Vallas donde vayas
Aunque son muchas las zonas de la geografía nacional ignoradas por el Estado, no hay rincón de esa geografía donde, en épocas preelectorales, no encontremos publicidad política. En ese propósito todos los espacios son urgentes y productivos. Media de ron o un tamal borran qué tan ignorados han sido de los programas nacionales y su papel como objeto de burla de las promesas de campaña.
Al observar la publicidad en las calles, carreteras, caminos veredales, postes de energía, paredes, vidrios de vehículos, volantes, anuncios de prensa, la incursión estrepitosa en las redes sociales, incluso, en los correos personales y las pautas de radio y TV, queda la sensación de que somos todavía una cultura incipiente, de la imagen, la sugestión y la guerra sucia, dominada por quien mejor administre el discurso o logre su mejor pinta en las piezas publicitarias.
Detrás de cada trabajo de publicidad hay un acucioso estudio de impacto con el mensaje que se pretende transmitir. El fotoshop no es solo para la imagen, también es para las ideas.
Según datos publicados por La Silla Vacía, sin contar a Cundinamarca y Bogotá, los topes de campaña autorizados para las alcaldías están entre $330.000.000 y $1.318.000.000, y para las gobernaciones, entre $659.000.000 y $1.746.000.000. Sumados todos los montos, dan una cifra escandalosa que soñaríamos invertida en educación, salud, vivienda, carreteras, promoción del campo, o en el posconflicto, si tenemos la fortuna de llegar allá.
Pero los valores reales de las campañas nunca se parecen a los topes autorizados; suman cifras astronómicas que la Registraduría no controla, porque hay muchas formas para maquillarlas. Según datos del mismo medio informativo, los valores reales en el Cesar pueden llegar hasta $15.000.000.000 para la gobernación, y $10.000.000.000 para la alcaldía, cifras comparables con pocos renglones del presupuesto nacional.
En la apuesta de quién tiene mayor respaldo económico, pocos candidatos cuentan con presupuestos autónomos para desarrollar sus campañas. Su aspiración solo es posible con apoyos, generalmente del sector privado, que amarran la gestión transparente de la política. Esos favores adquieren onerosos dividendos que finalmente son pagados, no del bolsillo de los elegidos, sino del presupuesto de la Nación.
El botín codiciado está en la contratación y el acceso a cargos públicos. Muchos creen que ese despilfarro -corrupción- va en detrimento de un concepto abstracto de Estado, pero somos todos los colombianos, sobre todo los de a pie, quienes pagamos esas costosas dádivas. Entre la nebulosa de los intereses personales y los compromisos por los apoyos económicos se esfuman los intereses reales de las comunidades.
Muchos procesos electorales del planeta siguen zambullidos en estas costumbres de derroche y farsa -mal de muchos, consuelo de tontos-, pero no es imposible que llegue el día en que nuestros comicios estén precedidos por debates maduros, y no por la tradicional escena carnavalesca; debates moderados por analistas responsables que, desde distintas perspectivas, logren aterrizar las propuestas de los candidatos; debates en diferentes escenarios en los que las comunidades marquen incongruencias de campaña y exijan programas que respondan a sus verdaderas necesidades y no sean burbujas de ilusión que se desinflan en los primeros meses de gestión.
Es un proyecto de formación de largo aliento, que urge fortalecer desde las entidades educativas, las juntas comunales y los medios de comunicación. No partimos de cero.
Hemos tenido experiencias administrativas en varias ciudades del país en las que se ha trabajado la cultura ciudadana. Huellas quedan, pero no son suficientes. Por eso urge persistir, hasta lograr modos realmente democráticos y transparentes para llegar a los escaños de las corporaciones legislativas y a los cargos públicos.