La situación, que se venía rumorando en las últimas semanas en el bajo mundo del Valle de Aburrá, fue denunciada en redes sociales por el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los cabecillas de tres bandas de Bello buscan traslados desde las cárceles a los resguardos indígenas. Foto ilustrativa de Manuel Saldarriaga.

“Primero pasan papeles diciendo que son miembros de una comunidad indígena, de la cual evidentemente nunca han hecho parte, y lo logran. Segundo, le solicitan a los jueces de Ejecución de Penas que, como son indígenas, que los pasen de las cárceles a un resguardo. Y tercero, los jueces como que comen cuento, y les ayudan”, explicó el politólogo y magíster en Estudios Humanísticos, exponiendo documentos judiciales como evidencia.

Según su denuncia, hasta el momento se han detectado cinco delincuentes involucrados en esta clase de trámites. De la banda “el Mesa” figuran, presuntamente, Jhonathan Alexánder Castrillón Arango (“Pirry”), Róbinson Abraham Tobón Duque (“el Perro”) y Néstor Estivell Rodríguez (“Peluche”).

Por parte de la organización criminal “Pachelly” aparece Albert Henao Acevedo (“Alber”); y, por “los Triana”, Maximiliano Gil Durango (“Tombito”).

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Todos ellos fueron capturados entre 2020 y 2022, por su liderazgo en estos grupos dedicados al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, desplazamientos forzados y tráfico de armas, entre otros delitos.

Extracto de los registros judiciales, con la petición de alias “Alber”, de la banda “Pachelly”. Cortesía.

El Colombiano conoció algunos de los documentos en los que constan sus peticiones a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas, responsables del seguimiento a sus sentencias. Detrás del papeleo, lo que buscan al parecer es que los remitan a lugares con condiciones mínimas de vigilancia.

En cuanto a “Alber”, uno de los principales líderes de “Pachelly”, en los registros de la Rama Judicial quedó documentada a principios de 2022 su solicitud de traslado desde la cárcel de Cómbita (Boyacá) al resguardo indígena Umbra Guaqueramae, ubicado en Quinchía, Risaralda. De momento no le han concedido la petición.

Extracto del registro de la rama judicial, en el que consta la petición de alias “Tombito”, de “los Triana”. Cortesía.

Alias “Pirry” también pidió que lo condujeran a este sitio, en la zona rural del Eje Cafetero, según Tobón. Y “Peluche” elevó su solicitud para que lo movieran al resguardo El Águila del pueblo misak, en Belén de los Andaquíes, Caquetá.

“Tombito” radicó su solicitud el 2 de enero de 2023, pidiendo traslado desde la prisión municipal de Rionegro, Antioquia, al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, localizado en Florida, Valle del Cauca. Hacia este mismo lugar también pidió el traslado alias “el Perro”.

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El Inspector.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz (“Douglas”) es uno de los líderes de “la Oficina” que estaría dando directrices frente a los acercamientos con el Gobierno. En esta imagen, el momento de su captura en 2009, junto a su lugarteniente alias “el Compa” (derecha). Foto de archivo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

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Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está encarcelado en Estados Unidos desde 2008, aunque sigue buscando acercamientos con el gobierno. Foto de archivo.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

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El Inspector.

En ese tiempo se redujeron los homicidios en el Valle de Aburrá, aumentaron las extorsiones, mermaron las confrontaciones bélicas y las capturas de cabecillas de alto perfil. Los mafiosos le han dicho a la población y al Gobierno que buscan la paz, pero en el fondo sus intereses son más oscuros.

Revelaciones del Bajo investigó con fuentes policiales, militares y judiciales, así como con integrantes de dichas estructuras ilegales, las verdaderas razones detrás del pacto.

Escena de un pleito entre combos de la comuna 13, en 2010. Archivo.

1. Negociar beneficios a cambio de “paz”

Este ha sido uno de los objetivos básicos de los cabecillas de “la Oficina” desde un principio, el cual han querido manejar como un as bajo la manga en caso de que su situación judicial se complique.

