Muchos horrores de aquella época han quedado en la impunidad. Uno de ellos son los crímenes de “los Pepes”, una organización enemiga de Escobar, que desangró a la ciudad a punta de bombas, secuestros y sicariatos, en su carrera vengadora contra el capo. Solo un hombre fue condenado por esos hechos, y está muerto. Esta es la historia, reconstruida por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la finca La Manuela, en el municipio de El Peñol, luego de que "los Pepes" la dinamitaran en 1993. Pablo Escobar la había llamado así en honor a su hija menor. Archivo El Colombiano.

El primero de marzo de 1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño White.

Su cadáver magullado apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar”, firmado por “los Pepes”.

Tres días después, otro grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe (jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la Procuraduría”, signado por el mismo grupo.

Con una serie de atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores, autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la rúbrica de “los Pepes”. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín.

En una sentencia de radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.

Y prosigue: “Pero otros que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.

Para los investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.

ABSOLUCIONES
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.

El grupo operó entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y aplicando el sicariato desenfrenado.

Pese a estas conductas, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.

La sentencia con radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.

Los delitos que les endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.

No obstante, muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso.

En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados:conformación de grupos armados ilegales.

La pena fue de 13 años y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá (ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”).

LOS INFORMANTES
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.

En un fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del 21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de ‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso), miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había hecho”.

El paso del tiempo confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano.

Diego (“el Ñato”), también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las autodefensas en Colombia.

Lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.

“Semilla” fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de 2001.

En uno de sus diálogos con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.

Según estudios de Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda (1992/93).

A cada uno se le asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el V0016.

De “los Pepes”, el Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y “Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como “informantes casuales”.

De “los Pepes” originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”, “Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?

DURO DE INVESTIGAR
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”).

La Fiscalía 15 adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.

El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo  había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.

Murillo, desde la prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su nombre.

Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre su supuesta militancia en “los Pepes”.

El traslado provocó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 16 de enero, enviara una carta al fiscal General Eduardo Montealegre, en la que sustentaba un “serio motivo de preocupación” por esa medida.

“La decisión significa un desestímulo para la mencionada fiscal quien, a juicio de la Sala, era una de las dos mejores fiscales con que contaba la Unidad de Justicia y Paz de Medellín y estaba comprometida con el esclarecimiento de la verdad y la celeridad en el proceso de Justicia y Paz. Estos procesos, por la magnitud de los delitos cometidos y la trascendencia para el país, necesitan de los mejores fiscales y su desmantelamiento paraliza la gestión de la Sala de Justicia y Paz”, dice la misiva.

A pesar del reclamo, hubo cambio de titular en la Fiscalía 15. Al preguntarle por la suspicacia que generaba en el ambiente el traslado de funcionaria, antes de iniciar las versiones libres por los actos de “los Pepes”, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, argumentó de esta manera lo decidido: “No debe haber lugar a sospechas, es una decisión que tomamos para darle más realce al caso, asignaremos a una persona de más perfil”.

A la fecha, sin embargo, no han comenzado las diligencias con Murillo.

El expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 20 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre, firmado por “los Pepes”.

El Inspector.

La Fiscalía tiene un 90 por ciento de certeza sobre el hallazgo de unos restos en el Urabá antioqueño, que pertenecerían al comandante paramilitar nacido en Amalfi. Esta es la reconstrucción de la historia, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los restos óseos de Fidel Castaño estaban dentro de una caneca, en esta fosa. Cortesía de la Fiscalía.

El director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestroza, anunció que la evidencia más fuerte es la carta dental, aunque está pendiente un cotejo de ADN para estar plenamente seguros de la identidad.

En sus versiones libres, el desmovilizado Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, había prometido entregar la ubicación de la tumba de su antiguo jefe. Los datos fueron recepcionados por la Fiscalía 179 de Justicia y Paz, que tuvo que aplazar la diligencia varias veces por el clima y el orden público.

El pasado jueves (septiembre 26) salió una comisión de funcionarios desde Montería, rumbo al municipio de San Pedro de Urabá, donde el 6 de enero de 1994 fue asesinado Fidel en un supuesto choque con una escuadra del Epl.

En la biografía “Mi Confesión”, del escritor Mauricio Aranguren Molina, Carlos Castaño relata que su hermano tuvo una primera sepultura en la finca Las Tangas, de Córdoba. A los cuatro meses, él y un par de primos lo desenterraron y transportaron a otro lugar del Nudo del Paramillo.

