La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

El último caso salió a flote en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, donde la víctima fue Jesús Antonio Pompa Guerra, de 36 años.

Esta es la orilla del río Tuluá, en la cual las autoridades inspeccionaron el cuerpo. Fotos cortesía de Q'HUBO Cali.

El pasado viernes 27 de enero hallaron su cadáver en el corregimiento Aguaclara, atascado en corrientes poco profundas del río Tuluá. El extranjero llevaba tres días en esa localidad, visitando a unos amigos, y en la noche anterior había salido a “hacer una vuelta” que al parecer no les especificó a los allegados.

Las autoridades manifestaron que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia, por lo que la causa de la muerte está por establecer. En todo caso, llamó la atención que tuviera cinco tatuajes en la espalda y los brazos, de una indígena con sombrero de mariachi, una telaraña e iniciales de un supuesto nombre.

El documento que identificó al finado.

Gracias a una credencial para sufragar, se logró establecer la identidad del occiso, así como que tenía residencia en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. La Policía informó que Pompa Guerra tenía negocios comerciales en Medellín, aunque no indicó con precisión qué tipo de tratos.

El pasado 27 de julio, en una vivienda del barrio Los Colores de Medellín, encontraron sin vida a Juan Carlos Beltrán Carreón, de 34 años y nacido en Ciudad de México. Los homicidas lo apuñalaron y golpearon con una plancha y un martillo.

Este extranjero llevaba más de seis meses en suelo antioqueño, dedicado al negocio de las comidas rápidas. Por lo pronto no se sabe si hay alguna relación entre estas dos muertes.

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El Inspector.

La analogía explica la manera en que se esparció por Colombia el paro ilegal impuesto a la comunidad por la organización narcoparamilitar ‘Los Urabeños’, que hoy, a punta de intimidaciones, puso en jaque la seguridad nacional.

Este es el bus incinerado en los límites de los corregimientos San Cristóbal y Palmitas, en el occidente de Medellín. Foto de Edwin Bustamante.

En la madrugada los criminales repartieron panfletos y se aparecieron armados en los establecimientos públicos y fincas, obligando a la gente a cerrar los negocios, paralizando la actividad comercial, financiera, turística y de transporte en las subregiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Occidente. Afectó los departamentos ya citados y a eso de las 2:00 p.m. comenzó en la metrópoli paisa.

La nociva influencia de esta agrupación, autodenominada también ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, se sintió particularmente en la comuna 13 de Medellín, donde hasta la Línea J del Metrocable cesó de funcionar. Las tiendas, farmacias, panaderías y demás locales fueron sometidos por el miedo y no abrieron sus puertas. La situación también afectó al barrio vecino Santa Lucía y los buses dejaron de subir al corregimiento San Cristóbal.

Precisamente, en la frontera de San Cristóbal con Palmitas, los delincuentes detuvieron un bus de servicio público, bajaron al conductor y a los pasajeros y después lo incineraron; lo mismo hicieron con otro bus en el corregimiento San Antonio de Prado. En la vía que conduce del barrio Belén Las Violetas a la vereda Aguasfrías quemaron dos taxis; no hubo heridos en estos casos.

En La Sierra y la comuna 1 (Popular) también se vio afectado el comercio, según las denuncias de la vecindad.

La Policía y el Ejército reaccionaron como un enjambre sofocado por el fuego y más de 6.500 efectivos se movilizaron en toda Antioquia, según la Gobernación.

En Medellín capturaron a dos menores de edad y un adulto implicados en las intimidaciones, y en el Centro inmovilizaron un taxi con 2.000 panfletos alusivos a la jornada de paro. El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, señaló a la banda ‘La Agonía’ y en particular a alias ‘Pipemono’ de promover la situación en la comuna 13, siguiendo instrucciones del cabecilla ‘urabeño’ apodado ‘Mi Sangre’.

En el poblado La Tablaza, del municipio La Estrella, arrestaron a cuatro sujetos que portaban bombas molotov (botellas con combustible y una mecha), al parecer con la idea de incendiar más vehículos. No lo lograron, pero en las localidades de Briceño y Salgar, los malvivientes incineraron otros dos buses.

En Urabá, el Norte y el Bajo Cauca capturaron a 12 personas relacionadas con la distribución de pasquines, las amenazas y la elaboración de gratifis con la marca de ‘Los Urabeños’.

