El testimonio de este hombre, Gustavo Adolfo Vélez Arango, es pieza clave para esclarecer los asesinatos en Medellín del comisionista de bolsa italiano Marco Rallo y su cónyuge, la abogada María Clara Uribe Zárate, y ha derivado en el arresto de otros tres sospechosos.

Los pormenores de la historia fueron narrados por el fiscal 31* de la Unidad de Vida de la Fiscalía, durante la audiencia de garantías de Juan David Mejía Vallejo, el último de los detenidos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y compartida a los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la madrugada del 8 de noviembre de 2014, una misteriosa mujer llamó a la Línea 123 y alertó a la Policía sobre un carro en el que transportaban un muerto y 500 millones de pesos.

Minutos después, otra llamada informó sobre el avistamiento de un cadáver en la Variante Las Palmas. Era una dama sin identificar, con señales visibles de golpiza y las extremidades amarradas con cinta adhesiva.

A las 8:00 a.m., un nuevo aviso de la comunidad condujo a los uniformados a la Loma de Chuscalito, a 3 kilómetros de distancia, donde yacía un hombre sin vida, también maniatado, con una media en la boca y laceraciones por golpes contundentes.

Dos horas más tarde un conductor ebrio colisionó el carro de un vecino y terminó estrellado contra una casa del barrio Loreto. El chofer Gustavo Vélez, con cortadas en el cuero cabelludo, fue trasladado a una clínica, donde en medio del shock confesó que el automóvil Volkswagen Getta negro que manejaba era hurtado.

En la inspección al vehículo, del que se estableció que la propietaria se llamaba María Clara Uribe, las autoridades encontraron rastros de sangre, cinta adhesiva y un calcetín idéntico al que obstruía la boca del cuerpo abandonado en Chuscalito. De súbito, todos los episodios de aquella funesta mañana se conectaron.

Los criminalistas de la Sijín ingresaron posteriormente al apartamento 2002 de la urbanización Massai, de El Poblado, donde residían los esposos asesinados, Marco y María Clara.

Una caja fuerte abierta y todo en aparente orden, no despertaban mayores sospechas. Sin embargo, al aplicar el químico blue star en la escena se reveló un reguero de sangre que alguien trató de limpiar en vano. Se concluyó que allí había sido cometido un brutal crimen y en breve se expidió una orden de arresto contra Vélez Arango, alias “Tavo”.

EL INTERROGATORIO
Vélez no pudo con el remordimiento y en compañía de su abogada relató a la Fiscalía la forma en que, según él, ocurrieron los hechos.

Dijo que una semana antes fue contactado por Juan David Mejía, a quien conocía hacía dos años. Le ofreció participar “en una vuelta”en la urbanización donde laboraba como rondero. El trato consistía en desaparecer un carro del sitio en el que otras personas cometerían un robo.

Por eso le prometió 2 millones de pesos y “Tavo”, que vendía tintos y perros calientes, aceptó.

En la noche del 7 de noviembre, Mejía lo recogió en un taxi en un estadero de El Poblado y lo condujo al conjunto residencial Massai, adonde llegaron a las 8:00 p.m. El portero Jaime Luis Espitia Romero, presunto coautor, los dejó entrar sin anunciarlos.

La empresa de seguridad privada Coopevian, en la cual laboraban los vigilantes implicados, certificó que los cables del equipo que controla las cámaras de vigilancia fueron arrancados, al parecer por Espitia, lo que ocasionó un corto circuito que las inhabilitó minutos antes de que el taxi ingresara.

En ese escenario predispuesto, a “Tavo” y Mejía se sumaron el rondero Pedro Juan Uribe Marín y otra persona por identificar, y subieron hasta el apartamento 2002.

Un celador tocó la puerta con el pretexto de entregar una encomienda y el extranjero, que lo conocía, abrió. En ese instante le rompieron la nariz de un puñetazo, irrumpieron con brusquedad y sometieron a su esposa en la habitación.

