Sectores en conflicto
Con el otorgamiento y la posterior revocatoria de la licencia de exploración petrolera en La Macarena se pusieron en evidencia los conflictos que se presentan por el uso del suelo en los territorios rurales por falta de una instancia que dirima las diferencias y establezca con precisión los usos permitidos en los diversos territorios.
Esto, además, pone de presente la debilidad institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la falta de claridad que el país tiene sobre el papel fundamental que esta cartera debe desempeñar en el desarrollo de la nación.
La falta de solución a los conflictos existentes por el uso del suelo y las consecuencias indeseables que de ella se derivan se expresan en el creciente malestar y el rechazo que manifiestan muchos sectores de la sociedad por la minería y, más recientemente, por la actividad petrolera en ciertas zonas del territorio.
A pesar del potencial minero y de la tradición de ser un país exportador de bienes provenientes de la minería, como el oro y las esmeraldas, la falta de una institucionalidad minera y de unas reglas de juego claras, pone en riesgo el aprovechamiento de dicho potencial. Con ello se frena la generación de oportunidades de desarrollo para diversas regiones.
Algo parecido podría ocurrir con la explotación petrolera que, en los actuales momentos, urge impulsarse para asegurar los niveles de reservas con las que se satisfagan las demandas del crudo.
Pero no solo las actividades mineras y petroleras representan presiones sobre los recursos naturales (suelo, agua, bosques y biodiversidad). También otras labores productivas, como la agricultura, la ganadería o la explotación forestal los impactan.
Según National Geographic, la agricultura es un gran demandante de dichos recursos, al tiempo que, infortunadamente, es un importante factor de destrucción de los mismos.
La forma como actualmente se adelanta la actividad agrícola en el mundo implica la pérdida y la contaminación de fuentes de agua y la destrucción y la pérdida de biodiversidad y de hábitats cruciales, con lo que se acelera la extinción de vida silvestre.
Todo esto hace que el desarrollo de la agricultura represente un gran desafío ambiental para los países. Ello es aún más crítico para una nación como Colombia que, al tiempo que tiene un alto potencial agrícola, está ubicada en un medio tropical en donde abundan ecosistemas frágiles, como los páramos.
A finales del año pasado se creó el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural como un organismo del Gobierno Nacional encargado de “formular lineamientos generales de política y coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de ordenamiento del suelo rural”.
Con el Consejo se busca, además, alinear las acciones del Gobierno en materia del uso del suelo rural de tal forma que se diriman los conflictos intersectoriales que se presentan y los que hasta ahora no han contado con una instancia para su resolución.
En este orden de ideas, para evitar situaciones como las ocurridas en La Macarena, es urgente poner en funcionamiento el Consejo y delimitar, de una vez por todas, los usos del suelo rural.