La razón para tanto sacrilegio era que “el misterio convierte a los guerreros en mitos que se alimentan de la incredulidad de los hombres”, una estrategia de distracción en plena guerra con las Farc.

La delegación judicial, en la que también estaba “Monoleche”, centró la búsqueda en la vereda La Cejita del corregimiento Santa Catalina. En la mañana de este sábado (septiembre 28) encontraron la fosa en un predio de la finca Casaloma.

Fuentes judiciales relataron que un ciudadano llamado Manuel Castaño Gil, quien asegura ser hermano del finado, les comentó que su familiar se había realizado un tratamiento odontológico. La pista coincide con la carta dental de un cráneo desenterrado.

El procedimiento, coordinado por el Grupo de Exhumaciones de Justicia y Paz, también pretende establecer si dos de los cadáveres restantes son de los hermanos Jorge y Jimmy Lucena Brito, procedentes de la Costa Atlántica y excabecillas de las Accu, y alias “el Salado”, exescolta de Carlos Castaño. De igual manera, se investiga si otros restos son de una campesina de la región y su hijo.

Hasta ahora han registrado seis fosas, no solo en Casaloma, sino en las finca La 30 y Puente Maturana. Las inspecciones continúan.

“Después de la identificación por ADN, los restos serán entregados a la familia, no sé cuánto se demora el proceso”, afirmó Hinestroza.

HISTORIA DE TRAICIONES

Los devenires de la familia Castaño Gil están estrechamente ligados a la historia de la violencia en Colombia.

Fidel Castaño Gil, alias "Rambo". Archivo El Colombiano.

El clan, de ascendencia campesina y ganadera, formó su primera estructura de autodefensa tras el secuestro y asesinato de su patriarca Antonio de Jesús Castaño González, a manos de las Farc (1979).

Ese fue el germen de lo que luego se llamaría Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), una organización con influencia en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.

Los negocios ilícitos condujeron a los hermanos Castaño hacia el cartel de Medellín a finales de los 80, pero las traiciones mafiosas acabaron enemistándolos con el capo Pablo Escobar y conformando la banda “los Pepes”.

Al frente de ese grupo, el clan orquestó una conspiración en la cual participaron integrantes del cartel de Cali, la Fuerza Pública, los gobiernos de Colombia y E.U. y exmiembros de la cofradía de Escobar.

La disputa entre ambos bandos derivó en la peor racha de homicidios en Medellín, que dejó 17.756 víctimas de 1991 a 1993, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía (Sisc).

La capacidad de liderazgo de Fidel impulsó las primeras alianzas para concretar el proyecto nacional antisubversivo, pero no viviría para ver materializada la unión de todos los bloques paramilitares.

Junto a una carretera destapada de San Pedro de Urabá encontró su final, tal cual han narrado varios reinsertados. Un balazo en el pecho extinguió su aliento en una supuesta escaramuza con la guerrilla. El tiempo, sin embargo, desenterraría una teoría más macabra.

Fidel, Carlos y Vicente, los Castaño más conocidos, compartieron el mismo destino: terminaron traicionados por su propia sangre y sepultados en parajes indómitos, sin un cura que los santiguara ni mujer que los llorara.

Una venganza por un lío de faldas habría provocado que Carlos orquestara la muerte de Fidel, disfrazándola de tiroteo con la subversión, han dicho algunos exparamilitares. En la operación participaron, entre otros, “Monoleche” y alias “Salvador” o “Santomano”, un antiguo escolta de Pablo Escobar que luego se pasó a la filas de la Casa Castaño.

“Visitamos ese sitio con unos expertos y no encontramos evidencia de que allí hubiera ocurrido un combate”, contó un investigador, quien pidió la reserva de su nombre.

El 16 de abril de 2004, en una operación fraguada por Vicente en San Pedro de Urabá, los “paras” acribillaron a Carlos, cuyos acercamientos con agentes de E.U. y tropeles con otros comandantes lo habían convertido en estorbo. Su despojo fue exhumado en agosto de 2006 en Valencia (Córdoba).

El 12 o 17 de marzo de 2007 (hay dos versiones), un comando de las Auc le arrebató la vida a Vicente en una finca de Nechí. El anecdotario dice que lo descuartizó alias “Camilo”, un expolicía del Gaula.

Los restos no han sido hallados, el río o el monte los debe estar consumiendo, como a los de su hermano Fidel.

El Inspector.