Política sectorial y posconflicto
Con los resultados del reciente encuentro en La Habana se habla con más fuerza de que se está ad portas de la firma del acuerdo definitivo con las Farc. De ser así, se estarán abriendo las puertas del posconflicto, etapa en la que el desarrollo de los territorios rurales y el de la agricultura deberá desempeñar un papel muy importante.
Es de todos conocido que los pobladores rurales son los que han padecido, con mayor intensidad, los rigores del conflicto interno y de los fenómenos asociados al mismo. Esto es especialmente cierto en determinadas regiones en las que la ausencia del Estado facilitó el accionar de los grupos armados.
Por ello es que ahora se hace tanto énfasis en la necesidad de “llevar” la institucionalidad a estos territorios y asegurar no solo su presencia sino, y tal vez aún más importante, garantizar que los pobladores de estos territorios se vinculen al desarrollo y hagan parte del progreso general.
Diversas experiencias internacionales de países que han sufrido los avatares, las tragedias y los dolores que se derivan de los conflictos armados internos indican que lo más prioritario en la etapa de posconflicto es restablecer las redes y las actividades económicas y sociales de los territorios afectados.
En esto es de gran importancia el fortalecimiento de las estructuras de los gobiernos locales y la generación de confianza entre los diferentes actores que interactúan en dichas regiones.
Generalmente los gobiernos centrales, con el apoyo de la cooperación internacional, adelantan diversos proyectos que buscan reactivar la vida económica y social de los distintos territorios. En muchos casos se evidencia que, mientras estos operan, las actividades económicas efectivamente resurgen.
Sin embargo, cuando los proyectos terminan y se retiran los equipos encargados de su ejecución, se presentan complicaciones, pues en su ejecución se les proveen a los beneficiarios servicios y apoyos que, bajo circunstancias normales, o no se tienen (por ejemplo, la asistencia técnica agropecuaria) o no se puede acceder a ellos (como es el caso del crédito institucional).
Por ello es que, para conseguir que el posconflicto en los territorios rurales sea exitoso y se convierta en un proceso sostenible en el largo plazo, es necesario contar con una política agropecuaria y rural bien estructurada que provea los bienes públicos y los servicios que demanda el desarrollo de las actividades rurales y genere las oportunidades de progreso que los habitantes del campo requieren para su desarrollo personal y colectivo.
Por tanto, no se trata solo (como ha ocurrido en otras ocasiones y para poblaciones en condiciones particulares) de crear instrumentos o mecanismos que favorezcan, de forma temporal, a los pobladores de las zonas de posconflicto.
Además de ello se requiere asegurarles el dinamismo económico y social necesario para hacer sostenible dicho proceso y este proviene, necesariamente, de su vinculación definitiva al desarrollo general del país, cuya garantía la constituyen unas “buenas” políticas agrícola y rural.
Como se ha señalado en esta columna, el país no dispone de este importante activo institucional, lo que, sin duda, representa un gran riesgo para el éxito del posconflicto.