Me pregunto cuántas horas durará esta gente detenida, pues todo apunta a que la ciudadanía (víctima del miedo) no formulará una denuncia formal contra ellos. ¿Qué hará la Fiscalía?

¿Qué harán el nuevo gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, respectivamente, ante el primer reto de sus mandatos en materia de orden público?

LAS CAUSAS

¿Qué generó este fenómeno delincuencial de tan grandes proporciones? La razón más obvia es una retaliación por la muerte de uno de los líderes de ‘Los Urabeños’ el pasado 1 de enero, en una finca de Acandí, Chocó.

Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovany'.

La Policía la allanó y en un enfrentamiento dio de baja a Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovany’, junto a un supuesto secuaz; quedaron heridos tres hombres más, quienes fueron judicializados. También murió un integrante de la Fuerza Pública e incautaron un arsenal, que incluye dos pistolas FiveSeven (de fabricación belga, cuyos proyectiles traspasan los chalecos blindados). Esto sucedió cuando el cabecilla celebraba con familiares y allegados una tremenda fiesta de Año Nuevo.

En su panfleto, ‘Los Gaitanistas’ se quejan porque, según ellos, los uniformados capturaron vivo a Úsuga, mas no lo llevaron ante la ley, sino que lo ejecutaron delante de los suyos. Calificaron el hecho como “un acto violatorio del Derecho”.

El paro armado se esparció por las diferentes regiones mientras ‘Giovany’ era sepultado en el municipio de Necoclí. A manera de antecedente, el 21 de julio de 2009 murió de una enfermedad un cabecilla de la banda ‘Los Triana’, conocido como ‘Chorizo’, y sus compinches provocaron al otro día un cese de actividades similar en el nororiente de Medellín.

Pese a este motivo, hay otras hipótesis que apuntan a que el incidente va más allá de la mera retaliación por la muerte del patrón  y se inserta en un elaborado plan criminal.

El paro sucedió el jueves previo al puente festivo de Reyes Magos, y logró detener el flujo de viajes en las terminales de transporte terrestre. Esto significa un enorme impacto negativo en la economía, ya que esta temporada genera grandes dividendos por concepto de comercio y turismo. Ahora la gente se pregunta si puede viajar tranquila a la Costa Atlántica, a Coveñas o cualquer destino en las zonas afectadas. ¿Los delincuentes habrán calculado esto para amplificar el efecto de su acción?

Dos conocedores del conflicto coinciden en que ‘Los Urabeños’ buscan demostrar un vasto poderío a nivel nacional, con el fin de forzar al Gobierno a concertar otra desmovilización masiva. Los miembros de la organización ya han participado en varias (algunos son guerrilleros reinsertados del Epl y la gran mayoría exparamilitares) y han regresado a la guerra al cabo de algún tiempo.

De esta manera, el fenómeno intimidatorio supondría que, sin importar la muerte de uno de sus jefes, siguen siendo fuertes y no están a punto de ser desmantelados, como lo auguró la Policía tras el operativo en Acandí.

Entretanto, el general Yesid Vásquez dijo que había que desmitificar la presencia de ‘Los Urabeños’ en Medellín. Según él, lo de hoy fueron acciones solidarias de pillos locales con esa estructura. Para el alto oficial, la influencia de la organización en nuestra urbe es “una fábula”. ¿Pensarán lo mismo los propietarios de los vehículos quemados, o los comerciantes que perdieron dinero por el cierre, las víctimas de este tsunami?

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El Inspector.  

El local está en un popular ‘San Andresito’, es decir, una edificación acondicionada con establecimientos comerciales, localizada en la calle 48 con la carrera 53 del centro de Medellín.

Esta es la bodega en la cual se hallaron las armas. Cortesía Policía.

Hasta allí llegaron los investigadores de la Sijín, para capturar a un comerciante de 40 años que posee antecedentes por tráfico ilegal de armas. La situación fue revelada por la Policía Metropolitana el anterior viernes 16 de septiembre.

En el informe oficial dice que una de las armas incautadas fue una pistola Glock calibre 40, “igual a las empleadas por la Policía de Nueva York”, con una mira láser y cuatro proveedores con munición; la otra, un fusil estadounidense marca Draco-C, calibre 7.62, con otro proveedor.

Detalle del fusil y la pistola con mira láser.

La Policía remató su reporte con el siguiente dato: en lo corrido de 2011, en el Valle de Aburrá han capturado a 1.574 personas por el delito de porte ilegal de armas, e incautado 1.915 artefactos de estos.

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El Inspector.