Volver a los modos naturales de la democracia
En estos días, por iniciativa del presidente Santos, se aviva una polémica, que en momentos coyunturales de la historia nacional se ha ventilado, con el brumoso argumento de acabar con la corrupción. Me refiero a la financiación estatal, por dos períodos de prueba, de las campañas políticas. Los recientes escándalos han urgido la necesidad de eliminar la financiación del sector privado como una propuesta para resolver la grave crisis de corrupción que afecta el sistema político colombiano.
La pretensión es loable, pero su formulación no pasa de ser un sofisma de distracción. Con los costos que acarrean las campañas políticas, el Estado se desangraría. No tendríamos presupuesto para ninguna inversión social. Es una propuesta inoportuna, más ahora que encaramos la difícil administración económica del posconflicto.
Campaña tras campaña nos hemos ido aferrando a modos extravagantes y de enormes costos. Son escandalosas las cifras dilapidadas en vallas, transporte, volantes, cuñas publicitarias, coimas, banquetes y en campañas sucias, que confunden y generan bolas de opinión en las redes sociales. Paso a paso nos inventamos que son los excesos y las mentiras las mejores formas de hacer política. Indudablemente, sus costos no se recuperan de forma natural y legítima. Se recuperan con favorecimientos, con decisiones que tomarán los elegidos en el ejercicio de sus funciones, con leyes que favorezcan aspiraciones contractuales.
Con excepciones, que siempre las ha habido en el Congreso, los concejos, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones, sabemos que los políticos salen de las corporaciones y de los cargos públicos enriquecidos. Quiere decir que no solo recuperan la inversión electoral, sino que, además, queda un amplio plus que les permite terminar su ejercicio público, en algunos casos, con enormes fortunas. Todavía no hemos tenido ponderación y análisis real de los costos de esas justas faraónicas. Las sumas invertidas son brutales, cuantías por las que cualquier ciudadano preocupado se preguntaría cómo recuperarlas. Lo que genera una incógnita bastante incómoda de la que saltan vergonzosas explicaciones. Todo ese dinero nos lo sustraen a los colombianos; no sale de ninguna otra parte. Es un vergonzoso fenómeno que no se explica con ese concepto abstracto y absurdo de “defraudar al Estado”. Somos cada uno de los ciudadanos los estafados.
La opinión pública viene manifestando de forma profusa su inconformidad y la sensación de últimos límites para estos abusos. En ese sentido crecen como bola de nieve movimientos que exigen en las redes sociales profundas transformaciones. Es posible que este sea uno de los motivos contundentes para que un pequeño grupo de políticos, algunos ya instalados en responsabilidades públicas, y distantes de los partidos tradicionales, coincidan en tomar como bandera de sus postulaciones la lucha contra la corrupción. Ojalá no se quede solo en bandera proselitista, y sea una tarea de efectivos resultados.
La fuerza de la opinión ciudadana tiene que llevar a una profunda transformación de los modos de hacer política en nuestro país. De una década hacia acá, hemos tenido ya políticos independientes que han dado pasos importantes en este sentido. Han demostrado que es posible hacer política bajándole participación a la financiación privada y con estrategias trasparentes de bajo costo. Es preciso volver a los modos civilizados de los que nos hemos alejado, volver a la defensa personal de las ideas y de los proyectos en la palestra pública, en las calles, en las plazas, en las universidades, en los sindicatos, etc. Al Estado y a la empresa privada les correspondería facilitar y reglamentar la utilización equitativa de los medios de comunicación para que los candidatos expongan sus proyectos.