Tapen, tapen...

Con gran preocupación hemos leído esta semana la entrevista dada por la joven Concejal de Medellín María Paulina Aguinaga Lezcano (docta en Finanzas y Relaciones Internacionales y con maestría en Economía y Desarrollo de la Universidad de Chicago), al periódico “Vivir en El Poblado” (edición 678, páginas 8-9), intitulado “La concejala que le cantó las cuentas a EPM”. Allí, de forma directa y sin rodeos –como lo hizo en la ponencia del pasado 29 de junio para el debate de control (colgado de YouTube) que promovió con la también edil Luz Marina Múnera Medina–, la lozana líder política habla de los “descalabros financieros” sufridos por la otrora pujante empresa a raíz de sus inversiones en el exterior.

Por ello, cuestiona múltiples negocios como el de la hidroeléctrica Bonyic construida en Panamá, que valió casi cinco veces lo presupuestado (con un sobrecosto de 250 millones de dólares) y representó pérdidas acumuladas de 122 millones de dólares desde que empezó a funcionar. También, señala lo sucedido con la sociedad TICSA de México, operación de la cual solo se ha recibido el 13% de lo que se tenía presupuestado; a ello se añade el increíble caso de Aguas de Antofagasta en Chile, una concesión que implicó un endeudamiento por 400 millones de dólares y, dice la entrevistada, “no les alcanza para pagar ese préstamo”.

Es más, en el reportaje –cosa que también hizo la concejal Múnera Medina en su intervención en la sesión correspondiente– se habla de posibles puertas giratorias a raíz de estas inversiones: “Hay que preguntarse a quién le liberaron el capital atrapado. Qué empresas han llegado o tienen interés en ciertos países. Y que EPM sirve de escudero para abrirles el camino”. Y advierte Aguinaga Lezcano: “yo no hablo de nombres. Los dejo para que crucen los mapas... miremos donde está el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle. Y miremos qué es Celsi, otra generadora de energía filial de Argos. Y miremos qué intereses tienen”.

En fin, se afirma que la compañía tiene graves problemas de liquidez y de endeudamiento “así traten de ocultarlo”, porque “en este momento por cada peso que debe en el corto plazo, la empresa tiene 79 centavos”. Y, por supuesto ahora, después del sonado debate, la funcionaria le endilga también responsabilidades al gerente actual por omisión “porque no ha tomado cartas en el asunto” y al alcalde dado que, pese a sus promesas, “no ha dicho nada”.

En la sesión se mencionaron, además, diversas compañías compradas por EPM (algunas radicadas incluso en paraísos fiscales) que no tienen como misión los servicios públicos, con cuya adquisición se viola de manera grosera su objeto social y, por ende, la ley de servicios públicos domiciliarios vigente, cosa que empezó hace ya diez años. Por eso, en esas intervenciones se cuestionó a las últimas administraciones de EPM y de la ciudad, y se escucharon calificativos que hacen pensar en asuntos muy turbios: “negociados”, “malos negocios”, “violadores de la ley”, “delincuentes”, “regalar el dinero público en el extranjero”, “mentiras al Concejo de Medellín”, etc., fueron expresiones de la edil Múnera Medina quien, adviértase, como funcionaria pública obligada a ello, pidió a la Contraloría una auditoría general a todos esos negocios.

No obstante, todo parece quedarse en vacíos discursos oficiales y nadie se pronuncia con la claridad esperada. Bien valdría la pena, entonces, por tratarse de fondos públicos y de un ente muy querido por todos los antioqueños, que sus administradores (también los anteriores) le aclararan a la comunidad lo atinente a estos descalabros, a los cambios en su objeto social y que los organismos de control, para el caso la Fiscalía General de la Nación, iniciaran las investigaciones de rigor porque los posibles delitos cometidos, como peculado, falsedad y celebración indebida de contratos, son de investigación oficiosa.

¡Hechos tan graves no pueden quedarse en silencio máxime si las denunciantes emiten argumentos sólidos y exhiben pruebas de sus afirmaciones!.