Responsabilidad del Estado, políticas públicas y derechos
Cuando se realizan certámenes deportivos —juegos olímpicos, campeonatos mundiales, grandes pruebas ciclísticas, etc.—, se hace evidente algo que retrata bastante las dificultades que tiene la mayoría de las sociedades para hacer compatibles el compromiso de la sociedad —con fuerte responsabilidad del Estado— con determinados derechos —como el de la recreación o el libre ejercicio de una actividad deportiva— y los resultados que se consigue por parte de los deportistas, de cuyos triunfos muchos quieren apropiarse, empezando por los gobernantes, los políticos, los empresarios, los medios de comunicación, etc.
Cuando el deportista y vecino ecuatoriano Richard Carapaz se ganó una medalla de oro en los Olímpicos de Tokio, siendo el primer latinoamericano en hacerlo en ese deporte, dio unas declaraciones en las que dijo que se trataba de un triunfo personal, individual, porque inicialmente no contó con el apoyo del Estado. Este caso muestra cómo les toca a muchos de los deportistas, la mayoría proveniente de sectores populares, luchar para sobresalir en sus disciplinas.
Pero este ejemplo es un buen motivo para señalar la importancia que tiene en la sociedad el que se cuente en su ordenamiento constitucional y legal con un Estado Social de Derecho, que no es simplemente una denominación, sino el resultado de avances importantes que han permitido ir construyendo, como parte de la evolución de la sociedad y de las luchas sociales, no sólo el Estado de Derecho, que es un Estado Liberal, además Democrático, y que luego evoluciona hacia uno Social y hacia el Estado Social de Derecho, que es el modelo que predomina en el mundo actual, que supone una organización estatal, una de cuyas responsabilidades es garantizarle a sus ciudadanos la vigencia de los derechos.
Por lo tanto, ese Estado debe garantizar al máximo, a través de sus políticas públicas, entendidas estas como las propuestas que formula el Estado, con un proceso lo más amplio posible de consulta social y política, para dar opciones de salida a las demandas y requerimientos de los sectores sociales o de la sociedad en su conjunto y asigna los mecanismos para hacerlas viables; garantiza entonces el Estado que las demandas y necesidades sociales, vistas como derechos, no como perspectivas del ejercicio de la añeja “caridad propia de las iglesias”, tengan posibilidad de realizarse. Y para el caso que mencionábamos, la afición o inclinación deportiva de muchos sectores no debe ser simplemente un ejercicio del azar o la suerte, de jóvenes que buscan sobrevivir o hacer realidad allí una inclinación, sino una política que conlleve la existencia de escuelas deportivas, de apoyo a aquellos jóvenes que muestran no sólo inclinación por una actividad deportiva, sino, además, que cuentan con condiciones que se deben estimular y ayudar a desarrollar. Para ello es importante la existencia de un Ministerio del Deporte —afortunadamente, ya lo tenemos—, pero también la de políticas públicas de continuidad en cuanto a escuelas de formación, de entrenamiento, entrenadores, becas de apoyo a los jóvenes que lo requieran.
Cuando un Estado Social de Derecho, como se supone es el nuestro, actúa de esta manera, puede no sólo estar seguro de que los triunfos serán inmediatamente compartidos por los deportistas, sino “sacar pecho” para decir: nosotros hemos sido copartícipes de estas victorias.
Esto que hemos ejemplificado para el deporte, debería replicarse para la cultura y para otros campos. Por supuesto, esto requiere gobiernos que cuiden escrupulosamente los recursos públicos, que son de todos, y conciban el servicio público como una manera de servir a la sociedad y no de pretender el beneficio personal