Columnistas

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

21 de noviembre de 2014

Dos ejemplos pueden servir para mostrar el desarrollo de políticas de inclusión social. El primero, del que se hizo mención en nuestra anterior entrega, se refiere al otorgamiento por parte del Gobierno Nacional de 10.000 becas créditos para estudiar en universidades debidamente acreditadas en alta calidad académica. Los beneficiarios son estudiantes de diferentes regiones del país, con un promedio superior a 310 en las pruebas saber 11 del pasado 3 de agosto, siempre y cuando estén registrados en la versión III del sisbén, con un puntaje menor a 57,2 en las 14 principales ciudades, menor a 56,3 en otras cabeceras municipales y menor a 40,75 en zonas rurales.

El segundo caso se refiere al proyecto a través del cual el Distrito Capital se propone construir viviendas para desplazados, en zonas de estrato seis, aprovechando los terrenos ocupados actualmente por parqueaderos localizados en la calle 107 con carrera 17, en la carrera 11ª con calle 93 y en la carrera 11 con calle 88 y calle 82 con carrera 11. En estos predios se construirían 372 apartamentos para personas de estratos 1 y 2, víctimas del conflicto armado.

En ambos casos se trata de la ejecución de políticas públicas relacionadas con el pos - conflicto, cuyo objetivo es la realización de los derechos a la igualdad, a la dignidad y al desarrollo de la persona, claramente pregonados por la Constitución de 1991, como elementos intrínsecos al concepto de Estado Social de Derecho.

Nada más loable y deseable que aprovechar un momento positivo de crisis institucional y social para replantear el sistema de relaciones entre los distintos actores sociales. Sin embargo, es menester observar que no basta con generar expectativas de integración, para considerar que se obtendrán resultados óptimos en el campo de la inclusión social. Las políticas públicas en la materia deben tener en cuenta elementos subjetivos y objetivos que permitan su desarrollo efectivo, sobre bases de equidad e igualdad.

Habría que preguntarse si los estudiantes beneficiarios de las becas, están social y sicológicamente preparados para dejar sus lugares de origen, muchos de ellos apartados, cambiar sus costumbres de vida y su arraigo al suelo, para desplazarse hacia grandes centros urbanos.

Hubiese sido mejor utilizar los recursos de las becas, en tecnologías vinculadas a sus suelos y a las necesidades de sus regiones. También hay que indagar si las universidades cuentan con recursos materiales y personales adecuados para recibir la nueva población estudiantil, si los profesores y estudiantes tienen el grado de madurez en tolerancia y prudencia, necesarios para trabar un nuevo sistema de relaciones sociales.

Respecto al proyecto del Distrito, también hay que preguntar si existen las condiciones logísticas, culturales y sicológicas suficientes para permitir un acople social adecuado y fructífero entre actores históricamente distantes. En síntesis, estos propósitos de alta política social, exigen de todos los sectores sociales involucrados, la suficiente preparación, para lo cual se requiere de personas comprometidas con la promoción, desarrollo y estabilidad de tan delicados asuntos.