Los agresores sabían de antemano que había dos cajas fuertes y preguntaron por ellas. Según el fiscal, desde 8:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. torturaron al comisionista y la abogada. Usaron una macana eléctrica y una navaja para amedrentarlos, al tiempo que los pateaban para que suministraran las claves.

“Tavo” salió del cuarto y se sentó en la sala. Miraba cómo los demás verdugos entraban y salían, asumiendo turnos para propinar el execrable castigo.

Para Vélez fue demasiado. Les dijo que se iba, que ese no era el trato, y sus compinches lo amenazaron. Entonces destapó las botellas de licor que las víctimas conservaban y se entregó a la borrachera.

Cuando abrieron una caja fuerte solo había $9 millones, no los 500 que al parecer esperaban. Su fechoría ya no tenía retorno, la pareja conocía a los celadores y estos no se cubrieron el rostro, por lo que decidieron estrangularlos hasta extinguirles la vida.

Limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cadáveres en sábanas y bajaron 20 pisos por el ascensor. Los montaron en los vehículos de los finados, “Tavo” arrancó en el de María Clara y Mejía en el Volkswagen Getta gris de Marco, el cual no ha sido recuperado a la fecha.

Dos días después del accidente, los dos volvieron a encontrarse. Mejía le dijo a “Tavo” que aún no podía pagarle toda su plata, porque del apartamento sacaron poco y tocaba esperar la venta del carro del italiano.

Con esta confesión, la Fiscalía expidió órdenes de captura contra los tres celadores, que se materializaron este mes, y les imputó cargos por homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El ente acusador hizo un preacuerdo con “Tavo”, a quien ya no procesará en calidad de coautor, sino de cómplice, lo que implica una eventual condena a 206 meses de cárcel (17 años), es decir, una rebaja cercana a la mitad.

“GAVILLA”
En la audiencia de Mejía, realizada el 25 de marzo, este no aceptó cargos y su defensor* lo presentó como un humilde celador de San Javier, padre de cuatro hijos menores de edad.

El abogado desestimó la versión de “Tavo”, quien solo implicó a su defendido “cuando le pusieron las garras encima y buscó beneficios de la justicia. Es lo que hacen los delincuentes de hoy, con la aquiescencia de los investigadores de la Fiscalía”.

Yalegó que en este suceso, el celador Mejía es también “una víctima”: “Todo el Estado, en gavilla, usa sus recursos para perseguir a un ciudadano que se presume inocente, en alianza con la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de comunicación que agrandan las cosas. Ahí la víctima es el presunto victimario, ¿cuál presunción de inocencia? ¿Cómo hace para defenderse de semejante jauría?”.

El término “gavilla” no le cayó en gracia al juez Cuarto Penal Municipal*, quien a su turno profirió:“No fue el Estado el que hizo gavilla, sino el indiciado y otros cuatro, que según el testigo ejercieron violencia contra dos personas indefensas. ¡Ahí está la gavilla que menciona el defensor!”.

Acto seguido, ordenó en contra de Mejía una medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí;Espitia y Uribe Marín, quienes también rechazaron las imputaciones, pernoctan en la prisión de El Pedregal; y “Tavo” está en Bellavista, penando en la celda porque recibió amenazas de muerte.

Los familiares de las víctimas nombraron un par de juristas para que los representen en el caso, en el que hasta ahora han estado conformes con el proceder de la Fiscalía.

Para las autoridades faltan por lo menos dos personas por detener, que les permitan atar los cabos sueltos en este crimen. ¿De dónde salió la información de que en las cajas fuertes había $500 millones? Esa cuestión, que en últimas provocó el asalto a la residencia, es el interrogante clave que falta por despejar.

A la salida de la audiencia los seres queridos rodearon al procesado Mejía. El vigilante de 39 años, que estuvo ensimismado en la diligencia judicial, rompió en llanto junto a su esposa.

