La interpretación de esta norma ha facilitado la entrega a la justicia de ocho miembros de las bandas “la Terraza”, “Altavista”, “13 de Noviembre”, “el Guayabo” y “la Libertad”, que delinquen hace más de dos décadas en el área metropolitana y que en las últimas semanas han mostrado una repentina voluntad de paz.

Esta es la investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los que se entregaron: 1). John Montoya (alias “Puto”); 2). Juan Carlos Bedoya (“el Cabe”); 3). Jairo Gallego (“Gallego”); 4). Víctor Pérez (“Víctor”); 5). Elkin Arroyave (“Vikingo”); 6). John Galvis (“Chómpiras”); 7). Alexánder Molina (“Buche”); 8). Carlos Mazo (“Caliche”). Fotos de cortesía.

Esta historia empezó a configurarse el 20 de junio del presente año, cuando en el aeropuerto Eldorado de Bogotá detuvieron a Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, exintegrante de la Dirección Nacional del Eln. El arresto fue en cumplimiento de una orden de captura por cargos de secuestro extorsivo, homicidio y hurto agravado, por hechos ocurridos el 17/9/00 en Buenaventura, Valle del Cauca.

La captura de “Felipe Torres” prendió las alarmas para los delegados de los acercamientos de paz entre el Gobierno y esa facción insurgente. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que, como un acto para generar confianza en la contraparte, el presidente Juan Manuel Santos, por medio del Ministerio de Justicia, expidió el 19 de julio el Decreto 1175 de 2016.

Esta norma, que reglamenta artículos de la Ley 1592 de 2012 (sobre reincorporación de miembros de grupos armados y disposiciones para acuerdos humanitarios), se basa en las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente de la República para garantizar el derecho a la paz, conservar el orden público en toda la Nación, diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos y conceder beneficios jurídicos a miembros de grupos armados para contribuir al logro de la paz.

El decreto de seis artículos, que comenzó a regir el mismo 19 de julio, contempla que “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

Dice que los beneficiarios deberán estar a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias de su proceso penal, comprometerse “a actuar como gestores de paz”, rendir un informe mensual de esa actividad a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que el Gobierno generará las condiciones necesarias para facilitarles la tarea.

Con la regla en vigencia, el presidente Santos nombró gestor de paz a “Felipe Torres”, quien fue liberado, y a Gerardo Bermúdez (“Francisco Galán”), con lo que el diálogo con el Eln se revitalizó.

En principio se creyó que solo podían aspirar a esa designación militantes de guerrillas o exparamilitares postulados a la ley de Justicia y Paz; sin embargo, el decreto no hace ninguna delimitación, tan solo se refiere a “miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

En esa clasificación cabe, al parecer, cualquiera de las 2.005 bandas de crimen organizado que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía tienen identificadas en Colombia.

UNA ENTREGA TRAS OTRA
El 28 de julio, nueve días después de la firma del decreto, se entregó a la justicia John Montoya (“Puto”), miembro del combo de “Altavista”.

Entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre se sometieron cuatro de “la Terraza”: Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”), Jairo Alonso Gallego (“Gallego”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“Vikingo”).

El 25 de octubre se presentó John Fredy Galvis Buitrago (“Chómpiras”), de la banda “la Libertad”. El 1° de noviembre, en diferentes fiscalías, se entregaron Carlos Alberto Mazo Cortés (“Caliche”), del combo “13 de Noviembre”; y Alexánder de Jesús Molina Londoño (“Buche”), de la banda “el Guayabo” de Itagüí.

Todos ellos tenían órdenes de captura pendientes en su contra. Algunos se presentaron en la Fiscalía y otros en la Alcaldía de Medellín.

Agentes judiciales, que pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, manifestaron que algunas de estas personas llegaron diciendo que querían ser gestores de paz, y otros indicaron que se habían presentado a la justicia obedeciendo órdenes de sus patrones, quienes pretendían mostrar sus entregas como “un gesto de paz”.

Las fuentes agregaron que en la oleada de entregas estarían interesados cabecillas de la organización criminal “la Oficina” que están en la cárcel, pagando penas superiores a los 15 años, entre ellos “Douglas”, “Barny”, “Pichi Gordo” y “Carlos Pesebre”.

El Colombiano buscó una opinión del Ministerio de Justicia frente a esta novedosa situación, pero la entidad no quiso pronunciarse.

UNA OPORTUNIDAD
El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia y quien en el pasado asesoró desmovilizaciones de las Auc, acompañó en el presente los sometimientos voluntarios de los cuatro integrantes de “la Terraza”. A la fecha, el Gobierno no les ha concedido el estatus de gestores ni los jueces se han pronunciado.

Para el penalista, el Decreto 1175 es la esencia de las entregas reseñadas. “Es la herramienta jurídica más novedosa del Gobierno para construir paz en el país. Es una opción para aquellos que no hacen parte de grupos con estatus político”, dice Pineda.

