Un sistema penitenciario 5G. ¿Se puede?
En la nueva ecuación de la “paz total”, la relación Estado-sociedad-población carcelaria es fundamental y requiere una transformación radical. Nos sigue quedando grande el sistema penitenciario.
El Ministerio de Justicia ha venido perdiendo brillo, cada vez más apocado, intrascendente. Pasan los días y no lidera nada contundente. Ni una Justicia pronta ni eficaz, ni una gestión moderna del Inpec ni de las cárceles, ni una real transformación digital de la rama judicial, ni mucho menos un modelo mockusiano de cultura de la legalidad. En fin. Parece que aquello de #EsConHechos, no va con este ministerio.
En la otra cara de la moneda, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte, por fin, no nos está quedando grande mejorar la infraestructura. En los últimos 16 años los logros han sido muy importantes. Los resultados son contundentes y llenos de buenas noticias para el país. La política del gobierno del presidente Duque de “concluir, concluir, concluir”, sin duda, fue acertada. Contra la narrativa de que todo está mal, existe la narrativa de que muchas cosas funcionan bien. El debate es con datos. Estamos avanzado en la ruta correcta. Más vías terciarias y más autopistas 5G, entre otras.
Ante lo aprendido, por fracasos y éxitos en distintos sectores, aparece una hipótesis: Para cambiar el sistema penitenciario, se requiere gerencia e inversión.
En gerencia deberíamos replicar los modelos exitosos de las agencias nacionales, por ejemplo la ANI o la ANH. El sistema penitenciario debería pasar a una agencia nacional para lograr una gerencia con productividad.
En inversión se requiere un esfuerzo especial. Hoy la inversión es nula. Solo gasto. $3 billones anuales. Ante una nueva reforma tributaria, debería crearse un tributo de destinación específica de inversión social para transformar el modelo integral del sistema penitenciario.
Además de crear una renta nacional de destinación específica con los asteriscos que ha definido la Corte Constitucional y sus efectos redistributivos para realizar los fines sociales del Estado, hoy contamos con una herramienta muy poderosa. La figura de obras por impuestos. Tiene miles de ventajas. Reduce la corrupción, aumenta la productividad y establece un espacio para las alianzas público-privadas de la mano de la ley de seguridad ciudadana. Con el reciente decreto 1.208 de 2022, se amplían las opciones para desarrollar proyectos de infraestructura en todas las regiones del país que sean estratégicos para la reactivación social. El espíritu de este decreto y la figura de obras por impuestos abren un espacio para innovar en este sector.
Transformar nuestra relación con la población carcelaria —100.000 personas— nos reta a declarar este proyecto como de importancia nacional por su impacto estratégico en la reactivación social de la nación. Es hora de pensar en nuestra población carcelaria. De pensar en grande, en un sistema penitenciario 5G que proteja la sociedad, pero que no destruya al preso. Que sea el comienzo de un futuro con cárceles vacías. Sin presos. No por impunidad. Sino por desarrollo social y bajas tasas de criminalidad. Miremos a Holanda. Soñemos con muchos Het Arresthui