Al arrimarse este periodista, uno de los acompañantes expresó que “no vamos a hablar, solo hay tristeza, ya hemos sufrido demasiado”.

Similar apreciación había hecho el fiscal, hablando de los dolientes de Marco y María Clara:“ellos dos, supongo yo, están descansando en santa paz, pero quedan sus familiares sufriendo en Italia y Colombia, esperando justicia”.
*Por petición de los funcionarios se reservan sus nombres.

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El Inspector.

Eran las 3:00 de la madrugada de hoy cuando la casa se llenó de criminales que buscaban a John Estiven Zapata Arcila, un pintor de brocha gorda de 19 años.

Aquí está la vivienda en la cual se perpetró el ataque. El objetivo dormía en el segundo piso.

Los invasores estaban encapuchados y llegaron hasta la habitación del muchacho, quien estaba en la cama. Sus padres, cónyuge, hermanita de 9 años y hasta su bebé de 2 abriles lloraron y rogaron para que no le hicieran nada, pero los tipos estaban resueltos y le dispararon varias veces con una pistola 9 milímetros.

Se escaparon después por esas escalas estrechas e interminables que delinean los laberintos de la Comuna 13.  El papá llevó a Zapata a la unidad intermedia de San Javier, donde los médicos chequearon sus signos vitales y lo cubrieron con una sábana blanca.

La fechoría de los malvivientes no quedó impune esta vez. Resulta que cuando dañaron la ventana para meterse a la vivienda, uno de ellos se cortó con un pedazo de vidrio. Durante todo el trayecto de huida, dejó un rastro de sangre que los policías siguieron hasta una residencia localizada en el barrio vecino La Independencia II.

Adentro se ocultaban cinco tipejos sospechosos, los cuales fueron judicializados como presuntos autores del asesinato.Les encontraron un revólver y un buzo ensangrentado, la pistola no apareció.

El occiso tenía amenazas desde 2010, según la familia. Se fue unos meses de la ciudad y regresó hace poco tiempo, a compartir los días con su mujer y su niño. Con ellos estaba cuando lo acribillaron.

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El Inspector.

El ofrecimiento se regó por el bajo mundo y una docena de sicarios de diferentes combos y barrios, se asociaron para hacer ‘la vuelta’ y ganarse la plata. Cuando los objetivos fueron ubicados, el operativo criminal comenzó a rodar a las 4:00 p.m. del anterior miércoles 29 de junio, en el barrio Castropol de la comuna El Poblado, en el suroriente de Medellín.

En esta edificación del barrio Castropol se presentó la acción sicarial.

El lugar exacto era la exclusiva urbanización Portón de Hungría, localizada en una pendiente con accesos por la Vía Las Palmas y la avenida El Poblado. Los de ‘Pachelly’ ocupaban el apartamento 702 desde febrero, aunque de manera esporádica. Nunca hicieron un ‘trasteo’, el recinto no estaba amoblado y al parecer apenas tenía una cama.

Aún así, de vez en cuando aparecían diferentes hombres en vehículos blindados de alta gama, se congregaban en el apartamento por unas cuantas horas y luego de iban. Esta actitud al parecer no levantó sospechas en los vecinos, ni en la administración o los celadores, quienes nunca reportaron la situación a las autoridades.

Los mercenarios hicieron un estudio preciso del lugar y a la hora mencionada  arribaron en por lo menos dos automóviles y cuatro motocicletas de alto cilindraje. Según la evidencia recopilada en cámaras de seguridad, se dividieron las funciones: unos cubrían el escape y protegían al grupo de una eventual persecución, derramando combustible en la calle y arrojando tachuelas metálicas en las dos entradas viales; otros debían someter a los vigilantes del edificio; y unos más subir hasta el apartamento para sorprender a las víctimas.

Estas fueron las tachuelas metálicas que regaron para cubrir el escape.

