Columnistas

UNA SÚPLICA

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22 de octubre de 2016

Amable lector. Cuando se conoció el resultado del plebiscito nadie podía creerlo. El desconcierto del jefe del Estado y de quienes lo acompañaban fue grande. Pocos días después las desafortunadas declaraciones de Juan Carlos Vélez les mitigó un poco la pena, y luego el premio de la Paz, otorgado al señor presidente, les dio un nuevo aire y recuperaron la confianza.

A partir de entonces las críticas a los que cuestionaron el acuerdo de La Habana son más numerosas y acerbas. Entre otras, vale la pena señalar la de ese gran señor, el expresidente Ernesto Samper. El pueblo colombiano está dividido no por la paz sino por la forma de llegar a ella. A los que votaron por el no se les ha tildado de ignorantes o que fueron engañados. Lo mismo, pero con mejores argumentos, podría decirse de los que votaron por el sí.

En principio nadie debería preocuparse cuando en dicho documento se menciona la reforma rural integral, participación en política, solución al problema de las drogas y menos cuando se habla de erradicar la pobreza, y tener empleo digno, vivienda, salud y educación. Este acuerdo no es una novela donde el lector pueda pasar por alto algunas páginas. Es forzoso leerlas una a una, para reflexionar ahora y no después.

La esencia de esta discordia se encuentra en los convenios de La Habana, que muy pocos de los nuestros han leído; menos los de afuera. Cualquiera con un poco de criterio, sabe que perdonar a criminales de lesa humanidad y además premiarlos con dignidades que la mayoría de los colombianos de bien nunca podrán alcanzar, no debe ser motivo de controversia.

Tampoco parece razonable censurar a quienes consideran que el negocio de la coca no se debe perpetuar; ni empañar nuestra Carta Política con múltiples textos que a la postre crearán más sombras que luz.

La historia, a pesar de las deformaciones de quienes la escriben, nos enseña que somos diferentes. A manera de ejemplo, basta mencionar la Guerra de Secesión (1861–1865) en Estados Unidos y la Guerra Civil de España (1936–1939). En ambas, hermanos contra hermanos, lucharon hasta la muerte. Al final de estas contiendas los vencedores impusieron las condiciones, duras o generosas, pero las impusieron.

Acá, por el contrario, el Estado ocupó la silla perdedora y fueron los jefes guerrilleros quienes desde un principio exigieron lo que les vino en gana. El presidente, consciente o no de lo que otorgaba, firmó una segunda carta política, que cuando la gente deje de soñar, comprenderá que una paz estable y duradera será una quimera.

Los criminales de lesa humanidad, secuestradores, extorsionistas y violentos, en términos académicos serán sancionados, pero en la práctica, solo tendrán privilegios que no tienen los demás.

Hago una pausa para invocar al señor presidente que tenga piedad por los que sufren en una cárcel, entre otros Andrés Felipe Arias, a quien no conozco.