Columnistas

Por el derecho a pensar diferente

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04 de octubre de 2016

“La democracia es la única forma de gobierno en la que los contradictores tienen lugar”. Eso decía en clase un profesor de Ideas Políticas en la Universidad Nacional, citando algún ilustre, que parafraseando a Cervantes, de cuyo nombre el tiempo ya no me deja recordar.

Las últimas semanas antes del plebiscito del pasado domingo, lo tuve muy presente en medio de las conversaciones con todos los amigos y familiares, y sobre todo escuchando a los medios de comunicación, en donde primaron los comentarios moralizantes y satanizadores a favor de uno u otro punto de vista: “que si uno vota por el Sí, no se leyó los acuerdos y le entrega el país de las FARC”, pero que “si uno vota que No, es que uno quiere la guerra”.

Ni lo uno ni lo otro es cierto. La lección número uno de estas elecciones es el derecho a pensar diferente, eso implica saber debatir, saber conversar en torno a los argumentos sin señalar a las personas. Lamentablemente las discusiones en nuestro país se dan en torno al qué y al quién, olvidando el cómo.

Ahora necesitamos mirar hacia adelante, hacer de la paz un asunto nacional no solo de “los buenos”. ¡Pilas con el punto agrícola! Tal vez sea más importante el acceso a las tierras como medios de producción que su propiedad. La reforma agraria ha sido una constante histórica en todas las discusiones políticas, pero la gran diferencia la hace el esquema de disposición de las tierras.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, en Colombia los cultivos ilícitos se han incrementado en un 39 % desde 2014, en los municipios donde ha habido tradicionalmente presencia guerrillera. ¿Por qué no emplear a los desmovilizados de las FARC en la sustitución de cultivos?

Definitivamente urge revisar la implementación de la justicia y el cumplimiento de las condenas. Necesitamos definir un alcance claro en los procedimientos de la justicia para la paz, de las formas en que se dará la verdad, de las instancias en las que se hará efectiva la justicia superando los encuentros cara a cara entre víctimas y victimarios, y sobre todo diseñar una estructura equitativa para la reparación.

De cara a la difusión de una reforma tributaria que busca obtener recursos a través de la ampliación de las personas jurídicas y naturales a las que el gobierno grava con impuestos y los bienes y servicios sobre los que recae la carga tributaria. Vale la pena hablar con franqueza de los costos reales que traería la implementación de un acuerdo de paz, porque solo en esta medida será realmente viable y sostenible.