Uno de los celadores del conjunto residencial, me relató la situación de esta forma: “Yo acababa de terminar mi turno y estaba revisando una cosa en la manga, cuando entraron esas personas. Tenían armas y a mí y al compañero nos encerraron en la portería, a él le pusieron esposas, y dejaron a un tipo cuidándonos”.

La entrada a la urbanización fue fácil porque vestían ropas con logos antiguos de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía). Un puñado de hombres subió al séptimo piso y tocaron la puerta del 702, dentro del cual permanecían seis tipos.

Como nadie abrió, emplearon un mazo que llevaban para golpear la chapa. Los inquilinos también estaban armados, y con fusiles. Tres de ellos se dedicaron a repeler el ataque y se agarraron con los incursionadores en una balacera a través de la puerta. De los agredidos, murió tiroteado Marceliano Pineda Monsalve.

Aquí se ve cómo la vía de acceso a la urbanización quedó recubierta del combustible derramado por los mercenarios.

Los otros tres sujetos se tiraron por una ventana; dos sobrevivieron con fuertes traumas en tórax y cabeza, y el tercero se mató. Por no tener documentos, quedó registrado como NN alias ‘El Gordo’, de unos 40 años.

Al parecer el combustible que usaron fue aceite quemado.

Una patrulla policial estaba cerca y al oir los disparos acudió al sitio. En la entrada se enfrentó a bala con cuatro de los matones, hiriendo a uno de ellos. Una segunda patrulla motorizada que venía en apoyo, se resbaló en el combustible vertido y los funcionarios padecieron heridas leves. A este cuarteto lo detuvieron.

La mitad de los agresores logró escapar, otros dos que se metieron por una cañada vecina fueron capturados también, para un total de seis: Víctor Zapata, Yonatan Giraldo, Jorge Herrera y Juan Urrego, alias ‘Juan Gurre'; de igual manera  apresaron a Luis Jaramillo, apodado ‘Juan Joyita’, y Yesid Gómez, conocido como ‘La Chinga’.

“Todo eso duró como 20 minutos”, contó el vigilante.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que estas personas provenían del barrio La Sierra, Bello y Envigado. Les inmovilizaron un automóvil y dos motos, y les incautaron una pistola 9 milímetros y una subametralladora MiniUzi.

Los inquilinos, supuestos militantes de ‘Pachelly’, también tendrán que responder ante la ley, pues en la cocina les encontraron dos fusiles M4, un radio de comunicaciones y municiones para fusil y pistola. Les inmovilizaron siete vehículos (dos blindados) y dos motos. Se trata de Mauricio Pizarro, Jorge Vallejo, Esneider Giraldo y Jaime Cano, alias ‘El Papi’.

El saldo total de la incursión fue de dos muertos, cuatro inquilinos capturados y seis agresores detenidos (uno herido).

Tras ser llevados a la audiencia de control de garantías, a los 10 les legalizaron las capturas y los enviaron a las cárceles de Bellavista y El Pedregal, con medida de aseguramiento intramural. Unos tendrán que responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas, y otros por porte ilegal de armas solamente. Quedan pendientes otras investigaciones por más conductas punibles, como concierto para delinquir y uso de prensas privativas de la Fuerza Pública, además de otros homicidios cometidos en el Valle de Aburrá con un modus operandi similar.

Al mercenario herido tuvieron que reforzarle la vigilancia policial en el centro médico, pues al parecer la gente de ‘Pachelly’ buscaba la revancha. Los cabecillas de esta banda, después de la desaparición forzada de alias ‘Gancho’ en 2010, son ‘Alber’, ‘Guayabo’ y ‘Lancha’.

El general Vásquez presentó las armas incautadas en el operativo de reacción. Cortesía Policía.

No se ha establecido si los 100 millones de pesos se pagaron en su totalidad, pero es seguro que este caso va a generar más atentados en el futuro cercano, de lado y lado.

El Inspector.