Las consecuencias de la fiesta desaforada en un garaje de Itagüí todavía resuenan entre la opinión pública, en especial en aquellos hogares con adolescentes en etapa de rumbear. El festejo, realizado en la noche del sábado 21 de agosto en el barrio El Tablazo, dejó dos familias destrozadas.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el garaje en el cual se realizó la fiesta, ubicado en el barrio El Tablazo de Itagüí. Foto de Santiago Olivares Tobón.

La abogada Natalia Rodríguez, familiar de Santiago Vélez Galindo, le contó a El Colombiano que el menor de 14 años “era sano, no consumía drogas y practicaba mucho deporte” (ver el anexo).

El fin de semana le dijo a su madre Yurany Galindo que tendría una cita con una amiga; aunque ella no estaba de acuerdo con que saliera, accedió porque él prometió que volvería temprano a su vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín.

“A él se le había perdido el celular antes, por lo que estaba incomunicado. No sabemos por qué razón, pero al parecer estuvo en dos ‘toques’ (rumbas con DJ en vivo) en el barrio El Limonar y después en El Tablazo”, recordó Natalia.

Santiago llegó a casa a las 5:00 a.m. del día siguiente. “La mamá lo regañó por haber llegado tarde. Él se acostó, ella al mediodía lo fue a despertar para que desayunara, y lo encontró morado en la cama”.

El reporte preliminar de la Fiscalía indicó que el muchacho fue trasladado a la Unidad Intermedia de San Antonio de Prado, donde los médicos ratificaron que había fallecido. Por considerar que no se trató de un deceso natural, informaron al CTI, cuyos técnicos judiciales rotularon el caso como “muerte por establecer”.

Esta espantosa escena se repitió esa misma mañana en una camilla del hospital San Rafael N°1 de Itagüí, donde pereció Juan Sebastián Córdoba Díaz, también de 14 años.

Su padre Andrés Córdoba, quien se propuso denunciar lo ocurrido ante la prensa, expresó que él le había dicho que iba para un asado, pero en vez de eso fue al “toque” de El Tablazo, cerca de su residencia, y llegó a casa a las 11:30 p.m.

Andrés lo sintió muy raro, y al amanecer, cuando iba a levantarlo, lo encontró pálido y con la lengua afuera. Los forenses lo registraron también como muerte por establecer, aunque los familiares de los fallecidos coinciden en señalar que fueron intoxicados por una mezcla de licor con tramadol, un medicamento de origen opiáceo, recetado para mitigar el dolor.

REFLEXIONES
De acuerdo con las indagaciones iniciales, la fiesta electrónica “Life and Dance” fue convocada por redes sociales, anunciando que tocarían cuatro DJ, habría venta de licor y el cover sería de $2.000. El anunció decía que la locación era “secreta”, y resultó ser un garaje de El Tablazo.

Al sitio llegó tanta gente que no había por dónde andar, según los videos de la rumba. En declaración entregada a Caracol TV, Daniela García, una de las organizadoras, reconoció que había niños y que “se perdió el control de la fiesta”.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, advirtió que el evento no tenía permisos y que se investiga si allí traficaron drogas.

Lo ocurrido ha generado dos reflexiones: la primera, de cara a quienes son padres, es acerca de la vigilancia que deben ejercer sobre los infantes. Otálvaro hizo un llamado a los papás, para que estén más pendientes del paradero y amistades de sus hijos, y prometió fortalecer los programas para la prevención del consumo juvenil de drogas.

Eliana Mejía, especialista en Psicología Jurídica, dijo que no hay que esperar a la adolescencia para establecer las normas, límites y vínculos de confianza con los hijos. “Hay que hacerlo desde la niñez, haciéndole entender que decir la verdad es importante, y demostrándoselo con el ejemplo en vez del castigo. Esto facilitará que, al momento de experimentar con amistades o que le ofrezcan drogas o licor, ellos le cuenten a sus padres”, dijo.

Según la experta, hay que estar atentos a ciertos comportamientos, como la ansiedad, depresión y mentiras frecuentes, que pueden dar indicios de que algo no está bien. “El aislamiento que vino con la pandemia, la desconexión de sus amigos, produjo en los jóvenes un aumento en la ansiedad, que ahora buscan calmar en cada oportunidad que tienen de salir”, opinó.

