En un evento realizado en la mañana de este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las partes oficializaron el inicio de la fase pública de las conversaciones, luego de 10 meses de acercamientos exploratorios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son algunos de los jefes de las bandas que asistieron al evento, de izquierda a derecha: alias “Pocho”, “Vallejo”, “Iván el Barbado”, “Carlos Pesebre”, “Grande Pa” y “Tom”. Foto de Manuel Saldarriaga.

El anuncio se realizó en una placa polideportiva ubicada junto a la entrada del penal, con asistencia de representantes de la Iglesia, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la OEA, Fuerza Pública, ONGs carcelarias y de DD.HH., organizaciones de víctimas y medios de comunicación.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció a los integrantes de la delegación gubernamental (ver el anexo) y señaló que en la primera fase de los acercamientos siempre hubo testigos, tanto de la iglesia como de la comunidad internacional.

“Esos meses de acercamientos no eran clandestinos, sino de reconocernos y generar confianza. Algunos de ellos (refiriéndose a los cabecillas) fueron víctimas de montajes judiciales, ¿cómo no iban a tener desconfianza de acercarse al Gobierno?”, expresó.

El comisionado reconoció que este proceso contempla varios riesgos, entre ellos el hecho de que aún no existe un marco jurídico específico para aplicarles a los futuros desmovilizados de las bandas.

La llamada Ley de Sometimiento, que reglamentaría la reinserción de estos grupos, fue presentada la semana pasada al Congreso y todavía no comienzan los debates de su articulado.

“Podríamos sentarnos a esperar a que al Gobierno le aprueben ese proyecto de ley, pero el clamor de la gente de Medellín y del Valle de Aburrá es que se pare la violencia. Y ese clamor no está supeditado a tener ese marco jurídico, necesitamos avanzar, tenemos que responderle al pueblo hastiado de violencia”, dijo Rueda.

Y recalcó que hasta ahora las actuaciones han estado fundamentadas en el artículo 22 de la Constitución Política, que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

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Carlos Correa, alias “don Pepe” (izquierda), cabecilla de la banda “la Unión”, de Itagüí, será uno de los voceros de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

PROTOCOLOS EN ESTUDIO
Asu turno, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, quien fungirá como coordinador de la delegación del Gobierno, manifestó que todavía no están definidos los protocolos que regirán las conversaciones ni los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que estos serán acordados en conjunto durante el diálogo.

Por ahora hay un borrador elaborado por la Oficina del Alto Comisionado (Oacp), el cual está en proceso de revisión por las partes.

Los representantes tendrán conversaciones quincenales, como mínimo, en la cárcel de Itagüí, adonde fueron trasladados hace meses los representantes de las bandas que estaban en otras penitenciarías.

Los voceros de los combos tendrán acceso a dos computadores donados por la Mapp OEA y a teléfonos celulares monitoreados por las autoridades, para que puedan desarrollar su gestión de forma más eficaz.

“Ninguno tuvo reparos cuando les dijimos que esos celulares podían interceptarse”, acotó Rueda.

De izquierda a derecha: alias “el Saya”, de la banda “la Terraza”; “el Ronco”, de “la Unión”; y “Carlos Pesebre”, de “los Pesebreros”. Foto de Manuel Saldarriaga.

LA VOZ DE LAS BANDAS
Al evento asistieron 18 jefes encarcelados del crimen organizado del Valle de Aburrá, vistiendo camisetas blancas y representando a las principales confederaciones ilegales que agrupan a, por lo menos, 200 combos de barrio.

Allí estaban presentes cabecillas condenados de “la Oficina”, “los Chatas”, “el Mesa”, “Pachelly”, “Caicedo”, “la Terraza”, “Niquía Camacol”, “los Pesebreros”, “Altos de Aranjuez”, “la Unión”, “la Silla” y “la Agonía”.

De ellos, siete fueron seleccionados como voceros principales y otros diez como suplentes (ver los anexos).

El vocero suplente Sebastián Murillo (“Lindolfo”) leyó un comunicado a nombre de todos, expresando su compromiso por el proyecto de la paz urbana y haciendo un llamado a la comunidad y al sector productivo para que también se involucren en el proceso.

“La historia de la violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada: la de los muchachos de los barrios que hicieron y sufrieron la guerra”, relató el representante.

Añadió que “nosotros hemos sido fuente de empleo de muchos jóvenes y familias que no han tenido oportunidades por parte del Estado (…). La sociedad debe preguntarse sobre las razones de nuestra existencia”.

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Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” (centro de la foto), leyó el comunicado de las bandas. Foto de Manuel Saldarriaga.

ANEXO 1: LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El coordinador de la delegación del Gobierno Nacional será Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín. En el equipo estará la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y defensora de DD.HH. en Antioquia, es especial con el movimiento Ríos Vivos. También participará la arquitecta Lucía Victoria González, excomisionada de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. El grupo lo cierra María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia. La delegación tendrá además tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.

ANEXO 2: VOCEROS DE LAS BANDAS

Voceros principales:
1). Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) será el secretario de la mesa por parte de las bandas. Miembro de “la Oficina” y “el Mesa”.
2). Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”.
3). Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez (tiene dos identidades), alias “el Montañero”, de “el Mesa”.
4). Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”.
5). Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”.
6). Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.
7). Mauricio Morales Múnera, abogado de bandas de Bello, procesado por sobornar a un funcionario de la Fiscalía.
Voceros suplentes:
8). Óscar Salazar Gutiérrez (“el Compa”), mano derecha de alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”.
9). Juan Fernando Álvarez (“Juan 23”), de “Niquía”.
10). Iván Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), narco al servicio de “la Oficina”.
11). Elder Zapata Rivera (“Gran Pa”), de la banda “Altos de Aranjuez”.
12). Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de la banda “Caicedo”.
13). Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de “Pachelly”.
14). Jhon Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”.
15). Carlos Correa López (“don Pepe”), de “la Unión”.
16). Jesús Hernández (“Chaparro”), de “Caicedo”.
17). Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), alias “Mundo Malo”, de “la Silla”.

Aunque no fueron incluidos entre los voceros, en la mesa de las bandas hubo otro par de cabecillas: Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”), de la banda “la Unión”; y Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), de “la Agonía”. Ambos grupos ilegales también se comprometieron con el proyecto de “paz total”.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.