Ponte la camisa de la conservación
Nuevamente se intentará desde el gobierno nacional reglamentar los instrumentos financieros que le faltaban al Estado para hacer efectiva la política ambiental colombiana. Con la iniciativa de la Ley de Pago por Servicios Ambientales -PSA- se reconoce el valor que tiene el agua, la biodiversidad y demás recursos naturales para el desarrollo de la nación, compensando el suministro de sus bienes y servicios por el resto de los años; todo ello inspirado en la exitosa iniciativa de Banco2 nacida precisamente en las tierras de Antioquia.
De acuerdo a Parques Nacionales Naturales, actualmente 19 áreas del sistema de parques nacionales naturales suministran el agua que demandan alrededor de 25 millones de personas, lo cual se estima que aportan al menos US$491 millones por adicionalidad hídrica en el sector doméstico. Siendo las ciudades más beneficiadas Bogotá, Cali, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Santa Martha, Valledupar, entre otras. Los distritos de riego que se benefician con agua proveniente del sistema de parques nacionales naturales - SPNN- representan al menos 152.286 hectáreas y unas 25.857 familias beneficiadas, y se estima que estas áreas aportan al menos US$884 millones por adicionalidad hídrica en el sector agrícola, y el 50 % de la energía hidroeléctrica que se produce en el país utiliza agua que proviene de parques nacionales que aportan al menos US$502 millones por adicionalidad hídrica en el sector energético.
Paradójicamente, las áreas protegidas en Colombia siguen registrando tasas crecientes de deforestación calculada en 16.631 hectáreas anuales, crecientes cifras de minería ilegal y de vertimientos tóxicos, cultivos ilícitos, establecimiento de infraestructura y procesos productivos que generan extinción local y regional, todos ellos seguirán sumando a la hora de determinar los costos necesarios para su restauración.
Ante la pregunta que se le hacía a Guillermo Rudas sobre entonces ¿cuánto nos vale el agua? en el Encuentro por el Agua, esta semana en Medellín, gracias a El Espectador, WWF e Isagén con la participación de las autoridades ambientales, centros de investigación, el sector energético y financiero como Findeter, Bancoldex, BanColombia y Davivienda, la respuesta era que el valor estaba de acuerdo con la capacidad que tenía cada uno de los colombianos para pagarla. Inclusive, en los cálculos que se hicieron en la fallida reforma de la Ley de Tasas por uso del agua, se concluyó que, si la medida se aplicara solamente en municipios ricos (es decir el 5 % del total de los municipios del país en los estratos 4, 5 y 6) con tarifas entre $5.000 y $10.000 mensuales, se podrían recoger $250.000 millones de pesos mensuales que podrían ser invertidos en conservación aguas arriba de los acueductos y empresas, en áreas estratégicas para la competitividad del país o en los parques nacionales naturales, a través de fondos de compensación.
En Ley de Pagos por Servicios Ambientales se ha puesto toda la esperanza. La sostenibilidad de la biodiversidad biológica, la oferta natural de bienestar por los servicios ecosistémicos para todos los servicios públicos y actividades económicas del país, así como el aprovisionamiento de alimentos y materias primas, la captura y reducción de emisiones de carbono (que en exceso son los causantes del calentamiento global) y la protección de los bienes culturales de las comunidades allí ubicadas, son la justificación entre muchas otras para su implementación, sin nombrar los compromisos en La Habana.
Fortalecer a la desfinanciada política ambiental y al Sistema de Parques Nacionales Naturales es muy fácil. Plata hay. Esa fue la conclusión de dicho Encuentro. Solo se necesita voluntad y confianza para que la conservación sea vista como una oportunidad y no como un riesgo.
Esta ley debería involucrar complementariamente el ajuste al impuesto predial por el servicio recibido del agua e involucrar todos los recursos económicos con los que ya se cuenta para la protección del patrimonio natural, donde la escasez de información ante esta urgencia no podrá ser vista como un vacío a la hora de su consolidación, pues las regiones ya lo han comprobado.