La segunda reflexión tiene que ver con el mercado negro de medicamentos. El tramadol solo se vende con fórmula médica, pero fuentes judiciales detallaron que lo han encontrado en otras rumbas electrónicas, en algunos casos mezclado con otros componentes para hacerlo rendir.

Esta distribución clandestina también se da con las benzodiacepinas, empleadas por delincuentes para sedar a sus víctimas y robarles. Esta sustancia reemplazó a la escopolamina como “arma” para someter la voluntad de la gente.

“No queremos que esto le vuelva a pasar a otra persona, es grave que las farmacias vendan esos medicamentos sin fórmula”, exclamó Natalia.

Las fuentes señalaron, de manera extraoficial, que todavía no hay indiciados en la investigación y que en la Fiscalía no se han instaurado denuncias, de momento. Las pesquisas buscan determinar si los infantes consumieron la mezcla de forma voluntaria, o si alguien se las suministró.

Andrés insistió en que “esto no se puede quedar así, porque a mi hijo le tuvieron que haber hecho algo”.

En cuanto a la familia de Santiago, aún no deciden si tomarán acciones legales. Natalia señaló que “todo es muy confuso, seguimos buscando información. La mamá todavía está en shock”.

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ANEXO: ERA UN DEPORTISTA CON PROYECCIÓN
Natalia Rodríguez contó que su familiar Santiago Vélez cursaba octavo grado en la I.E. Víctor Wiederman. “Tenía una beca por su desempeño deportivo, jugaba en dos equipos de fútbol, que le hicieron un homenaje”, dijo.

El joven era integrante de la Selección Sub14 de La Estrella, por lo que el Instituto de Deportes de ese municipio (Indere) publicó envió un saludo de solidaridad a la familia.

Lo mismo hizo el club Leones Itagüí, en el que también hacía gambetas, que escribió: “Nuestras condolencias en estos momentos de dolor”.

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El Inspector.

Cuatro jóvenes torturados y degollados sería el resultado, de acuerdo con una hipótesis preliminar, de una venganza por un supuesto robo a una propiedad.

En este camino veredal de El Peñol fueron encontrados los cuerpos. Cortesía de www.mioriente.com

El hallazgo de los cuerpos se presentó en la noche de este viernes 12 de enero, en un sendero rural de la vereda El Morro, a unos cinco minutos del casco urbano.

Los occisos son muchachos de 15, 16, 17 y 18 años, residentes en la localidad. El coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía Antioquia, declaró que se desconoce todavía quién ejecutó la masacre.

Sin embargo, recalcó que se investiga una hipótesis, según la cual los muchachos estarían comprometidos en actos delictivos. Un robo a una finca de la zona sería su “pecado”, indicaron pobladores del área. Algunos familiares de los jóvenes manifestaron que estos no estaban metidos en cosas malas.

En 2011 ocurrió el antecedente más cercano de una matanza en El Peñol, aunque en aquella oportunidad las víctimas eran provenientes del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Dos matanzas atribuidas a retaliaciones criminales).

De confirmarse la hipótesis que analizan las autoridades, estaríamos ante otro acto de venganza a manos de ciudadanos que contratan a malhechores o actúan por sí mismos. Un hecho tristemente frecuente en nuestra región.

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El Inspector.

Sergio Hurtado aceptó ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín que desmembró los cadáveres de dos muchachas en el barrio Boston y trató de ocultar la evidencia, por lo que fue enviado a la cárcel Bellavista.

Las víctimas, Katherine (arriba) y Cindy. Al lado, la imagen de Sergio Hurtado difundida en internet. Cortesía.

El crimen, al cual Revelaciones del Bajo Mundo le ha hecho seguimiento desde el principio, ocurrió el 4 de marzo de 2009, cuando la Policía encontró en la casa de Hurtado los restos de Cindy Lorena Giraldo Correa y Katherine Cano Patiño.

Las jóvenes de 17 años habían sido desmembradas y el perpetrador ocultó sus miembros en una caneca, la cual llenó luego con cemento. Cuando arribaron los uniformados, el papá de Hurtado evitó que entraran, mientras el sospechoso escapaba por los tejados y huía de la ciudad.

Las familias de las muchachas, de escasos recursos económicos, comenzaron a tocar todas las puertas, clamando apoyo de las autoridades para que el caso no quedara en la impunidad.

En el último mes, la Fiscalía decidió cambiar el expediente de despacho, y el nuevo funcionario asignado expidió la orden de captura, más de cuatro años después de lo sucedido.

