UNA SEMANA DE TORMENTA
Colombia acaba de vivir una de las semanas más sombrías de este año: el mismo día en que cientos de miles de ciudadanos marchaban por las calles protestando contra un polémico proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno, el país se convertía en el cuarto en el mundo con más muertes de víctimas de covid-19 durante la última semana.
Así lo confirman los datos del portal worldometers.info, publicados por El Tiempo. Colombia tuvo 3.204 fallecimientos causados por el virus durante los últimos siete días. En las estadísticas, delante solo están India, con 21.385 muertes, Brasil, con 17.660, y Estados Unidos, con 5.030.
En medio de las protestas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ―Dane― reveló cifras que muestran las dimensiones de la catástrofe social que está viviendo Colombia: hoy 7,47 millones de personas están en situación de pobreza extrema, lo que quiere decir que hay 2,79 millones de pobres más que el año pasado. La cifra de colombianos sin trabajo se elevó a 4,1 millones de personas. Debido al desempleo, hoy 2,3 millones de hogares solo alcanzan a consumir dos comidas al día. Se prevé que 3,6 millones de personas más quedarán este año en situación de pobreza extrema. A estas cifras aterradoras hay que sumar la del cierre de más de 500.000 empresas en el último año.
Ignorando esta catástrofe, el gobierno del presidente Iván Duque presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria ―disfrazado con el nombre de “Ley de solidaridad sostenible”― que busca recaudar 23,4 billones de pesos para financiar el déficit fiscal.
El proyecto fue rechazado por todos los partidos de oposición y recibió críticas hasta de los aliados del Gobierno porque, como admitió el ministro de Hacienda, el 73 % del recaudo fue impuesto a las personas naturales y el resto a las empresas.
De este modo quedan gravados productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz, gas, teléfonos), algunos alimentos, muchos insumos de producción agrícola, y hasta los servicios funerarios. También son obligados a declarar ingresos las personas con salarios mayores de $2,6 millones de pesos.
En cambio, las empresas reciben una disminución de impuestos de su renta líquida que pasa de 33 % en 2019 a 30 % en 2022. Además, tienen descuentos del 50 % del pago que hayan hecho en impuestos de industria y comercio y en el gravamen a las transacciones financieras (el 4 x 1.000). La reforma de “solidaridad sostenible” tampoco toca los capitales que están en los paraísos fiscales, calculados en 300 billones de pesos. Con ellos se podrían recaudar 18 billones de pesos de impuestos de los 23,4 billones que busca el gobierno.
El economista Salomón Kalmanovitz dice que “en vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9 % de sus utilidades de 121 billones de pesos”. Según él, “de ahí parte el gran malestar que estamos viendo en las calles de Colombia”.
Yo resumiría en dos imágenes esta catástrofe de muertes por el coronavirus, de hambre, de desempleo y de protestas contra la reforma:
La primera es una foto publicada en Facebook. En ella aparece Teresa, una humilde mujer sin casa ni empleo, cargando a Julián, su hijo inválido, en su brazo derecho, y sosteniendo la bandera de Colombia en su brazo izquierdo, mientras marcha por las calles de Manizales protestando.
La segunda es la pancarta que lleva un grupo de manifestantes por las calles de Bogotá con una frase que dice: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”