¡POR EL RESPETO!
Hace más de un año llegó a la Alcaldía de Medellín Daniel Quintero Calle apoyado por el voto popular quien, tras vencer a las maquinarias políticas tradicionales, anunciaba un discurso fresco y renovador; muchos, miraron este hecho con optimismo y esperanza. A poco más, se produjo un nombramiento importante: puso en la gerencia de las Empresas Públicas a un personaje de toda su confianza, extraído de la élite bogotana: Álvaro Guillermo Rendón López; luego, en el mes de agosto, con el tema de la oscura crisis de Hidroituango propició la renuncia de la pulcra Junta Directiva del ente autónomo.
Se conformó un nuevo equipo de gobierno corporativo –en el que se destacan, entre otras, dos personas impolutas: un exmagistrado y un exalcalde de Medellín–; el hecho trascendió las fronteras, máxime si estaba acompañado del anuncio de que buscaba expulsar a los corruptos y redirigir ese ente por mejores senderos, para preservar el patrimonio público. Un fin loable, pero esta vez teñido de un discurso nepotista y pendenciero, mediante el cual les endilgó responsabilidades –incluso de tipo penal– a todos los líderes y conglomerados económicos. Ellos, pues, pasaron al banquillo como si se tratara de sátrapas y el nuevo juez (o fiscal acusador), aplaudido por Gustavo Petro desde la capital, apareció como el salvador de la ciudad y la encarnación de la moral pública.
El gerente siguió al frente de sus tareas hasta que, hace unos días, se rumoró que no continuaría; sin embargo, el propio Quintero Calle, en rueda de prensa convocada al efecto, lo desmintió: “No es verdad. El gerente viene haciendo una magnífica labor en EPM y lo seguirá haciendo”; y: “son rumores para crear desestabilización, saben que estamos cerca de una audiencia pública en relación a los que quieren revocar al alcalde de Medellín y quieren crear ruido al respecto”. Pero, el pasado 31 de enero Rendón López le dirigió una carta en la cual le reprochó que lo obligara a renunciar y le advirtió que –antes de proceder– sometería el asunto a la Junta para que ella orientara el delicado proceso subsiguiente.
Incluso, trascendió que el burgomaestre –al empezar la sesión extraordinaria del organismo– le “agradeció” a su “protegido” (¡quien no había renunciado aún!) este acto “generoso” con la ciudad. El desenlace es bien conocido: El día primero de febrero –mediante Decreto 0085 de 2021– el funcionario fue declarado insubsistente pese a que ya habría presentado su dimisión, una vez que el organismo rector recomendara el cambio (Comunicado de la Junta de la misma fecha); salió, pues, por la puerta de atrás. La tormenta desatada es bien conocida y el daño moral y material sufrido por Empresas Públicas es de proporciones incalculables; el funcionario de marras, en medio de su inmadurez, volvió a hacer otra exhibición circense sin importarle los intereses de la ciudad ni sus electores.
Obvio es decirlo, ese dignatario –muy controvertido por sus propuestas y realizaciones, algunas interesantes e importantes– debe explicarle a toda la comunidad quién será su candidato para el proceso eleccionario que se avecina (¡“una persona que me copie más”!) y, además, qué incidencia tendrán en él un expresidente y un exgobernador, por aquello de las alianzas a las cuales ha sido tan dado durante su veleidosa carrera política. Igual, debe precisar si la que gobierna la ciudad es su advenediza secretaria privada y si los principios otrora enarbolados se esfumaron ya, para poder recordar con Montesquieu que “la corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por los principios” (Del Espíritu de las Leyes, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1971, pág. 148).
Este episodio turbio, pues, tiene que llegar a su fin porque el primer mandatario de la segunda ciudad del país es un servidor público que debe observar unos códigos de conducta y no puede improvisar, mentir y armar berrinches cual niño malcriado. ¡El conglomerado entero, la capital paisa y sus sufridos habitantes merecen respeto!