Serían las 00:30 a.m. de ayer cuando tocaron la puerta de la finca. Una hipótesis preliminar sugiere que se hicieron pasar por agentes del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) para que los dejaran entrar.

El sitio de la masacre en Medellín es boscoso y ubicado en una zona de conflicto entre bandas. Foto de Edwin Bustamante.

El eco de lo sucedido adentro alarmó a los residentes de las casas vecinas, quienes escucharon una atronadora balacera. Ninguno de los presentes en la casa campestre sobrevivió y los sicarios se esfumaron sin ser detectados.

Después de la inspección judicial, la Policía estableció que tres de las cuatro víctimas no eran de la zona, sino que hace tres días habían llegado desde el Área Metropolitana.

El finado Jander Yampol Escobar Martínez, de 19 años y apodado ‘Chicho’, residía en el barrio Campo Valdés de Medellín y estudiaba cuarto semestre de Mecatrónica; le figuraban antecedentes por porte ilegal de armas. Vivía con su hermano Néider E.M., de 15 años y también asesinado.

El tercer occiso fue el mecánico de motos Nicolás Antonio Ruiz Garcés, conocido como ‘Nica’, de 26 años y habitante del barrio San Pío de Itagüí. Dice el informe policiaco que presentaba antecedentes penales por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Y el último de los fallecidos, Andrés Felipe Álvarez Herrera, era quien al parecer les había dado posada en la finca de El Peñol. Tenía 20 años, le decían ‘Grandes’ y poseía antecedentes por tráfico de drogas, según las autoridades.

Para los investigadores, los autores de la matanza pertenecen a una banda del Valle de Aburrá y actuaron por un ajuste de cuentas del bajo mundo.

LA OTRA MATANZA

Este es el rancho en el cual acribillaron a la familia y al vecino.

Ese es el mismo móvil de otro cuádruple homicidio cometido 19 horas después, esta vez en el centro oriente de Medellín. En un pequeño rancho de tablas, palos y plásticos estaban cinco personas, en una zona boscosa que separa al barrio La Sierra con la vereda Media Luna del corregimiento Santa Elena.

A las 7:30 p.m. de anoche aparecieron unos sujetos armados y los acribillaron, antes de desaparecer entre la maleza. Solo hubo un sobreviviente, el cual fue hospitalizado con custodia policial.

En la casucha con piso de tierra quedaron los cadáveres de los cónyuges Dúber Felipe Arango Correa, de 23 años, y Yuliana Andrea Trejos Gómez, de 26. Al lado murió Faber Mauricio Arango Correa, de 27 y hermano del primero.

Esta familia residió hasta hace tres meses en el barrio San Javier, al otro extremo de la ciudad. El coronel Adán León Bermúdez, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, advirtió que al parecer eran consumidores de estupefacientes.

También mataron a su vecino y amigo de 22 años, Jaime de Jesús García Serna. La pareja dejó dos niños, los cuales no estaban en el rancho cuando la muerte llegó con su frío roce.

Otra vez las retaliaciones de las organizaciones criminales sacuden a la región. Llevamos tres décadas en esta situación y parece que el problema durará.

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El Inspector.

Su torcido camino llegó al punto de no retorno tras el asesinato de su novia de 15 años y su bebé recién nacido en el municipio de Bello, hecho por el cual fue condenado a la máxima pena que otorga la legislación colombiana.

Este es Juan Fernando Peláez Vega junto a su defensora, durante una audiencia en Bello.

La historia de este homicida comienza, como muchas otras de su especie, con un entorno de violencia familiar y deja la moraleja (si es que este concepto aplica aquí) de que la malcrianza de un infante puede tener consecuencias nefastas. Siempre debemos acompañar de buena manera el desarrollo de los niños.

Pero esto no ocurría en el hogar del barrio bellanita El Porvenir. Según las denuncias de su propia madre ante la Fiscalía, Juan Fernando se drogaba desde muy pequeño y se robaba las cobijas y la ropa de la casa, incluso una vez sustrajo la bicicleta de una hermana.

Julied Vega, consciente de que no era capaz de controlar a su hijo, lo envió a un internado. Mas el muchacho escapó del establecimiento y se fue a vivir en un circo ambulante, donde aprendió el oficio de trapecista.

De vez en cuando visitaba a la familia y peleaba con todo el mundo. A su mamá, quien padece ataques de epilepsia, la llamaba “la loca” y ella, según consta en las denuncias, llegó a decir que Juan Fernando era “el diablo”. Él respondía pegándole y una vez le tiró una caneca a los tobillos.

EL DOBLE HOMICIDIO

Cumplidos los 18 años, Peláez Vega tenía una novia quinceañera en el barrio La Maruchenga. Y la chica, llamada María Alejandra Flórez Barrientos, quedó embarazada al parecer de otra persona.

A las 11:15 a.m. del 2 de julio de 2008, los vecinos lo vieron entrar a la casa de la muchacha, en la carrera 67 con la calle 25BB. Una hora más tarde salió, cargando una caja de manera muy sospechosa.

Una vecina, observando desde su balcón, tuvo un mal pálpito y le ordenó a su hijo que fuera a la vivienda. La puerta no tenía cerradura y varios habitantes de la cuadra entraron a ver qué pasaba. Encontraron a María Alejandra tirada en el piso, asesinada por diez terribles heridas de arma blanca.

Junto a ella, sobre una cama, yacía su bebé Juan Pablo. El niño solo vivió 35 días en este mundo, hasta que a su corta edad apareció Peláez Vega. El análisis forense reveló después que el bebito tenía el cráneo fracturado por un fuerte golpe y que murió por asfixia mecánica, al parecer sofocado con una cobija.

