¿UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL?
Paula Alejandra Torres Cabrera salió el cinco de diciembre con sus compañeros de trabajo a celebrar su cumpleaños número veintiocho a una discoteca situada en el Barrio Restrepo, al sur de la ciudad de Bogotá. Sobre las nueve de la noche, dado que padecía síntomas de alicoramiento, sus acompañantes contrataron a un taxista para que la transportara hasta el Barrio 20 de julio –situado a diez minutos del lugar– donde convivía con su pareja sentimental, quien la esperaba en la estación de Transmilenio.
Cuando la joven, en el estado ya dicho y vestida como un hombre (por lo cual se le conocía con el mote de Carlitos), se encontraba a unas cuatro cuadras de su casa a la altura del Almacén Metro, se bajó del vehículo en forma repentina. Luego, intentó abordar otro automotor guiado por un conductor acompañado de una mujer; ello, generó alguna disputa entre ambos y como aquel la agredió ella solicitó la ayuda de la Policía.
Sin embargo, hacia las 9:15 de la noche dos uniformados la subieron esposada y a la fuerza a una camioneta oficial; de eso dio cuenta a su compañera a su padre José Alejandro y a Ana, su esposa, advirtiéndoles que los agentes del orden golpeaban y arrastraban por la calle a la dama (elespectador.com, 11-XII; pacifista.co, 13-XII).
Según el reporte policial, Paula Alejandra fue trasladada por los servidores públicos a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) ubicada en Puente Aranda, carrera 32 n.° 14-20, centro-occidente de la capital, a la cual llegó con vida sobre las 9:50 de la noche, esto es, unos treinta y cinco minutos después de la aprehensión con la que se pretendía –dice, de forma irónica, ese documento público– “evitar daños en su integridad o la de terceros”. Sin embargo, según el informe médico, la joven ya exánime fue trasladada por las autoridades al hospital San José sobre las 10:17, a donde arribó sin signos vitales.
El padre de la víctima, enfermero de profesión, quien clama a gritos para que se establezca la verdad, ha exhibido ante los medios (Kienyke.com, 13-XII-2015) fotografías del cadáver de su hija en las que se evidencian los golpes que le propinaron y una marca alrededor del cuello, hechos que no aparecen contenidos en el reporte policial firmado por la patrullera Alejandra España y por el defensor del pueblo (¿?) Leonardo Torres, en el cual solo se consignan los datos básicos de identificación de la retenida.
La propia Policía le manifestó al progenitor que ella se había ahorcado con un cordón que era el adorno de su pantalón, dentro de la celda de la UPJ. Y esa, adviértase, fue la versión oficial que suministró el General Humberto Guatibonza, director de la Policía Metropolitana: “...el uniformado, que estaba de servicio, se dio cuenta de que la joven se había intentado ahorcar y en su afán por salvarle la vida, la subió a un vehículo de la institución y la llevó al hospital” (elespectador.com, 14-XII).
Esa afirmación la rechaza de forma categórica la familia: “ella estaba feliz con su nueva vida. Hacía pocos meses se había ido a vivir con su novia y estaban muy bien. Tenía estabilidad laboral. Tenía estabilidad sentimental y familiar. En estos momentos era una joven feliz” (Kienyke.com, 13-XII); y también se pronuncia en contra El Aquelarre, una coalición de organizaciones civiles defensoras de los derechos de la comunidad transgénero.
Como es obvio, en un verdadero Estado de Derecho no es posible que las personas ingresen con vida a las dependencias policiales y, luego, aparezcan groseramente ultimadas. Frente a abusos tan evidentes los mandos policiales, en vez de dedicarse a apagar incendios por los gravísimos escándalos de corrupción actuales, deberían apersonarse de estos repetidos casos que suscitan rabia e indignación para evitar que el silencio cómplice lo envuelva todo y posibilitar que familias humildes como la damnificada puedan, algún día, decir feliz navidad y próspero año nuevo.