UNIVERSIDAD DE “CONTRATISTAS”
Los hechos del siete de julio cuando fue muerto el presidente de Haití Jovenel Moïse, obligan a la reflexión máxime si entre los 28 implicados más de una veintena son exmiembros del Ejército Nacional; sin duda, el paso de los días ha mostrado la extrema gravedad del asunto. Se está, pues, como diría la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios (cuatro de diciembre de 1989, sin desarrollos legales aquí), ante el manejo, incorporación y entrenamiento de nacionales para actividades que quebrantan principios propios del derecho internacional tales como los de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial de los Estados y libre determinación de los pueblos.
Y ello, adviértase, obliga a indagar por los antecedentes y las actividades que ese tipo de personas cumplieron al interior de las Fuerzas Armadas. Es más, también la pesquisa debe extenderse a las empresas que llevan a cabo el reclutamiento, la logística y la agrupación de las mismas y, además, es perentorio saber si estas últimas también han penetrado a nuestros cuerpos armados. Eso es vital para que afloren las responsabilidades y poder evitar, así, que el manto del silencio encubra a otros que podrían contribuir a este tipo de procederes, amén de hacer claridad sobre lo que ahora sucede. Esos entes colectivos tienen, en todo caso, que respetar el derecho nacional y, además, ceñirse a los dictados del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
Lo de Haití es apenas la punta del iceberg de ese lucrativo oficio que, sin proponérselo, alimenta el propio Estado colombiano, porque gracias a terceros inescrupulosos nuestras Fuerzas Armadas terminan por suministrar personal humano no solo para un tráfico internacional de contratistas, quienes deambulan por el mundo e intervienen en múltiples conflictos globales, sino que además alimenta a otras organizaciones criminales. Recuérdese lo que sucede en materia de tráfico de drogas, armas, paramilitarismo, etc.; el tema es tan preocupante que hasta en el reciente atentado al presidente Duque y sus acompañantes, que casi les cuesta la vida, aparece sindicado un exmilitar.
En efecto, el Estado invierte ingentes recursos materiales y humanos en la preparación y profesionalización de sus soldados y policías (muchos de ellos pasan, incluso, por academias de los Estados Unidos) y, al alcanzar un grado de formación suficiente, piden la baja (recuérdese: los cobija un régimen excepcional que les permite pensionarse muy jóvenes, cuando cumplen el tiempo de servicio), o, sencillamente, se retiran para integrarse a esas empresas (también a otras actividades) que compran las destrezas y conocimientos adquiridos en el conflicto interno y los venden, como cualquier objeto, al mejor postor. Así, pues, se contribuye al régimen global que –en el contexto neoliberal– volvió a la seguridad otra mercancía y privatizó la guerra.
Es, pues, urgente emprender una reforma seria sobre la forma como se recluta y retira a los miembros de esos organismos, para ponerle coto a lo observado durante las últimas dos décadas; incluso, las Fuerzas Armadas deberían disponer de mecanismos de seguimiento a sus soldados dados de baja o retirados. No basta, pues, con condenas en público por parte de algunos mandos en el sentido de que los patibularios no pertenecen al ente castrense; las autoridades legítimas tienen que explicarle al país –con claridad– en manos de quiénes estamos y precisar si al interior de las propias fuerzas hay personal que fomenta ese delicado asunto que toca con la seguridad nacional.
En fin, quienes juraron defender la Constitución y la Ley al ser vinculados a los cuerpos armados, así sea desde el retiro (¡para eso se les jubila!), tienen la obligación de defender las instituciones, amar a su Patria y propender por el orgullo militar. Algo que supone profunda rectitud, grandeza, obediencia, humildad y denuedo, porque este cuerpo de hombres debe ser el escudo institucional para preservar la paz, garantizar la necesaria convivencia y fomentar la democracia