SU ESPOSO LA GOLPEÓ Y LA VIOLÓ. JEFF SESSIONS PODRÍA DEPORTARLA

Por Jane Fonda y Karen Musalo
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En los últimos años, EE.UU. ha sido un faro de esperanza para las mujeres que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen. En 2014, en un gran paso hacia adelante, los tribunales de inmigración determinaron explícitamente que a una persona que huye de la violencia doméstica se le puede conceder asilo aquí si la violencia aumenta al nivel de persecución, si el gobierno en el país de origen de la víctima no puede castigar o no quiere castigar a su abusador y si se cumplen varios otros criterios. El caso que establece que ciertas víctimas de violencia doméstica son elegibles para el asilo fue decidido en un fallo histórico por la Junta de Apelaciones de Inmigración, la corte más alta en nuestro sistema judicial de inmigración.

La sobreviviente en este caso, una guatemalteca llamada Aminta Cifuentes, fue víctima de severo abuso físico y sexual. Cifuentes había soportado 10 años de violencia incesante de manos de su esposo, quien la quemó con ácido, la golpeó y pateó, le quebró la nariz y le pegó puños en el estómago con tanta fuerza cuando tenía ocho meses de embarazo que el bebé nació prematuro y con moretones. Su esposo le dijo que no tenía sentido llamar a la policía porque “incluso los policías y los jueces golpean a sus esposas”.

El fallo que le dio protección fue uno transformativo, no sólo para Cifuentes sino para nuestro país. Al fin, EE.UU. tomó una postura firme en oposición a la violencia contra las mujeres y reconoció que debemos ofrecer esperanza a las sobrevivientes.

Sin embargo en marzo, el Fiscal General Jeff Sessions, en una movida inusual, repentina e inexplicablemente se metió en este asunto que al parecer estaba decidido para asignar una petición similar de asilo, conocida como el Asunto de A-B-, a sí mismo para reconsideración. Los hechos en el Asunto de A-B- son similares a los del caso de 2014. A-B-, una salvadoreña fue maltratada por su esposo durante 15 años. Él la golpeó y la pateó, incluso mientras ella estaba embarazada; golpeó su cabeza contra una pared; la amenazó con la muerte mientras sostenía un cuchillo en su garganta y mientras blandía una pistola; y amenazó con colgarla. A-B- intentó asegurar la protección del Estado en vano.

Cuando fue a la policía después de que su esposo la atacó con un cuchillo, su respuesta fue que si ella tuviera “dignidad”, lo abandonaría. Cuando A-B- trató de dejar a su esposo, él la rastreó, la violó y amenazó con asesinarla. Cuando finalmente consiguió un divorcio, su exesposo le dijo que si creía que el divorcio la iba a liberar de él, estaba equivocaba. Ella huyó del país después de que él le dijo que él y sus amigos la iban a asesinar y tirar su cuerpo en el río.

Cuando A-B- vino a EE. UU. en busca de asilo, su caso fue escuchado por un juez de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte, llamado V. Stuart Couch, quien es famoso por su alta tasa de denegación. Couch negó su asilo; A-B- apeló, y la decisión fue anulada por la Junta de Apelaciones de Inmigración, la misma junta que falló favorablemente en el caso de 2014.

La Junta envió el caso al Juez Couch para que fueran completados los chequeos de seguridad y se otorgara el asilo. Sin explicación, Couch se aferró al caso y se negó a conceder el asilo según lo indicado. Y luego, desviándose de los procedimientos normales, Sessions tomó jurisdicción.

El fiscal general sí tiene el poder para reconsiderar cualquier decisión por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sin embargo, las irregularidades en el procedimiento, junto con la posibilidad de que Sessions puede estar utilizando su autoridad para cambiar drásticamente el precedente sentado en el caso de Cifuentes, son preocupantes. Sessions se ha entregado a sí mismo el poder no sólo para decidir el destino de A-B- sino también finalmente fallar sobre cómo nuestro país maneja las solicitudes de todos los sobrevivientes de violencia doméstica en busca de asilo.

Para ser claros, aún no sabemos lo que Sessions decidirá. Pero dentro del contexto de la antipatía de la administración de Trump hacia quienes buscan asilo, y las declaraciones y acciones de Sessions con respecto a las mujeres inmigrantes, su decisión de asignarse a sí mismo jurisdicción no es buena señal. Los solicitantes de asilo que han llegado a la frontera estadounidense en busca de protección han sido vilipendiados por esta administración.

El gobierno se ha enfocado en las mujeres de maneras que hubieran sido impensables bajo las administraciones anteriores, incluyendo separar a las madres que llegan a la frontera de sus hijos y detener a las mujeres embarazadas. Sessions mismo ha expresado su profundo escepticismo sobre las solicitudes de asilo basadas en la persecución relacionada con el género.