Ahora la hipótesis de las autoridades es que la organización criminal de “Robledo” fue la que participó en ese golpe, logrando un botín de 47 lingotes avaluados en 7.500 millones de pesos.

Alias “la Camila”, junto a los elementos incautados en los allanamientos. Foto cortesía de la Policía.

El asalto ocurrió el pasado 10 de junio en la vereda Naranjal, de Zaragoza, en la subregión del Bajo Cauca. De acuerdo con la información policial, un grupo de hombres llegó al área administrativa de la mina en una camioneta con logos de Corantioquia, simulando una visita de esa autoridad ambiental. También portaban uniformes de esa entidad estatal.

Una vez adentro, los atracadores intimidaron a los empleados con fusiles, obligándolos a tirarse al suelo. Al parecer ya sabían en qué lugar estaban las barras del metal precioso, porque fueron directo a la zona de fundición, golpearon a un trabajador y las empacaron en una mochila.

Antes de escapar, pintaron grafitis alusivos al Eln e incluso colgaron una bandera de ese grupo insurgente, según el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia.

Días después, un informante se comunicó con las autoridades y dio la ubicación de unas propiedades en las cuales podría estar el oro robado, en el occidente de Medellín. Los apartamentos, localizados en los barrios La América, Calazans y El Danubio, estarían ocupados por integrantes de la banda “Robledo”, liderada por el encarcelado Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

El 17 de junio de 2017 policías de la Sijín allanaron estos lugares y en el primero capturaron a Juan Camilo García Vásquez, apodado “la Camila”. Los lingotes no aparecieron, pero le hallaron un revólver con seis municiones, una libra de marihuana cripa y dos kilos de cocaína.

También le encontraron cuatro cascos de obrero (al parecer para minería), cuatro arneses de seguridad y un gato hidráulico. En otro de los apartamentos decomisaron dos celulares, un chaleco antibalas y $29’085.000 en efectivo.

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Según el informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en la banda “Robledo”, García Vásquez tendría una función especial: “Estaría encargado de coordinar y participar en los hurtos a gran escala, fraguados y perpetrados por la estructura delincuencial, para fortalecimiento de sus rentas criminales, siendo este parte vital de la organización, ostentando cargo de relevancia para el ejercicio de coordinación de este tipo de actividades”.

El documento añade que “Camila” tiene antecedentes judiciales por abuso de confianza (2008), tráfico de estupefacientes (2012), falsedad ideológica en documento público (2016) y receptación (2019). Además de sospechar que participó en el asalto a la mina La Ye, la Policía cree que  “tendría responsabilidad en hurtos cometidos a diferentes entidades bancarias de Medellín, así como en el intento de hurto al vehículo de valores ocurrido en diciembre de 2017 en el barrio Santa Lucía”.

La audiencia de control de garantías se realizó el 18 de junio en el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia. La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó los cargos de tenencia de arma de fuego ilegal en concurso con tráfico de estupefacientes, los cuales García Vásquez rechazó.

El juzgado le impuso una detención domiciliaria. Fuentes judiciales señalaron que la investigación continuará, para ver si se encuentran más pruebas que permitan imputarle el atraco a la mina.

Los otros apartamentos allanados eran usados por alias “Ricky” “el Flaco”, también miembros de “Robledo”, quienes no estaban cuando se realizó la diligencia.

Las autoridades analizan una teoría según la cual la estructura ilegal de Medellín contó con apoyo, para el asalto minero, de la banda “los Caparros”, que delinque en el Bajo Cauca antioqueño.

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El Inspector.

Por mucho tiempo, ese cielo se traducía en la bonanza cocalera. Era la época en la que los comandantes paramilitares ‘Macaco’ y ‘Cuco Vanoy’, con sus bloques Central Bolívar y Mineros, hacían lo que les daba la gana en los seis municipios de la subregión y el vecino departamento de Córdoba.

Las amenazas entre cada bando criminal afectan a la población, que en medio del problema es acusada de ayudarle al uno o al otro bando.

Entonces, tal cual lo explican sus propios habitantes, había coca por todas partes. Miles de hectáreas del área rural estaban repletas de ese cultivo maldito y de los laboratorios para procesar la pasta y trasladarla a Urabá, donde era embarcada hacia el exterior.

Las autoridades reconocen que el 80 por ciento de la economía del Bajo Cauca era ilegal. Los campesinos ganaban plata cultivando o raspando, los conductores transportando la mercancía, la gente tenía dinero para comprar y el comercio floreció. Pero la bonanza nunca es eterna y el espejismo de la coca comenzó a disolverse.

Primero fue el proceso de desmovilización de las sanguinarias autodefensas, y después la mala hora de ‘Cuco’ y ‘Macaco’, quienes fueron extraditados a Estados Unidos en 2008.

El Estado se acordó del Bajo Cauca y comenzó un intento de recuperar la subregión. La bonanza cocalera llegó a su fin, la economía se desmoronó y el desempleo, como un enorme caimán, comenzó a tragarse a los pobladores como si fueran pecesitos indefensos.

