Una vuelta a lo criminal en la política (2)
Los intereses criminales coexisten con el Estado y la política. Se entrelazan para configurar regímenes de mutuo beneficio. Como resultado de marcos de tolerancia o transacción, lo criminal permea el poder político y el poder político aprovecha las prácticas criminales para consolidarse. Se trata de una relación simbiótica, evidente en algunos espacios locales y más tácita (o camuflada) en el orden nacional (pero igualmente incuestionable).
Sobre la base de acomodamientos, diversas expresiones del crimen organizado buscan no sólo evadir la confrontación directa con el Estado, sino que estabilizan pactos de colaboración necesarios para la defensa de sus intereses. No se trata de acuerdos formales; sin embargo, son arreglos asegurados por la brutal efectividad de la (amenaza de) violencia. Su incumplimiento es sancionado con plomo.
En la medida en que el crimen organizado subsiste al lado del poder público, se desarrolla una dinámica que tiende a estabilizar la defensa de los intereses de quienes logren acumular y controlar los medios disponibles de violencia (sean legales o ilegales). Las interacciones, en el nivel local, entre los distintos intereses (privados y públicos, legales y ilegales) determinan las reglas de juego, configuran la autoridad política, y regulan su poder mediante el control de los medios de violencia.
El hecho de que estas alianzas sean relativamente estables no quiere decir que no haya campo para la fluctuación. De hecho, en momentos de contienda política, además del despliegue de la confrontación ideológica (o de propaganda), la disputa por el control del poder se da mediante la movilización de recursos violentos. La reconfiguración del poder político local es el resultado de adhesiones por convicción o por conveniencia, así como por intimidación y miedo.
En espacios en los cuales la concentración de los medios de violencia es débil o entra en disputa, la violencia será más explicita y se registrarán escaladas de eventos violentos (como homicidios). En espacios en los cuales el dominio de los medios de violencia es concentrado, la violencia se evidencia de manera más sutil, pero no menos severa. En ambos escenarios, la violencia es el recurso determinante en la reconfiguración del poder político.
Los intereses políticos y criminales confluyen en el interés de controlar los capitales económico, político y cultural. Equivocadamente se trazan asociaciones simples que, por ejemplo, reducen los intereses criminales al saqueo económico. Sin embargo, su marco de estímulos y motivaciones es más complejo: se extiende al dominio de lo social y lo político como una forma de control. La dinámica resultante, especialmente con el paso del tiempo, enmaraña los intereses políticos y criminales.
En escenarios locales, en países como Colombia o México, en los cuales el control de los medios de la violencia no está exclusivamente en manos del Estado, los intereses criminales adquieren mayor precedencia en el ejercicio de la política, y los políticos se despojan de constreñimientos ordinarios con tal de controlar los recursos violentos como medio para acceder al poder.
Obviamente lo que le falta en la fórmula para establecer un régimen deseado es que el Estado actúe como poder regulador. Precisamente, es esa ausencia (original) la que permite que la perversa combinación entre criminalidad organizada y política se haga cargo de la máscara del Estado en lo local.
Mientras las reglas de juego sigan inalteradas, no importa cuántos capos o políticos corruptos caigan, la política seguirá siendo criminal y los criminales continuarán haciendo parte de la política.