Por favor, no más prohibiciones
El desarrollo de una pedagogía para la tolerancia y la no discriminación en todos los órdenes de la vida social debe ser una política pública. En casi todos los países del mundo es una encomienda que las comunidades, y en su nombre el Estado, le hacen al sistema educativo nacional.
Los padres de familia muchas veces no disponen de la información ni de la capacidad, tampoco del método, ni de la voluntad para abordar la formación conceptual, actitudinal, valorativa y experiencial de sus hijos en temas de tal complejidad. Los alumnos preguntan a sus educadores y esperan que ellos tengan las competencias, la idoneidad y el respeto debido para las respuestas. Por ello requieren de la confianza de la sociedad en ellos.
La educación sexual, tema en el que la óptica de género y el reconocimiento de que en su ejercicio natural se presentan distintas tendencias y opciones, implica una sólida formación biológica, antropológica y psicológica y ante todo una profunda convicción moral y ética, pero también política, acerca de la dignidad humana que subyace en toda persona, del derecho que cada quien tiene al libre desarrollo de su personalidad y de las responsabilidades que debe asumir para su convivencia en sociedad.
Lo que Colombia tiene que decidir es si definitivamente corrige o perpetúa los males que históricamente la han aquejado: el desconocimiento de la dignidad humana presente en toda persona, sin importar sus condiciones circunstanciales; el acatamiento de los Derechos Humanos, a los que se tiene acceso por el solo hecho de ser humano; el racismo étnico, el segregacionismo poblacional, la exclusión social, los prejuicios sin fundamento, y en fin, el desprecio, la injusticia y el dolor que se profieren por una clara falta de humanidad, educación y cultura.
En conformidad con la Constitución, la Ley General de Educación consagra como dos de los fines del sistema educativo colombiano “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico...” y “el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. Es por ello que el Ministerio de Educación está obligado a formular las orientaciones para el cumplimiento de la Constitución en los planteles educativos y que bueno que así sea. Pero por años se le ha venido impidiendo la tarea desde sectores que no parecen aceptar el ordenamiento constitucional y jurídico vigente. Lo que en materia de educación sexual se ha pretendido en los últimos días es lo que desde hace mucho tiempo se ha intentado hacer, pero cada vez afloran posiciones ideológicas, religiosas y prejuicio sociales que indebidamente presionan e impiden que ese objetivo educacional se cumpla. No aportan, hostigan y prohíben con actitudes fieles a sus tabúes.
Naciones Unidas y el Ministerio de Educación disponen de conocimientos académicos, experiencia pedagógica y bagaje intelectual suficientes para producir el material didáctico que requieren las directivas de los planteles, los educadores y los estudiantes mismos.