¿Pero estos muchachos de los combos sí tienen voluntad de paz, o están aprovechando una ventaja jurídica para eludir las penas?
“Hay que ir al origen del asunto: en Colombia hubo una negociación con las autodefensas, los errores de ese proceso dieron lugar a las bacrim (bandas criminales). Los desmovilizados son una nueva clase social. Hay que mirar con admiración y no con desconfianza la posibilidad de sacar un fusil del conflicto (…) El Gobierno debe ver esos hechos y establecer un protocolo en búsqueda de abrir esa opción para centenares de ellos que quieren tener una vida digna”.

¿Eso implica una mesa de diálogos con estos grupos?
“En Medellín no es novedoso que se hable de diálogos con delincuentes. El primero fue el de Pablo Escobar y el Gobierno Nacional de la época, que concluyó con la construcción de la cárcel La Catedral; después se habló de la ‘donbernabilidad’, en la que los crímenes descendieron a índices nunca antes vistos; y en la actualidad se habla del ‘pacto del fusil’. La pregunta es: ¿por qué si esas son realidades fácticas, y el Gobierno está en su intención de construir la paz, no aprovechar estos gestos de buena voluntad? No tiene que ser visto como un diálogo político, pero sí como una necesidad estructural para el desmonte de la macrocriminalidad en las ciudades. Medellín podría ser un buen laboratorio para eso”.

LA VISIÓN DE LA ALCALDÍA
A pesar de todos estos movimientos jurídicos, la Alcaldía de Medellín se sostiene en la tesis de que los integrantes de las bandas se están sometiendo debido a la presión que ejerce la Fuerza Pública.

El mandatario Federico Gutiérrez, con ocasión de la entrega de los miembros de “la Terraza”, dijo:“la presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba” (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Por qué el Alcalde de Medellín dice que los combos aumentaron los homicidios por el trabajo de las autoridades?).

El secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ante quien se han entregado cinco de los ocho ilegales, afirma que a su despacho no ha llegado información sobre el uso del decreto por parte de los combos. “Eso ya es potestad de la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos es la intermediación entre la persona o su representante y la Fiscalía. Sobre esos hechos no conocemos, y en la conversación que sostuvimos con ‘Chómpiras’, dijo que el sometimiento es porque no soportaban la persecución ni vivir escondidos; lógicamente, una persona cuando se entrega tiene acceso a mayores beneficios que alguien que es capturado”, argumenta Villegas.

¿Por qué se han entregado tantos miembros de combos y en tan poco tiempo?
“En la Secretaría lo han hecho ‘el Cabe’, ‘Vikingo’, ‘Víctor’, ‘Gallego’ y ‘Chómpiras’. Con este último tuvimos una conversación y él dice que estaba cansado de esconderse y huir. Con anterioridad se había capturado a miembros de los combos ‘la Libertad’ y ‘la Terraza’ (las bandas de esos cinco). El motivo (de las entregas) es que hay una eficiencia por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con la investigación y desmantelamiento de estas estructuras, entonces cuando ven que aquí hay una institucionalidad fuerte tienen dos alternativas: que los capturen o entregarse”.

¿Esas personas le han manifestado a la Alcaldía la voluntad de facilitar el sometimiento de otros integrantes de sus grupos?
“No señor, a mí no me lo han manifestado. Probablemente los abogados habrán hecho esas afirmaciones o hablarán de esos temas con la Fiscalía”.

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En lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, la situación relatada no tiene precedentes cercanos en la ciudad. En el caso de Farc y Eln, lo más probable será que los tribunales especiales de paz, derivados de los acuerdos con el Gobierno, se encarguen de procesar a sus exmiembros.

En cuanto a combos y bandas criminales, por ahora serán los jueces ordinarios y la interpretación que estos le den al decreto, los que decidan su destino.

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ANEXO: LOS ACERCAMIENTOS DE “LOS URABEÑOS”
La banda “los Urabeños” (o “Clan del Golfo”), que delinque a nivel nacional, desde 2015 le ha hecho propuestas al Gobierno y a la Fiscalía, con el propósito de llegar a una negociación. Por medio de panfletos se han autodenominado como “el tercer actor armado del conflicto”, sin el cual no habría una paz completa. Valiéndose de abogados y hasta asesores espirituales, han contactado a personalidades de la política para lograr algún acercamiento con la Casa de Nariño y llevaron a la Dirección Central de la Fiscalía un documento con las propuestas de sometimiento. Ycomo prueba de voluntad, ordenaron la entrega a la Fiscalía de 12 “urabeños”en Roldanillo, Valle (febrero 11/2015).

NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros.

El Inspector.

Se trata de John Fredy Galvis Buitrago, alias “Chómpiras”, quien en compañía de un abogado se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, este martes 25 de octubre. Allí la Policía le hizo efectiva una orden de captura en su contra, por concierto para delinquir agravado.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Chómpiras”, presunto cabecilla del combo “la Libertad”. Cortesía Policía.

En la misma mañana, agentes de la Dijín allanaron una vivienda en la carrera 18 con la calle 56 del barrio La Libertad, en la comuna 8 (Villa Hermosa). De acuerdo con el reporte oficial, el lugar era empleado por ese combo como bodega, y allí incautaron cinco armas de fuego y cerca de 80 kilos de marihuana.

