¡Volvió “Animalandia”!
El pasado nueve de diciembre el Fiscal General de la Nación realizó una ceremonia pintoresca: “condecoró” y “jubiló” a 15 perros (seres sintientes y con derechos, según la ley) que durante varios años prestaron su “invaluable servicio a la entidad”, según se lee en el Boletín N.º 36793 colgado en la página web de esa dependencia; este tipo de solemnidades no es nuevo porque, entre otros antecedentes, en noviembre de 2019 el entonces Fiscal Encargado hizo lo mismo con siete caninos.
A este nuevo remedo de entremés solo le faltó el discurso de agradecimiento de los premiados y, añádase, la lectura de la resolución por medio de la cual Colpensiones o uno de los generosos fondos privados, con los cuales muchos colombianos viven agradecidos, les reconocen su “merecida” pensión; por fortuna esos seres no hablan y, así los directivos del ente acusador crean lo contrario, tampoco entienden de qué se trata el asunto. Ni siquiera saben que son muy importantes en la lucha contra el delito, máxime si los conducen personas adiestradas.
A la par de lo anterior también los medios de comunicación reportaron otra noticia de esas que congelan la sangre: en la zona de influencia de Hidroituango, según el Auto AT-195-20 expedido por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han inventariado 2094 personas desaparecidas en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Estos atentados se atribuyen a los Bloques Mineros y Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a los Frentes 18, 36 y 5.º de las Farc-EP y, añádase, a unidades de la Fuerza Pública. Se trata, sin duda, de crímenes masivos –con actores diversos– que atentan contra los más caros valores de una sociedad civilizada.
A ello se añade que, según la Ong Indepaz, en este oprobioso año han sido inmolados 289 líderes sociales, cifra que contrasta con los 139 que reporta la Defensoría del Pueblo hasta finales del pasado trimestre, a los cuales se suman 60 firmantes del Acuerdo de Paz (se habla de 241 en cuatro años). A esos guarismos aterradores se suman los datos de aquel ente oficial según los cuales, entre comienzos de 2016 y septiembre de 2020, 710 promotores han sido sacrificados a lo largo y ancho del territorio (de ellos 95 mujeres).
Es más, según se desprende de un Informe del anterior Defensor del Pueblo, a finales de 2019 existían 983 personas amenazadas de muerte en el país; y, durante los primeros nueve meses del año, ese mismo ente reporta 539. Asimismo, según el Informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) viven hoy 4149 personas –1383 familias afrodescendientes– que no pueden salir de sus casas porque diversos grupos armados las tienen confinadas y amenazadas.
Pero además de los anteriores crímenes masivos se cometen otros atentados muy graves: la actividad de las delincuencias de cuello blanco, incluida la corrupción con las ayudas para los millones de damnificados por la pandemia y las catástrofes naturales; los delicadísimos delitos contra el medio ambiente y la salud pública; la criminalidad transnacional y la callejera en todas sus formas. Infracciones que no se investigan porque los funcionarios están encerrados en sus casas, y los entes encargados de administrar justicia no han diseñado planes de contingencia para que ella funcionara con alguna normalidad en estos difíciles momentos.
Eso sí, mientras el anterior espectáculo dantesco sigue su curso, el fiscal puede seguir condecorando canes y mirando para otro lado como si Fernando González Pacheco, otra vez, condujera a “Animalandia”; al fin y al cabo él es “el mejor preparado de su generación” y hoy, con creces, ayuda a escribir una nueva página de la “Historia de la Estupidez Humana” de Paul Taborí, con la que ni siquiera soñó nuestro nobel de Literatura para este mundo macondiano.