En esta subregión casi no hay acueductos, pero abundan el desempleo y las enfermedades.

El problema fue que el Gobierno envió policías y soldados, pero no aplicó planes acertados para fomentar el empleo, la salud y la educación. El comercio se marchitó y los paros y protestas organizados por agricultores estuvieron a la orden del día, porque antes vivían de cosechar la mata de coca y ahora los cultivos legales no alcanzaban para los gastos.

Hace un años visité la zona, recorriendo los municipios de Caucasia, El Bagre y Tarazá. Noté entre sus gentes una gran desesperanza y desdén contra las instituciones estatales, porque les quitaron la bonanza cocalera pero no se las reemplazaron por algo mejor, según ellos. Hoy el panorama ha empeorado.

Como había descontento, desempleo y hambre, fue muy fácil que las bandas criminales volvieran a surgir. Antes se llamaban bloque Mineros y bloque Central Bolívar, ahora se denominan ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras’, ‘Héroes de Castaño’, ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y demás, pero siendo lo mismo en el fondo: ‘paracos’.

Esta gente, con nuevos patrones como ‘Don Mario’ y ‘Sebastián’, comenzaron la guerra por el señorío de los territorios para producir la cocaína. No hablo de simples pandillas, sino de ejércitos criminales con arsenales enteros e integrados en su mayoría por desmovilizados de las Auc. Las matanzas, una tras otra, comenzaron a azotar los pueblos, tanto en los cascos urbanos como en los campos.

En la zona hay mucha Fuerza Pública, pero poca colaboración de la gente.

Para citar algunos casos recientes, el pasado 19 de febrero un comando armado ilegal llegó a una finca de la vereda La Virgen, en el municipio de Nechí, y asesinó a plomo a tres hombres y una mujer.

Y el 23 de febrero en un billar ubicado en Pueblo Loco, un caserío entre Nechí y Caucasia, los sicarios mataron a cuatro hombres y dejaron a otro herido. Después arrojaron granadas a dos graneros, mientras les gritaban a los vecinos y víctimas que eran “unos sapos”.

El propio secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reconoce que podrían meterle decenas de batallones al Bajo Cauca, pero si la gente no colabora con información, será imposible prevenir los actos de violencia.

Y lo que dice la ciudadanía también es lógico. Nadie les reemplazó la bonanza ilegal por algo efectivo. Es verdad que en esa zona hay muchos programas gubernamentales aplicándose, hasta la ONU ha metido la mano, pero aún no funcionan como deberían.

Por ahora, el Bajo Cauca es más infierno que cielo, por culpa de la plata: porque a unos les falta, porque a otros los corrompe y porque a los demás los impulsa a matarse por órdenes de sus patrones.

El Inspector.

Este aterrador dato fue revelado hoy por el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, quien tuvo que trasladarse de Bogotá a Medellín para dirigir desde la capital paisa varios operativos que permitan reducir el elevado índice de homicidios de la ‘Tacita de Plata’.

El general Óscar Naranjo, a su llegada a Medellín.

El general precisó que si ‘Don Mario’ emitió esa orden fue porque “nuestros policías están haciendo bien su labor”. Sin embargo, esa especie de soga al cuello es preocupante y recuerda la aciaga época de Pablo Escobar Gaviria, cuando en la década de los 90 el capo le puso el precio de un millón de pesos a la cabeza de los uniformados.

Parece que Daniel Rendón Herrera, por el cual se ofrecen 5.000 millones de pesos de recompensa, está decidido a ser el enemigo público número uno. Sus tentáculos se esparcen por Córdoba, Chocó y Antioquia, departamento en el cual sostiene una lucha feroz con la banda ‘Oficina de Envigado’.

En el Bajo Cauca sus compinches rivalizan contra los de alias ‘Sebastián’, quien comanda a ‘Los Paisas’, una extensión de la ‘Oficina’ en esa zona. Esta guerra ha dejado cerca de 170 muertos desde el pasado agosto.

Volante distribuido por la Policía en el Bajo Cauca.

Aunque se sabe que a través de terceros ‘Don Mario’ también está abriéndose campo en Medellín, me asalta una pregunta: ¿por qué si en el Bajo Cauca la situación es más delicada, el general Naranjo no trasladó su despacho para allá y en cambio se vino a Medellín?

Una clave para esa respuesta está en la fuerte presión del presidente Álvaro Uribe, quien en varios actos públicos ha exigido a la Policía y el Ejército que desmantelen la delincuencia de la capital paisa. “No quiero terminar mi mandato sin haberle devuelto la tranquilidad a Medellín”, dijo Uribe el año pasado. y como “Coca Cola mata tinto”, pues el general trajo su cúpula a esta ciudad.

De acuerdo con la estadística oficial, en 2008 se cometieron 1.044 asesinatos en Medellín, es decir 273 más que en el 2007. El índice aumentó 35.4 por ciento. En el Bajo Cauca, el incremento fue del 50 por ciento.

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El Inspector.