Una pirámide para matonear
En estos días han aparecido en las llamadas redes sociales algunas denuncias sobre la presunta destinación de dineros oficiales al pago de un sórdido servicio de propaganda favorable al gobierno mediante mensajes breves y ofensivos. A uno de los posibles beneficiarios de esa tarea torticera como que le pagaron más de setenta millones de pesos por atacar a los ciudadanos que emitan críticas al régimen. Por lo que hasta ahora se ha conocido, tal parece que los orientadores y operarios de tal estrategia actúan como si formaran una suerte de pirámide propagandística destinada al matoneo mediático.
A la aparición inesperada de troles, de sujetos que no dan la cara, de difamadores que se amparan en el anonimato más abominable hemos tenido que acostumbrarnos los usuarios de Facebook, Twitter y demás canales de conexión informática. Arremeten con el más agresivo primitivismo. Son cavernícolas con los que es imposible establecer interlocución, por su incapacidad absoluta de elaborar mínimos argumentos que les acrediten la posesión de alguna seña siquiera elemental de racionalidad. Son tipos que marcan la paradoja tremenda de la red, como plataforma de expresión plural, abierta y democrática, pero también como espacio disponible para la incompetencia comunicativa más deprimente y la falta abrumadora de respeto por los demás. Carecen de condiciones básicas para vivir en sociedad.
Que esas manifestaciones de barbarie sean de personas ignorantes, advenedizas e inexpertas en el uso de la internet y fascinadas por la facilidad con que publican lo que antes apenas alcanzaban a decir en privado, es, claro está, un problema de ética del que tiene que encargarse la educación en todos sus niveles y etapas. Hasta en medios periodísticos serios fallan de vez en cuando los filtros y controles de edición y se cuelan agravios firmados con motes, sobrenombres o alias. Pero que esa práctica pueda ser patrocinada, pagada, auspiciada, protegida o estimulada desde alguna oficina pública, esto sí es el colmo.
Más de un delito puede estar cometiéndose. Les toca investigar a los responsables de las unidades de garantizar la seguridad informática. Primero, deben verificar la autenticidad y la pertinencia de las denuncias, con base en datos e indicios de dominio público. Y luego, establecer el grado de culpabilidad, de complicidad o de compromiso de los que estén involucrados en una actividad que contraría las instrucciones gubernamentales en materia de tolerancia, de invitación a la paz y a la unidad expuestas en el discurso presidencial del 20 de julio, que no me convence, mientras no se prueben resultados objetivos y mientras el primer mandatario, así se haya esmerado por manejar con destreza el teleprónter, mantenga una modulación vocal inadecuada y un tonito por lo menos arrogante para seguir hablándonos a todos sus conciudadanos.