El pasado fin de semana, la Dijín había realizado dos operativos para capturar al “Chómpiras”, pero este había logrado escabullirse.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la entrega del cabecilla. “Es el segundo jefe al mando del combo ‘la Libertad’, que se dedica a la venta de estupefacientes en el Pasaje la Bastilla del centro de la ciudad”, comentó el mandatario local.

Añadió que este año ya habían sido capturadas nueve personas de la misma organización.

El sometimiento de Galvis Buitrago se suma a los de cuatro miembros de la banda “la Terraza” (alias “el Cabe”, “Gallego”, “Víctor” y “el Vikingo”) y uno más del grupo de “Altavista” (“Puto”), ocurridos en el último trimestre.

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El Inspector.

Este acto se suma al sometimiento en las últimas semanas de alias “el Cabe”, uno de los cabecillas de esta facción que opera en el nororiente de Medellín. ¿Qué hay detrás de tantas entregas?

A la izquierda, José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”; a su lado, Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”). Fotos de cortesía.

La Alcadía de Medellín reportó este miércoles 12 de octubre que tres miembros de la banda se entregaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Se trata de Jairo Alonso Gallego (alias “Gallego” o “Jerónimo”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“el Vikingo”).

En el acto de rendición, agentes del CTI hicieron efectivas las órdenes de captura que pesaban contra ellos, por cargos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado agravado. En la posterior audiencia de control de garantías, el juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí.

Esta entrega se suma a la de Juan Carlos Bedoya Duque, alias “el Cabe” o “Cabezón”, quien de la misma manera se había presentado a la Secretaría de Seguridad hacía dos semanas. También le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Ninguno de los cuatro presentados aceptó las imputaciones de la Fiscalía en las audiencias, con el objetivo de entablar una negociación (preacuerdo) más adelante y lograr una rebaja de penas más beneficiosa, como es costumbre con los integrantes del crimen organizado en Colombia.

Más allá del gesto, hay qué preguntarse por qué “la Terraza” está gestionando la entrega de sus integrantes. ¿Qué buscan con estas movidas?

Fuentes judiciales señalaron que cuando “el Cabe” se apareció ante las autoridades, dijo que lo hizo obedeciendo órdenes de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, el máximo líder de la banda y uno de los jefes históricos de “la Oficina”.

Este hombre, quien está en prisión desde 2009 y paga una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, le ordenó al subalterno que se entregara como un “gesto de paz”. Idéntica instrucción recibieron “el Vikingo”, “Gallego” y “Víctor”, aunque pensaban que por la muestra de “voluntad” no irían a la cárcel, sino que la justicia los premiaría con detención domiciliaria. Por eso la decisión del juez los sorprendió.

Esta no es la primera vez que “la Terraza” promueve situaciones de este estilo. A finales del año pasado, jefes de la organización como “Barny”, “Pichi Gordo” y “el Saya” (todos bajo el mando de “Douglas”) se acercaron a la Fiscalía para confesar algunos delitos y colaborar con información para varios expedientes, con el fin de obtener beneficios judiciales.

En las primeras reuniones, facilitaron la entrega de un delincuente apodado “la Pecosa” y guiaron a los agentes hasta una caleta con 80 armas. Se comprometieron además a promover desarmes de jóvenes de los combos y pacificar sectores en conflicto de Medellín, pero la negociación se cayó el pasado febrero por diferencias internas en la Fiscalía (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten).

El ente acusador señala que estas nuevas entregas de “la Terraza” no significan que se hayan retomado aquellas negociaciones. No obstante, es evidente que la estructura delincuencial sigue buscando por otros medios un acercamiento con la legalidad.

Abogados que conocen la situación, y hablan bajo reserva de identidad, comentan que el propósito de esta organización es legalizar a sus cabecillas como “gestores de paz” del conflicto urbano, con el objeto de lograr rebajas sustanciosas de condenas, indultos o amnistías como las que el Gobierno le ha prometido a la guerrilla de las Farc en la mesa de La Habana.

Esta sería la tabla de salvación de “Douglas” y otros jefes el crimen organizado del Valle de Aburrá, para no envejecer en la cárcel o pasarse la vida huyendo de la Fuerza Pública. La banda narcoparamilitar “los Urabeños” está realizando aproximaciones similares desde el año pasado, enviando abogados y asesores espirituales con propuestas de negociación a la Fiscalía y la Casa de Nariño.

Mientras todo esto se mueve por debaj0, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cree que los miembros de “la Terraza” se están entregando por la “contundente” presión de las autoridades. “La presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba, pasamos a la ofensiva”, declaró.

Como en otras oportunidades, queda la impresión de las estrategias de los criminales están dos pasos adelante de la ley. Hoy, cuando la ciudadanía colombiana piensa en posconflicto y no descarta la idea de incluir en él a todos sectores, entre ellos a las bandas, muchos lobos se están poniendo el disfraz de oveja.

NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas.

El Inspector.