Paro arrocero
En momentos de gran agitación social como la que se vive en Colombia con los paros de maestros, de Buenaventura y el reciente en Chocó, los arroceros del país anunciaron un eventual paro.
Según los organizadores de esta protesta, lo que se buscaba es que el precio de compra de la próxima cosecha (correspondiente al segundo semestre del presente año) se pague con un valor adicional, de tal forma que se mejore la rentabilidad del cultivo para los agricultores, pues esta se ha visto afectada, según los productores, por el cambio climático.
Otra motivación adicional para el paro era, según los arroceros, el incumplimiento por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el pago del incentivo al almacenamiento, que debe ser reconocido y garantizado para el segundo semestre.
El Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha manifestado el interés de “cumplir nuestro compromiso y vamos a pagar lo correspondiente a los tres meses de almacenamiento. El gobierno está haciendo sus buenos oficios para que no lleguemos a ningún paro”.
De lo señalado por los arroceros pareciera entenderse que su problema, contrario a lo que les ocurre a muchos pequeños y medianos productores de diversos bienes agropecuarios como las verduras, las frutas, los tubérculos, etc., que a diario tienen que enfrentar el rigor de la fijación de precios en los mercados por el juego de la oferta y la demanda, no es de un bajo nivel de precios que haga nula la rentabilidad (y las ganancias) y por eso lo que buscan es “que se mejore la rentabilidad del cultivo”.
En décadas pasadas los productores de algunos bienes agropecuarios buscaban que el Gobierno (con los recursos derivados del pago de impuestos por parte de todos los colombianos) les asegurara un precio mínimo que les cubriera, al menos, los costos variables de producción.
Ahora a los arroceros pareciera no bastarles la alta protección (aranceles altos, franja de precios, medidas no arancelarias, etc.) y los diversos subsidios y apoyos que reciben de tiempo atrás para garantizarles un mercado prácticamente cautivo (pues las importaciones de arroz han sido esporádicas y muy limitadas), sino que pretenden que se les garantice la rentabilidad de sus negocios.
Los arroceros olvidan que diversos estudios, como el realizado por la Ocde en 2015 y otro de Fedesarrollo sobre el efecto distributivo de la política comercial del arroz, ponen de presente que, en virtud de los beneficios que la muy generosa política sectorial le concede a este cultivo, los consumidores colombianos deben pagar un muy alto precio por dicho cereal. Según el BID, el diferencial con el precio externo es del 50 por ciento.
Esto determinó, por ejemplo, que en los últimos años muchos hogares debieran reducir el consumo de arroz y, entre los más pobres, dejarlo de consumir completamente.
La política arrocera no solo genera asimetrías con otros sectores agropecuarios, sino inequidades que van en contra de los pequeños productores y de los consumidores más pobres. Esto hace inconcebible un paro para, vaya ironía, “garantizar” la mejora de la rentabilidad del negocio arrocero.