Una vez capturado, “Carlos Pesebre” manifestó a las autoridades que estaba en condición de “entregar mil muchachos” a cambio de beneficios penales e inversión estatal en programas para la manutención y capacitación de los jóvenes, que les permitan desenvolverse por fuera de las bandas. Esta postura sería apoyada por otros líderes de la organización criminal, como “Pichi” (también detenido) y “Barny” (libre).

Desde el año pasado, un pull de abogados y representantes legales de estos cabecillas ha concretado reuniones con funcionarios de la Fiscalía y del gobierno local, regional y nacional, tratando de convencerlos de esta propuesta: los combos del Valle de Aburrá reducen los homicidios, acaban las fronteras invisibles, entregan armas y se someten a la justicia; a cambio, obtendrían rebajas en sus penas y una especie de reintegración a la sociedad, similar a la ofrecida a los desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla.

Fuentes cercanas a este proceso han dicho que, si bien las autoridades niegan públicamente estas reuniones, en el fondo no han descartado nada, debido a los aparentes réditos que los gobernantes de turno podrían ganar: la imagen de pacificadores, de comandantes efectivos, triunfadores sobre la violencia, garantes de la paz en los barrios.

Estos beneficios políticos son jugosos en esta época, caracterizada por los diálogos con las Farc en La Habana, las elecciones presidenciales y al Congreso, la internacionalización de Medellín (con eventos como el Foro Urbano Mundial, Feria de Flores, Colombiamoda y demás) y del país. Son estas circunstancias, en las que los funcionarios necesitan votos, las que están aprovechando los abogados de “la Oficina” para endulzar el oído de los servidores públicos.

2. Bajar el perfil público de los cabecillas

Entre 2012 y julio de 2013, antes del pacto entre las bandas, la Policía arrestó 13 cabecillas de alto perfil de “la Oficina”: “Beto”, “Sebastián”, “Frank”, “Víctor Colas”, “el Indio”, “Pichi”, “Carlos Pesebre”, “Tatú”, “Maicol”, “Don Pepe”, “Yam”, “Adiel” y “Chichón”. A esto se sumaron las muertes de “Morro” y “Patetigre” en confrontaciones internas.

De “los Urabeños” que delinquían en el Valle de Aburrá o tenían redes aquí, cayeron “Mi Sangre”, “el Indio”, “Chito”, “el Gomelo”, “Galván” y “Cucho”.

Además, comenzaron a ejecutarse estudios de Inteligencia y seguimiento contra jefes que antes permanecían a la sombra, como “Tom”, “Don Daniel”, “Gabriel Paraco”, “Barny”, “Fredy Colas”, “Soto”, “Tuto” y “Diego Chamizo”, entre otros.

De repente, las cúpulas de estas organizaciones criminales en el área metropolitana estaban expuestas, de cuenta de los asesinatos y pleitos armados que los convirtieron en agentes del desorden público a ojos de la ciudadanía y las autoridades. Les tocó, entonces, pactar un acuerdo para disminuir las confrontaciones y dejar de ser un factor de perturbación tan visible.

Después del pacto, en julio de 2013, no han vuelto a ser capturados cabecillas de jerarquía, aunque se destacan los arrestos de seis líderes con relativo poder: “Yordi”, “Nando”, “Ronald”, “el Tigre”, “Toño” y “Jotalibán”.

La aparente tranquilidad permitió, por ejemplo, que “los Urabeños” trasladaran de zona a “Don Daniel”, su coordinador en el Valle de Aburrá. Ahora este personaje actúa en el Nordeste antioqueño con el apodo de “Pablo”, adonde llegó para reemplazar a “Marcos”, el cabecilla del área, muerto en una operación de la Dijín hace un mes.

En el Aburrá quedaron “Gabriel Paraco” y “Benavidez”, este último encargado de los asuntos “políticos” y como delegado para el pacto.