La escena del crimen estuvo rodeada por decenas de vecinos.

El horrible hallazgo enfureció a la comunidad y los ciudadanos comenzaron a buscar al autor del crimen. Lo pillaron cerca a la quebrada La Loca y lo persiguieron con ganas de lincharlo. El sujeto no tuvo más remedio que soltar la caja y emprender una desesperada huida.

Dentro de la caja había un televisor y un reproductor de DVD, los cuales había hurtado de la casa de su novia muerta. También había una mochila, en la cual estaba el cuchillo ensangrentado. El trapecista se arrojó por los matorrales de la cañada, sufriendo varias heridas en la piel por las ramas.

Una patrulla policial dio una ronda por el lugar y el perseguido apareció sobresaltado, pidiéndoles a los uniformados que lo protegieran de la gente enardecida.

Al otro día fue llevado a la audiencia de control de garantías, donde el fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto agravado. Pero ante la pregunta del juez, Pélaez Vega negó esos cargos y se declaró inocente.

Su defensa trató de evitar que lo enviaran a la prisión, alegando que el procesado era casi un menor de edad (había cumplido los 18 años hacía seis meses). La defensora de oficio también recordó su infancia retorcida y la degradación por los estupefacientes, tratando de usar esos factores como atenuante para influir en la decisión del juez. No lo logró y al detenido le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista.

El proceso judicial continuó y más adelante Peláez Vega, quien para ese entonces era conocido públicamente como ‘El cirquero asesino’, aceptó la culpabilidad. Buscaba al parecer una negociación con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena, pero sus víctimas fueron dos menores de edad y la nueva Ley de Infancia impedía otorgar beneficios a los asesinos de niños (al menos en este caso, la justicia aplicó esa ley, porque hay excepciones).

El 14 de noviembre de 2008 se hizo pública la sentencia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello condenó a Juan Fernando Peláez Vega a pagar 60 años de cárcel, la máxima condena de la jurisprudencia colombiana. Salvo alguna eventualidad, el trapecista saldrá de la prisión a los 78 años de edad.

Se criará, prácticamente, detrás de los barrotes, y sus tutores serán otros criminales como él. Allí pasará de la adolescencia a la adultez y después a la vejez. Y todo esto parecía advertido desde el principio de su vida.

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El Inspector.

A las 3:00 p.m. de ayer, aprovechando el horario de visitas, subieron hasta el quinto piso un par de malhechores, uno de ellos disfrazado de enfermero. Ingresaron a la habitación 515 y le dispararon en la cabeza y en un pie al convalenciente Roberto Leonel Hernández, un comerciante guatemalteco que hace siete años vive en la ciudad.

La salida e ingreso de usuarios fue restringida durante dos horas.

En el mismo piso había policías que custodiaban a otros hospitalizados, los cuales reaccionaron e hirieron a balazos al falso enfermero,  en el abdomen y una pierna, con fractura del fémur. A pesar de esto, el bandido logró meterse al ascensor y descender hasta el cuarto piso, donde se ocultó entre unas bolsas. Pero una enfermera lo pilló y ahí lo detuvo la Policía.

El otro agresor botó su arma por un balcón y fue hasta el área de admisiones, donde se sentó para camuflarse entre los usuarios comunes de la clínica. Las cámaras de vigilancia interna lo siguieron y lo delataron. Al final fue capturado y las armas incautadas.

La víctima murió a las 11:00 p.m. y al falso enfermero lograron salvarle la vida en urgencias.

El general Dagoberto García Cáceres, comandante de la Policía Metropolitana, recordó que el guatemalteco había sobrevivido a un primer atentado en el barrio Laureles, donde recibió varios tiros el 26 de enero.

En los últimos dos años, esta es la cuarta vez que ocurre algo así en Medellín. El 24 de octubre de 2007, un sicario de 16 años ingresó a la clínica El Rosario de El Poblado. Tras sacar el arma de sus calzoncillos, remató a un paciente que también había quedado herido en un atentado anterior.

Uno de los sicarios fue sacado por la Sijín en un vehículo.

La víctima se llamaba Aldemar Noreña López, de 42 años, y contaba con escolta policial. Recibió un balazo en la boca, que le quitó la vida. Un uniformado reaccionó y con el fusil dio de baja al adolescente.

El 29 de mayo de 2008 ocurrió otro homicidio, esta vez en el edificio Comedal del centro de la ciudad, donde cientos de médicos tienen sus consultorios. Dentro de uno de ellos murió apuñalado el cirujano Luis Darío Mejía Velásquez, de 59 años. No hubo capturas esa vez.

Y el 24 de julio de 2008 dos matones entraron a la unidad intermedia de Belén, para rematar a un instructor de seguridad que había quedado lesionado en una riña  anterior. Los asesinos entraron a su cuarto y le dispararon, pero el papá del atacado se interpuso en la trayectoria y murió. Se llamaba Francisco Javier Pérez Tamayo, un topógrafo de 53 años. Los agresores salieron del centro médico y la Policía atrapó a uno de ellos, apodado ‘Sancocho’.

Consulté con un investigador judicial el porqué un sujeto de estos acepta una misión que es casi suicida, al exponerse matando dentro de un centro hospitalario vigilado, y su respuesta fue esta: “es posible que fueron los que fracasaron en el primer atentado, y sus patrones los amenazaron a ellos y a su familia para que terminaran el trabajo como fuera. Otros, simplemente, reciben muchísima plata”.

El Inspector.