Y TAMBIÉN VAN A TUMBAR A EPM
Finalmente el Gobierno impuso su voluntad de vender en forma directa, que no subastar como lo ordena la Constitución y la ley, no solo su propiedad accionaria (57.61 %), sino que de paso se llevó y perjudicó a los otros accionistas: los minoritarios con un 20.36 %, los fondos de pensiones con un 8.89 % y a las Empresas Públicas de Medellín, a las que también le vendieron sin su consentimiento el 13.14 % de su participación en Isagén, el equivalente a 398.4MW y similar a la capacidad de El Quimbo, central cuya construcción tuvo un costo aproximado de $4 billones.
Y ese sería el costo de reposición del activo que tiene Epm en Isagén y que si le restamos los $0.59 billones que le correspondería del pasivo total, $4.47 billones, debería recibir $3.1 billones y no los $1.48 billones que Brookfield asset management le pagará por sus acciones en la oferta pública que se realizará en marzo.
Otro escenario jamás imaginado para los accionistas minoritarios y los fondos de pensiones (el 29.25 %), que invirtieron sus ahorros con la esperanza de incrementar sus patrimonios y dividendos, hoy no tendrán más alternativa que, “a regañadientes” enajenar sus acciones a un precio único, al fijado por el Gobierno.
Entonces la gran tumbada de los activos de Isagén continúa extendiéndose, así algunos ilusos opinen que fue un excelente negocio porque Brookfield va a asumir los pasivos, ni más faltaba que a los $6.49 billones consignados, le hubieran restado los $2.57 billones que el Gobierno tenía en Isagén correspondientes al pasivo total ($4.47 billones).
Toda empresa, cuando se vende o remata, se hace en el estado en que se encuentra y donde está (“as is”, como se expresa en inglés), y los estados financieros siempre reflejarán los pasivos en cifras reales, pero no ocurrirá siempre con ciertos activos que pudieron estar subvalorados, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Cañafisto de Isagén, que fue regalado, pues en el balance apenas aparece como “un activo en construcción”, de $15.614 millones, una cifra irrisoria.
Opinan algunos que esa operación no tiene reversa porque ya el “comprador” consignó y el Gobierno ha empezado a asignar los recursos producto de “la venta”; pero otra cosa piensan juristas sobre la operación, como un ex magistrado del Consejo de Estado, quien ha expresado públicamente que esta puede ser reversada, porque caben acciones contrarias como la demanda de nulidad de un contrato de compraventa en el que no hubo subasta ni remate por la ausencia de oferentes, sin trasparencia, “ni puja” para determinar el verdadero precio; un mecanismo necesario para haber fijado y maximizado el precio como lo ordena la ley y el fallo sería en derecho, al margen de que se hayan gastado la plata.