REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POR DECRETO
La mayoría nunca se equivoca y si temporalmente lo hace, la historia ha de decir que fue por una mala y rara influencia de la minoría. Por suerte para nuestra débil estabilidad institucional, en el proceso de votación del pasado 26 de agosto, el silencio de la mayor parte del cuerpo con opción de votar, sirvió para evitar un atroz atropello a la Constitución. Pudo haber sido por un solo voto, como pudo haber sido por una gran cantidad de votos, el hecho es que, si bien 12 millones de ciudadanos votaron por el SI, no menos de 20 millones, según las cifras electorales, se abstuvieron de participar en el que hubiese sido el más horrendo atropello a la Carta.
No quiero dudar de la buena fe del Presidente Duque y de gran parte de los promotores de la consulta, tampoco quiero poner en duda la buena fe de los ciudadanos que votaron de manera afirmativa, movidos por un mensaje ético que conmueve, como es la lucha contra la corrupción, y una enorme confusión constitucional, apenas lógica, para un ciudadano corriente, que además de desconocer los detalles del metalenguaje de la Constitución, está sometido a la constante influencia de mensajes provenientes de quienes a través de las redes y otros medios, sólo estaban preocupados por desorientar y con ello ganar supuestamente un electorado, que erróneamente consideran cautivo a sus intereses políticos.
De haberse logrado el umbral y haber validado los resultados de la consulta, hoy estaríamos, parodiando al poeta Jorge Robledo Ortiz en su bello poema “Siquiera se murieron los abuelos”, afirmando ante la tumba de nuestros grandes constitucionalistas: “Siquiera se murieron los padres del Constitucionalismo Colombiano”.
Qué estarían pensando maestros de la estirpe de José María Samper, Tulio Enrique Tascón, Ernesto Saa Velasco, Luis Carlos Sáchica Aponte, Carlos Restrepo Piedrahita y otros de grata memoria. Qué argumentos exponerles, para explicar las razones por las cuales la ciudadanía aprueba una consulta para obligar al Congreso a reformar la Constitución mediante una curiosa “ley constitucional”; y si no lo hace en este período, para que el Presidente lo haga mediante un extraño “decreto ley constitucional”.
En la historia del país se han vivido momentos de irrespeto al texto de la Carta, como elevar a canon fundamental el acuerdo de paz suscrito entre el anterior gobierno y las Farc, amén de otros actos que realmente demuestran nuestro poco respeto por el orden institucional, pero llegar al extremo de “ordenarle” al Presidente de la República que por medio de un decreto reforme la Constitución, por ejemplo, para hacer realidad el contenido de la pregunta número 7 de la Consulta, que ordena establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular, puede constituir una mandato ético loable, pero una afrenta grave y peligrosa contra el orden constitucional.
Es un absurdo luchar contra la corrupción a través de procedimientos con un alto contenido de corrupción intelectual.