Prohibido examinar el pasado

La mentira y la negación se apoderan del debate público sobre las atrocidades perpetradas en Colombia. La resistencia a la revelación de incómodos eventos era de esperarse, sobre todo en la medida en que los develamientos implican a poderes activos. Sin embargo, producto de los cambios políticos, los obstáculos al abordaje del pasado no son aislados ni esporádicos, sino que se consolida un ambiente abiertamente hostil al examen del pasado, y se evidencia una tendencia hacia la negación oficial.

No se esperaba que el reconocimiento de las atrocidades fuese un proceso pacífico. La contención política era previsible: de hecho, esa contención sobre lo acontecido dinamiza el proceso social que desata el reconocimiento de un pasado marcado por la atrocidad. Pero la contención política sobre el pasado y sus implicaciones tiene que respetar reglas básicas: la discusión debe poder fluir, y la contención tiene que estar exenta de mordazas, amenazas y cualquier otra manifestación de violencia.

Esas pautas básicas no se están cumpliendo: antes de que el debate inicie, importantes sectores de poder lo están prohibiendo. El secreto y la negación se imponen sobre las iniciativas oficiales que buscan explorar el pasado para promover transformaciones.

El examen del pasado es incómodo y doloroso, porque tiene el potencial de hacer evidentes, no solo las crueldades del enemigo eterno, sino las fallas y las desviaciones del poder público y de otros sectores que ostentan legitimidad.

Abordar el régimen de atrocidad de un grupo armado ilegal, como las Farc-ep, es un paso esencial en el proceso de reconocimiento de nuestro pasado de atrocidad, pero no suficiente. Los miembros de esa organización siguen justificando sus actos y tratando de evadir responsabilidad. Sin embargo, sus técnicas de negación se estrellan con un ambiente social prevalente de rechazo. La aspiración de los miembros del grupo de no asumir el peso de la responsabilidad que les cabe por las atrocidades cometidas es percibida como arrogante y desfachatada; si no hay un cambio visible, esta aspiración los dejará en el ostracismo social y político.

Si el proceso de reconocimiento continúa, su éxito dependerá no sólo del cambio de actitud de los miembros de esa antigua insurgencia, sino del espacio que la sociedad y las autoridades ofrezcan para su incorporación. Ese panorama no es muy alentador.

Poner la lupa sólo sobre el enemigo eterno también es una forma de negación. El examen del pasado debe ser franco y abierto.

Sin embargo, el proceso de reconocimiento de las atrocidades perpetradas bajo el auspicio, el control o la aprobación de las autoridades y de amplios sectores de la sociedad surgió truncado. La negación colorea la respuesta oficial frente a cualquier implicación del poder estatal y de las élites en la violencia del pasado. Lejos de ejercer la responsabilidad activa y encarar las implicaciones del desvío del poder público, las actuaciones del nuevo gobierno y de las otras ramas del poder público tienden a erigir barreras y escudos para que nadie se meta y explore el pasado oficial. La mejor defensa al honor y a la dignidad del poder público es la transparencia, no la opacidad.

Por más terribles que sean los eventos y las dinámicas que se están tratando de tapar, peor será la repercusión de oficialmente prolongar el secreto y la negación en relación con el pasado. La supresión consciente de esa exploración se torna cómplice del régimen de atrocidad.