Se rebeló la educación
Por Carlos Andrés Franco V.
Universidad de Antioquia, sede Sonsón.
Facultad de Com. Social, 5° semestre
carlos.franco1@udea.edu.co
Llevando cuatro meses en su mandato, el presidente Iván Duque ha recibido diferentes críticas que lo han llevado a tomar algunas medidas para alcanzar a distribuir diferentes presupuestos a sectores importantes, por ejemplo, la educación, teniendo un presupuesto de 4,4 billones y con necesidad de aumentar este. Así que, buscando diferentes alternativas, ha llevado a que la educación pública, que no son solo las universidades, se rebele ante tal situación.
Por su parte, la educación pública superior es la que más está marchando y la que no sucumbe ante tal situación. ¿Será necesario seguir en asamblea permanente para que llegue la petición al gobierno nacional? Realmente, algunas personas no lo creen necesario, por el contrario, algunos sí. Lo más pertinente para la educación en este momento es concentrarse en dialogar con el Gobierno y llegar a un consenso teniendo en cuenta que también hay algunos ministerios que están con un déficit presupuestal.
Las multitudinarias marchas están reclamando una crisis financiera que supera los $18 billones. El gobierno, en octubre, anunció una resignación de 500.000 millones de pesos para los temas educativos, sin embargo, no todo el dinero será destinado a esta; $360.000.000 millones serán a favor, y lo restante, $140.000.000 serán repartidos en otros sectores.
También en octubre, el gobierno nacional lanza “Generación E”, el cual es el remplazo de “Ser Pilo Paga”. Lo que también se estaba reclamando dentro de las marchas es que “Ser Pilo Paga” no destine todo a universidades privadas, así como se venía haciendo. Sin embargo, con el nuevo programa, “Generación E”, los recursos se destinarán a las universidades públicas, lo cual busca que alrededor de 80.000 jóvenes de estratos bajos se beneficien de este y accedan de forma totalmente gratuita.
También es de recordar y aclarar que, según la Contraloría General, la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos anuales. Así que este dinero debe acceder a la educación pública y hacer nuevas leyes, si es necesario, para combatir la corrupción.
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