En ese tiempo, Hurtado no tuvo mayor presión sobre sus hombros que un grupo de Facebook, en el cual los amigos de las occisas difundieron su foto, y el recordatorio anual que los medios de comunicación hacían sobre el caso.

Con la orden judicial, el CTI lo arrestó hace dos semanas en la ciudad de Montería, Córdoba. En la audiencia, realizada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía le imputó el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, el cual aceptó el detenido.

Con esa aceptación, podría recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena que después emita el juez, que sería entre 4 y 12 años de prisión, según estipula la ley.

El ente acusador no le imputó el delito de homicidio porque el Instituto de Medicina Legal no logró determinar la causa de la muerte, debido al alto grado de descomposición de las partes y la contaminación producida por la cal y el cemento que Hurtado empleó para tratar de ocultarlas.

En síntesis, se sabe que él las desmembró, pero no hay pruebas científicas para determinar si las mató. La otra hipótesis, tampoco probada, es que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes y él quiso deshacerse de los cuerpos después.

Con el proceso penal, tal cual está formulado, Hurtado podría salir muy pronto de la cárcel. La paradoja es que no se probaría que sea un asesino, pero sí un descuartizador. ¿Será que eso es tranquilizador para la sociedad?

Para conocer los detalles del caso desde el principio, pueden leer las NOTAS RELACIONADAS:

Hallados dos cuerpos en caneca con cemento.

Piden recompensa por el caso de Boston.

Cuatro años de un caso atroz y no hay justicia.

El Inspector.

Las madres de las víctimas continúan dando la batalla jurídica con tutelas, pero las embarga el dolor porque el sospechoso de agredir a las adolescentes sigue libre, sin haber pagado un solo día de prisión. En nuestra sección ¿EN QUÉ VA EL CASO?, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo no dejan que este este hecho caiga en el olvido.

A la derecha está María Katherine, quien era madre de una niña; a su lado, Cindy Lorena. Fotos de cortesía publicadas con autorización de las familias.

“La abogada que nos está asesorando puso una tutela, y la ganamos, para que el fiscal del caso entregue el expediente, pero él no lo ha hecho”, manifiesta Yackeline Patiño Orrego, mamá de la difunta Katherine Cano Patiño.

En igual situación está Elsy Correa, madre de Cindy Lorena Giraldo Correa, quien no ha dejado de tocar puertas para que el episodio no quede en la impunidad. “Qué tristeza, nosotros no poder sacar los restos de las niñas del cementerio de San Pedro, porque en cuatro años las autoridades no han hecho nada. Ya queremos que ellas descansen y nosotros también”, cuenta Elsy.

El estremecedor caso fue conocido por las autoridades el 4 de marzo de 2009, cuando los vecinos de una vivienda de Boston llamaron a la Policía, tras notar olores y movimientos sospechosos. Dos uniformados acudieron y observaron que en el balcón de la casa había varios bultos de cemento.

Tocaron la puerta, pero un hombre de 66 años la trancó, mientras su hijo escapaba por los tejados. Los funcionarios públicos entraron a la fuerza, observando que en una habitación había una caneca de plástico llena de cemento endurecido, de la cual asomaba una cabellera negra.

Los criminalistas del CTI, valiéndose de martillo y cincel, fragmentaron el material y extrajeron los cadáveres desmembrados de las dos muchachas. Según sus familiares, un par de días atrás Katherine y Lorena habían salido de sus casas para asistir a una fiesta en la casa del sujeto que escapó por los tejados.

Días después el hombre se presentó ante la Fiscalía, que hasta el día de hoy no lo ha judicializado por ningún delito. La razón es que, tal cual expuso una forense de Medicina Legal a Yackeline, no fue posible determinar si las víctimas fueron asesinadas. Se rumoró que fueron ahorcadas, abusadas o drogadas, aunque lo cierto es que la causa de la muerte quedó por establecer, por lo cual el ente acusador no ha podido expedir la orden de captura por homicidio.

Las autoridades ya tienen la certeza de que el sospechoso las desmembró, aunque tampoco lo han acusado por el delito de irrespeto a cadáver (artículo 204 del Código Penal), que al menos genera una multa al infractor.

A través de marchas pacíficas, grupos de Facebook y apoyo de ONG feministas, las familias han tratado de destrabar el caso, sin éxito. Fuentes de la Fiscalía se comprometieron a revisarlo esta semana.

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El Inspector.