Columnistas

Subsidios, un reto

24 de marzo de 2017

Una tendencia cada vez mayor a nivel mundial es la implementación de políticas agrícolas que hagan más competitivo el sector agropecuario. Para tal propósito se vienen adelantando reformas en las estructuras de apoyo al sector.

Esto ha llevado a que el apoyo total a la agricultura (como porcentaje del Pib) sea, en las naciones miembro de la Ocde, en promedio, de 0,8 por ciento. En el caso de Estados Unidos y Canadá, dicho guarismo es de 0,5 y 0,4 por ciento, respectivamente.

Estos valores son muy similares a los que tienen algunas naciones latinoamericanas que tienen agriculturas relativamente importantes, como México (1,7 por ciento), Brasil (0,4 por ciento) y Chile (0,3 por ciento).

Según el Bid (Sistema AgriMonitor) estos valores son sustancialmente menores a los que tienen otros países de la región, como Perú (2,1 por ciento), Costa Rica (2,3 por ciento) y Colombia (1,7 por ciento).

Según un estudio del Bid (“Revisión de las políticas de apoyo agrícolas en América Latina y el Caribe”), para que el sector agropecuario de las naciones latinoamericanas esté en capacidad de desarrollar su potencial de manera competitiva es necesario “mejorar el entorno general de las políticas públicas en el que opera”.

En particular, los autores señalan varios temas que deberían ser abordados por los países, entre los que se encuentra la “priorización de las inversiones en bienes y servicios públicos agrícolas”.

En este sentido se señala que en la región existe la necesidad de “alejarse de la ayuda agrícola directa” para invertir más en conocimiento, en educación y en infraestructura estratégica, de tal forma que se consigan mejoras en la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector.

En el estudio se plantea que, si los gobiernos consideran necesario utilizar, en determinadas circunstancias, el apoyo directo al agricultor, se debería reducir el apoyo a los precios de mercado, no aplicar los subsidios a los insumos y utilizar los pagos directos al productor.

El problema que tienen los apoyos a los precios de mercado es que, al alejarse de las señales de los mercados, se presentan distorsiones en la producción y el comercio. Adicionalmente, este tipo de apoyos terminan pagándolos los consumidores de bajos ingresos, lo que tampoco redunda en algo positivo para la economía de un país.

Los subsidios a los insumos han mostrado, en la mayoría de los casos, ser ineficaces, pues afectan el uso adecuado de los mismos y distorsionan la producción y el comercio.

Los pagos directos al productor pueden ser un medio eficaz para alcanzar objetivos específicos de política como lo es mejorar los ingresos agrícolas; un caso relativamente exitoso de este tipo es el Programa Procampo en México.

Sin embargo, y como se señala en el estudio citado, “estos pagos deben estar vinculados a objetivos concisos y metas claras, y deben ser específicamente diseñados para un problema en particular”. Además, deben aplicarse de manera transitoria.

Por su pertinencia para el caso colombiano, estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta tanto en la política agrícola como en la ejecución de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.