El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. en el barrio Santa Lucía, un pacífico sector residencial del centrooccidente de la ciudad.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Santa Lucía.

César Augusto Cano Granados, padre de tres hijos de 16, 14 y 11 años, acababa de dejar en su casa a dos de sus pequeños. Su tía, una adulta mayor, se dirigía a visitar un familiar enfermo, y el electricista se ofreció a llevarla.

Abordaron su automóvil y cuando no habían recorrido más de una cuadra, sucedió la tragedia, en la calle 48 con la carrera 92B. Los vecinos dicen que escucharon una balacera, pero no se sabe a ciencia cierta entre quiénes.

Un proyectil, al parecer de revólver, ingresó por el vidrio frontal del carro y perforó el pecho de Cano Granados. Un comerciante informal que estaba cerca, explicó a las autoridades que vio correr a dos muchachos, uno de ellos portando un arma. Le oyó decir a uno: “¡marica, matamos al que no era!”.

El herido fue llevado a la Unidad Intermedia de San Javier en un taxi, pero no logró sobrevivir. Sus allegados lo describieron como una excelente persona, un padre responsable “conocido por todo el mundo en el barrio”.

Varias personas indicaron que vieron entrar a tres presuntos agresores a un edificio, ubicado a unos diez pasos de donde recibió el tiro la víctima. Los tipos se metieron a un apartamento del tercer piso, mientras que la edificación fue rodeada por la Policía y los criminalistas del CTI.

En este edificio se ocultaron los sospechosos, que no fueron detenidos.

En ese momento, se conjugaron dos factores que salpicaron de impunidad e injusticia este incidente. Los uniformados, para poder ingresar al apartamento y detener a los sospechosos, requerían de una orden de allanamiento. De lo contrario sería un procedimiento ilegal y las pruebas encontradas adentro serían inútiles, al igual que las eventuales capturas.

Los criminalistas se comunicaron con el fiscal de Actos Urgentes, pero este se negó a tramitar la orden, salvo si los investigadores conseguían un testigo formal, que declarara con firma y huella haber visto a los sicarios entrando a esa residencia.

A este obstáculo legal (así a muchos no les guste el término), se le sumó la falta de colaboración de los vecinos, justificada por el miedo. Los investigadores comenzaron a buscar ese testigo de forma desesperada, pero la gente se negaba a convertirse en declarante. Todos los datos que se pudieron recopilar, fueron de manera informal.

Pasaron cinco horas y los sospechosos seguían encerrados. Nunca llegó la orden de allanamiento y los criminalistas se tuvieron que ir, para hacer la inspección técnica al cadáver en la Unidad Intermedia. Dos policías se quedaron en una esquina, a ver si los sujetos salían para requisarlos, pero a esas alturas ¿qué armas les iban a encontrar?

Lo único que pudieron hacer fue inmovilizar una motocicleta Yamaha RX-115 de color vinotinto, que estaba parqueada en la acera de acceso y al parecer está relacionada por los hechos.

Formalismos del sistema judicial y la insolidaridad de la comunidad. ¿Quién gana aquí? La delincuencia. ¿Quién pierde?

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El Inspector.