3. Prepararse para los rivales del postconflicto

Un integrante de una banda del occidente de Medellín explicó así otra de las razones que, a su juicio, justifican el pacto: “Con esos diálogos de paz en Cuba, los guerrilleros se van a desmovilizar. Varios de ellos se vendrán a las ciudades a montar sus combos, igual que hicieron los paracos. Entonces nosotros tenemos que estar unidos y asegurar la ciudad, antes de que ellos vengan a pelear un puesto”.

Según fuentes de la Séptima División del Ejército, en la capital antioqueña hay combos de la comuna 13 que hacen trabajos para las Farc, y otros de las comunas 1 y 8 que los ejecutan para el Eln. En un escenario de postconflicto, es posible que esos grupos sean la base para los subversivos desmovilizados que seguirán en la delincuencia.

Por tanto, los combos que hoy ostentan el control del bajo mundo, cerrarían filas para evitar la entrada de un nuevo actor armado que les dispute su negocio ilegal.

4. Redistribuir las funciones y rentas criminales

En tiempos de la “paz” entre bandas se redujeron los asesinatos, pero hubo una redistribución del cobro de las microextorsiones (vacunas) en los barrios. Un miembro de un combo de la comuna 13 lo explicó así: “Antes íbamos cuatro manes a cobrar a la misma tienda; ahora mandamos a uno solo, y luego se reparte la plata”.

Las vacunas, que previo al pacto se aplicaban en el 80 por ciento de Medellín, se afianzaron en los territorios donde antes había guerra. El recién creado Gaula Metropolitano ha efectuado varios operativos, impactando a diferentes combos, pero el fenómeno no se detiene.

5. Ahorrar costos en la guerra

Sostener un conflicto bélico implica invertir altas sumas en arsenal, reclutamiento de personas, equipos de apoyo (motos, carros, lentes de visión nocturna, chalecos antibalas, silenciadores, comunicaciones), pago de informantes y demás.

Sumado a ello, los grupos terminan diezmados por la muerte de integrantes, se arriesgan territorios y rutas de movilidad; y se gasta dinero en los procesos judiciales de los capturados.

Es por esto que, para el crimen organizado, es más conveniente el pacto que la guerra. Ahorran dinero y lo destinan a otros intereses.

6. Conservar los enlaces de narcotráfico y lavado de activos

Los mexicanos son los principales aliados de los narcos antioqueños para la exportación y distribución de la cocaína en Estados Unidos. En los últimos dos años, la cacería combinada de E.U. y el gobierno mexicano, así como las guerras entre ellos, terminaron afectando las cúpulas de “los Zetas” y el Cartel de Sinaloa, las organizaciones más conectadas con Colombia.

De “los Zetas”, mataron a su líder “el Lazca” y capturaron a los sucesores, “Zeta 40″ y “Zeta 50″ o “Talibán”; de Sinaloa, cayó recientemente el máximo jefe, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ante la asfixiante persecución, a esos grupos no les conviene que en Colombia, de donde provienen los insumos, haya un clima de inestabilidad en el bajo mundo. Fuentes de Inteligencia señalaron que a mediados y finales de 2013 estuvieron en Antioquia un delegado del “Zeta 40″ y un sobrino del “Chapo”, apodado “Mario”.

Vinieron por separado a fortalecer los lazos con los criminales locales, en especial con “Otoniel”, el jefe de “los Urabeños”. Al parecer brindaron apoyo al pacto de esa facción con “la Oficina” y se habrían ofrecido de “garantes”.

A manera de conclusión, no está de más precisar que, si bien estas seis son las razones ocultas detrás del cese al fuego entre las bandas, ellos se han encargado de hacer propaganda en los barrios y oficinas de funcionarios públicos, repartiendo volantes y convocando a reuniones para decir que “están cansados de la guerra”, que “solo quieren una oportunidad para los jóvenes” y que “están en capacidad de pacificar el Valle de Aburrá”. ¿Alguien les cree?

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El Inspector.