gobierno Nacional resolvió abrir una nueva cruzada anticorrupción. La preocupación surgió al conocerse el informe presentado por Transparencia Internacional, en el que Colombia aparece en el puesto 93 como uno de los países más corruptos (entre 175). La investigación anual de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción muestra que en el 2013 este flagelo le costó al país 800 millones de Dólares. Se trata de implementar una Comisión Permanente en la que participen la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Dirección Nacional de Investigaciones, bajo la Coordinación de la Secretaría de la Transparencia. Se busca potenciar una capacidad global para rastrear actos de corrupción, en lugar de expedir normas aisladas con dudosos resultados.
La intención es loable, sin embargo, es menester insistir, que si bien los sistemas de investigación, como la expedición de normas especiales, pueden contribuir en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que el problema es de formación individual y social en valores de solidaridad y convivencia. Mientras no existan políticas públicas serias en este sentido, es probable que fracase cualquier medida que se adopte al respecto.