Paz, transformaciones y Estado local
La implementación de los acuerdos de paz requerirá transformaciones profundas en el sistema estatal para provocar cambios significativos en el grado de realización de los derechos de la población. Esta fase añorada presenta retos en el nivel central y en los distintos niveles locales en relación con el comportamiento de las diferentes ramas de la administración pública, las guerrillas que transitan a la civilidad, los grupos de interés privado y la sociedad en su conjunto.
De entrada, cabe destacar que la resistencia al cambio será gigantesca. Los actores dominantes (en la actualidad) apostarán a conservar el estado actual de cosas con el fin de preservar su posición de poder. Además, si bien la acción de la guerrilla es determinante en algunas zonas, poco a poco nos daremos cuenta de que los conflictos en muchas comunidades no están tan atados a la lógica insurgente-contrainsurgente como se cree, sino que son expresiones de peleas entre élites locales con motivaciones políticas y económicas.
Esas élites, unas más visibles que otras, recurrirán a todos los mecanismos – incluyendo la violencia– para mantener su pedazo de poder.
Con el fin de transformar realidades locales, los cambios tendrán que trascender la ideal (pero errada) imagen de un Estado omnipresente. Ese Estado ideal sin variaciones, con instituciones plenamente comprendidas y compartidas, y con fuentes y estructuras homogéneas de poder que alcanzan un despliegue total en el territorio nacional no existe (Philip Abrams 1977)– ni en Colombia ni en la China.
Es usual calificar a las regiones en las cuales la acción oficial ha sido escasa y la guerrilla ha tenido una presencia significativa como “lugares sin Estado”. Esta conclusión importa una serie de concepciones erradas. La incapacidad de las autoridades de “normalizar y legitimar el poder político” en ciertas regiones del país no implica la ausencia del Estado; indica, sí, sus fallas y abandonos (David Nugent 2010). Las fallas en legitimidad y en autoridad, e incluso el rechazo social extendido de la retórica oficial, no anulan la idea de Estado (Nugent).
De hecho, es posible que la noción ideal de Estado sea sostenida de manera más fuerte por habitantes que experimentan su abandono (como muchos campesinos) que por ciudadanos que viven la rutina de sus formas burocráticas de manera casi imperceptible (Nugent).
La ausencia percibida y las fallas registradas también construyen imagen de Estado; puede que esta sea negativa, pero no resta su impacto político en el momento de buscar el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en lo público. Así, las fallas anteriores del sistema estatal demarcan un camino de desconfianza que incrementa la dificultad de intervención en comunidades aisladas y marginadas. Enmarañando aún más la situación, la percepción del Estado en estas comunidades puede estar particularmente mediada por la acción oficial (transitoria o permanente) de corte coercitivo y represivo. Por tanto, las intervenciones futuras en nombre del Estado colombiano en estas comunidades deben insertarse en el continuo de expresiones y experiencias sociales que cuentan con una noción de Estado, arraigada y, probablemente, adversa.
Los cambios que necesitan promoverse en el futuro deberán manifestarse a través de un Estado que tenga semblanza en lo local y que adquiera dinamismo en acciones que transformen la vida de las comunidades. Esta noción de Estado reconoce que el poder público debe lograr expresiones concretas a favor de comunidades específicas, considerando el contexto y ajustando las instituciones a realidades locales.